Juez de San Antonio: La decisión de un bien mayor

Francisco Figueroa
15 junio, 2018
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Un Juez de Garantía declara ilegal la detención de dos personas que fueron  sorprendidas con armas y municiones dentro de un vehículo. Después de dar sus argumentos, el juez los deja en libertad.

Las redes sociales explotan en comentarios, y el gobierno sale anunciar cambios a la ley.  Sin embargo, pocos se dan el tiempo para entender qué hay detrás de esta decisión.

EL ABC de la detención

Cuando alguien es detenido por cualquier razón, debe ser puesto a disposición de un juez de garantía en un tiempo más o menos inmediato para saber si la detención se ajusta a los estándares que establece la Ley.  Alguien se preguntará, pero ¿por qué esto es importante? Bueno, aunque usted no lo crea existen muchas razones por la cual usted puede ser detenido por un error, ser confundido por otra persona o simplemente ser acusado de algo que no hizo.

Este proceso se conoce como examen ex ante, que en palabras simples quiere decir que el juez debe analizar la legalidad de la detención sin considerar qué fue lo que los policías obtuvieron de ella, en el caso en concreto, sin considerar las armas o las municiones.  El caso es parecido a cuando se realiza una grabación en un lugar privado sin consentimiento. Por más inculpadora que sea la prueba, si fue obtenida por medios ilegales no sirve.

El objetivo de estos resguardos es la  protección de los derechos que nuestra sociedad considera más importantes, como la libertad personal, la inviolabilidad del hogar, la intimidad personal, entre otros.  Es decir, gracias a las garantías constitucionales nadie puede llegar y entrar en su casa o auto como Pedro por su casa y revisar sus bienes sin que se cumplan ciertas prerrogativas.  Nadie, ni siquiera la policía.

Para no morir aplastado por el peso de la ley

Muchos hemos escuchado las historias de cómo en otros países la población teme de los Policías, pues nadie controla su trabajo, lo que entrega impunidad para actuar fuera de la ley.  Visto de este modo, la Ley es lo único que protege al ciudadano del uso desproporcionado de la fuerza que como sociedad le hemos dado a la policía para defendernos.

Los jueces, al tomar sus decisiones, deben tener en cuenta el mandato constitucional establecido  en los artículos  6 y 7 de la Constitución Política de la República que obliga a  los órganos del Estado a  actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

El asunto es más simple de lo que parece. Para vivir en democracia no son muchas las cosas que se deben tener claras, probablemente la más importante es la dignidad humana y los derechos fundamentales que protegen al hombre, estos son el límite del poder punitivo del estado; la verdad no se puede saber a cualquier precio. Esta es la razón de por qué  en el caso de San Antonio resultó irrelevante las armas y las municiones.  La lógica indica que en la decisión del magistrado se impuso un bien mayor: la democracia y el Estado de derecho.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la decisión del juez de San Antonio. Pero eso es harina de otros costa que esperamos poder comentar con más calma en una segunda columna.

Francisco Figueroa

Abogado penalista, Tu derecho a defensa

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