El abogado Carlos Fairlie está molesto y se le nota. Durante todo el día ha estado en el ojo del huracán pues el sitio web El Mostrador, sacó un artículo donde lo apunta como jefe de gabinete de la Alcaldesa Cathy Barriga, y lo acusan de tener una empresa que facturó sobre los 350 millones de pesos, por asesorías externas a diputados de la UDI, entre los que se cuentan Joaquín Lavín León, esposo de Barriga. También el artículo entremés
En entrevista exclusiva con La Voz de Maipú, explica el trabajo que realizó, el tiempo de duración y descarta haber emitido informes con “copy – paste”.
– Apareces hoy en un artículo de El Mostrador, donde dicen que eres el jefe de gabinete de la alcaldesa Barriga. ¿Ese es tu cargo en el Municipio de Maipú?
– No. Yo soy abogado de gabinete y veo las causas de alta complejidad que tiene el Municipio, entre ellas la que estamos tramitando en el tribunal constitucional por la deuda que tiene SMAPA con el SII, cuyo requerimiento partió por nosotros. Además, me toca ver todo el tema administrativo junto a un grupo de abogados que trabajamos en ello.
– ¿Cómo nace Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada?
– Te explico más o menos el contexto. Yo soy abogado no solamente en los temas legislativos, señalando que siempre he comparecido a las comisiones de constitución, legislación y justicia de la cámara cuando estábamos en ese periodo y de seguridad ciudadana. Y efectivamente el año 2011 cuando el comité de la UDI alcanza un número de 40 parlamentarios, el comité no daba abasto para efectos de poder entregar una asesoría completa. Era un hecho inédito que un comité tuviera 40 parlamentarios, para efectos de prestarle algún tipo de asesoría. De esa perspectiva y como yo fui abogado en el caso tsunami en contra de las negligencias que ocurrieron por el 27F asumí la responsabilidad de poder crear esta empresa y asesorar a un grupo de 7 parlamentarios.
– Es decir la empresa permitía asesorar a más parlamentarios
– Eran parlamentarios de la región donde había ocurrido la catástrofe del tsunami. Donde yo contraté un equipo de 4 abogados, de esos 4 abogados dos de ellos iban a la comisión de educación, otro a la comisión de economía y como les dije anteriormente, yo iba a la comisión de legislación, constitución y justicia y a la comisión de seguridad ciudadana de la cámara de diputados. Ese era nuestro trabajo legislativo. Afinar los informes en derecho.
– Entonces los dineros que recababa la empresa no iban íntegros a tu bolsillo
– Uno de los abogados que contraté era doctor en derecho penal, con los cuales analizábamos el tema de la comisión investigadora que estaba llevándose en ese minuto por el tema de las negligencias por el 27F y aparte nosotros nos hicimos parte en la querella. Así es como empieza esta empresa. Partimos trabajando arduamente y todos nuestros informes son fidedignos, tanto porque se entregan por las asesorías que hacían los abogados en las comisiones, como los informes en derecho que hacíamos Alejandro Leiva y yo y que poníamos a disposición de los parlamentarios con los que trabajábamos
– Iban entonces a comisiones y desarrollaban un trabajo presencial
– Absolutamente. Los lunes íbamos al congreso nacional en Santiago; martes, miércoles y jueves en Valparaíso, sin faltar ningún día desde que nosotros asumimos esta responsabilidad. De nuestra presencia hay registro en las secretarías en cada una de las comisiones a las que uno asistió
– ¿Comenzaste haciendo informes y fuiste luego asumiendo causas penales?
– Cuando ven que mi trabajo legislativo estaba rindiendo buenos efectos, se sentían conformes, comencé a tomar más responsabilidades desde el punto de vista penal, comenzando a tomar las causas de alta complejidad que me entregaban desde la UDI, entre ellas la representación para efectos de delitos terroristas, con las cuales llegamos a algunas condenas. También el caso de desafuero del diputado Hasbún.
– Es decir te fueron asignando más trabajos…
– Claro y no se cobraba más por ello. En el sentido de que asumía las responsabilidades sabiendo que era un desafío importante, y a mí siempre me ha gustado tomar los desafíos. Pero insisto. Sin cobrar dinero aparte y nunca dejando de ejercer las labores legislativas que eran nuestro pilar fundamental en nuestro flujo de atención.
