Ley del Mono: los cambios que se discuten en la Cámara para regularizar más viviendas

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados avanza en el debate en particular de un proyecto que modifica la llamada «Ley del Mono», el mecanismo que permite regularizar construcciones o ampliaciones hechas sin todos los permisos municipales al día. La iniciativa busca ampliar los plazos, montos y superficies que hoy limitan el acceso a este beneficio.

Qué es la Ley del Mono y qué se discute ahora

La normativa, conocida popularmente como «Ley del Mono», permite regularizar viviendas construidas o ampliadas sin contar con todos los permisos municipales mediante un procedimiento simplificado. En otras palabras, ofrece una vía administrativa más expedita para que quienes edificaron o ampliaron su casa sin completar el papeleo correspondiente puedan poner en regla su propiedad, sin pasar por todo el proceso ordinario de autorización municipal. Es justamente ese mecanismo el que la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados está revisando artículo por artículo, con la intención de flexibilizar los requisitos que hoy dejan fuera a buena parte de las familias que quieren acogerse a él.

Para qué sirve regularizar una vivienda

Tener la propiedad regularizada no es un trámite simbólico. De ello depende, por ejemplo, poder acceder a beneficios estatales asociados a la vivienda, vender el inmueble sin problemas legales, optar a un crédito hipotecario en un banco o realizar otros trámites que exigen que la construcción cuente con su situación completamente al día ante el municipio. Sin esa regularización, muchas familias quedan al margen de esas posibilidades pese a habitar sus casas desde hace años.

El plazo se extiende hasta 2029

Entre los cambios ya aprobados por la comisión, está la extensión hasta el 31 de diciembre de 2029 del plazo para obtener de manera simultánea el permiso de edificación y la recepción definitiva, dos trámites que normalmente deben tramitarse por separado. Este beneficio alcanzará a los propietarios de viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025 que aún no cuenten con recepción definitiva, ya sea total o parcial, y que estén emplazadas tanto en zonas urbanas como rurales.

Sube el tope de avalúo fiscal permitido

El proyecto también propone elevar de 1.000 a 2.000 UF el avalúo fiscal máximo que puede tener una propiedad para acceder al régimen de regularización, un requisito que deberá acreditarse con un certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII). El ajuste busca que viviendas de mayor valor comercial, hoy excluidas del beneficio, también puedan optar a este procedimiento simplificado.

Más metros cuadrados permitidos

El tercer cambio relevante apunta a la superficie de las construcciones. La iniciativa eleva de 90 a 120 metros cuadrados el tamaño máximo que puede tener una vivienda para acogerse a este mecanismo, ampliando así el universo de propiedades (incluidas ampliaciones de mayor envergadura) que podrían regularizarse por esta vía.

Qué falta para que sea ley

Por ahora, el proyecto sigue en su etapa de debate en particular dentro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, lo que significa que los cambios descritos aún deben terminar de aprobarse artículo por artículo antes de que la iniciativa avance a los siguientes trámites legislativos. La discusión en curso podría variar antes de su despacho definitivo.