– ¿Qué causas tomaron?
Tomamos causas terroristas, el caso basura con el diputado Lavín, y ya terminando mi gestión el 2016 logro que el diputado Gustavo Hasbún no sea desaforado ganando en la corte suprema dicho recurso. Ese ha sido mi trabajo legislativo y judicial. Siempre decantado en que uno no solamente iba a todas las comisiones y hacia los informes fidedignos, sino que en un trabajo pleno desde el punto de vista judicial y lo cual está acreditado en las audiencias que yo comparecía, no en nombre mío, sino que en nombre del diputado.
– Haciendo trabajo con los diputados te fuiste haciendo cargo de trabajo judicial. ¿Te tocó litigar?
– Lo que sucede es que los diputados tienen doble función. Una función que es la legislativa y otra función que es la fiscalizadora. Y la función fiscalizadora consiste en que, si ellos tienen antecedentes, tienen la obligación de ponerlos a disposición del Ministerio Público cuando ellos ven algunos hechos constitutivos de delito. Desde esa perspectiva nuestro tema no solo se basaba en presentar la denuncia, sino que en hacernos parte con querella, no solo en este caso como te dije, sino del tema sunami, temas terroristas e incluso en la Araucanía. Todos me vieron –por ejemplo- en el tema del caso basura donde nosotros fuimos activos y fuimos a todas las audiencias.
– Luego gana la elección Cathy Barriga. ¿Seguiste trabajando para Lavín?
– Yo asumí la responsabilidad de trabajar con Cathy Barriga y desde ahí que yo no soy más abogado del Diputado Joaquín Lavín por el hecho de que pudiéramos cometer algún tipo de error administrativo, puesto que yo estoy contratado por ella y eso me impide ser abogado de las causas penales, terminando mi relación laboral con él en noviembre de 2016.
– Entonces descartas haber recibido 350 millones íntegros por tu trabajo…
– Eran 4 profesionales contratados por mi empresa y aparte esto si tú lo sacas, el monto viene del 2011 al 2016 por lo tanto también es tendencioso en ese sentido. Por ello cuando yo tuve los 7 parlamentarios había 4 abogados dependientes de mí que iban a todas las comisiones. Hacían todos los informes y éramos activos porque así efectivamente lo demuestran los informes.
– La investigación por las asesorías externas va avanzando. ¿Ustedes cooperarán con la causa?
– Cuando comenzó esta investigación, pedí que los informes de nuestro trabajo fueran remitidos al Ministerio Público porque nosotros no tenemos nada que esconder, por el contrario, eran todos de buen nivel.
– Descartas entonces que la empresa hiciera informes con copy paste..
– Absolutamente. Eso lo desmiento. En algún minuto uno podía hacer referencia, pero siempre citando a pie de página, como se debe citar en los informes. Sé cómo se hacen los informes en derecho y nosotros jamás hemos hecho copy paste. Muy por el contrario, creo que nuestros informes son de una calidad que incluso uno podría decir que están a un nivel de mercado, bastante menor a lo que uno pueda cobrar. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted ve los abogados de la plaza lo que pueden cobrar por una causa de las características de las que yo le menciono, solamente por el hecho de asumir la representación de las causas penales, yo debería estar pagado.
¿A qué atribuye que su nombre haya salido a la palestra?
– Lo atribuyo a que efectivamente es un momento bastante crispado desde el punto del poder legislativo versus lo que está haciendo el Ministerio Público y yo soy siempre de la idea, de que hay que entregar los antecedentes, no porque los pida el fiscal sino porque la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que sus legisladores hacen o no hacen. Y desde ese punto de vista mi tranquilidad está en que no solamente nosotros hacíamos un buen trabajo legislativo, sino que el tema fiscalizatorio lo llevábamos a tribunales, dejando plasmado no solo nuestro trabajo, sino que nuestro desafío porque se descubrieran casos de corrupción, casos de negligencia de las autoridades, en beneficio de la sociedad.