Compartir la mesa y el barrio con quien piensa distinto

Basta una comida familiar, una conversación entre apoderados, una junta de vecinos o un comentario cualquiera en la feria para comprobar que la diversidad política no vive solamente en el Congreso. Quizás esa misma mesa se dio durante las Fiestas Patrias recién pasadas, entre empanadas y sobremesa, mientras en la televisión aparecía la Parada Militar o alguien comenzaba a hablar sobre la historia de Chile, la delincuencia, las ayudas del Estado, los impuestos o el gobierno. De pronto, esa persona a quien conocemos hace años revela una manera de mirar el país muy distinta de la nuestra.

La pregunta entonces no es únicamente quién tiene razón. También importa qué hacemos con esa diferencia.

Vivimos en sociedades donde existen desacuerdos políticos reales y, muchas veces, profundos. No es equivalente confiar principalmente en el mercado para impulsar el crecimiento que defender un Estado con mayor capacidad redistributiva; privilegiar determinadas políticas sociales, habitacionales o educacionales que otras; ni enfrentar la seguridad pública poniendo el acento en instrumentos diferentes. Detrás de esas posturas existen experiencias, intereses y concepciones distintas sobre la justicia, la libertad, el orden y la vida en común.

Que existan esas diferencias no es necesariamente un problema. El problema comienza cuando dejamos de discutir lo que el otro piensa y utilizamos esa posición para decidir qué clase de persona tenemos al frente.

La ciencia política ha utilizado el concepto de polarización afectiva para describir una parte de este fenómeno. No consiste simplemente en que existan posiciones políticas alejadas, sino en desarrollar sentimientos negativos hacia quienes identificamos con el sector contrario. Un estudio de Carolina Segovia sobre Chile entre 1990 y 2021 muestra además que el fenómeno fue cambiando. En 1990 las personas identificadas con partidos de izquierda presentaban comparativamente mayores niveles de polarización afectiva, mientras que hacia 2021 las diferencias entre grupos se habían reducido considerablemente, incluyendo a quienes no se identificaban con partidos políticos. La animadversión hacia quien pertenece al otro campo no parece ser patrimonio exclusivo de ninguna ideología.

La Encuesta Bicentenario UC 2023 entrega otro dato difícil de ignorar. La mitad de las personas consultadas se declaró poco o nada dispuesta a dialogar sobre problemáticas sociales con aquella persona que más rechazaba por su forma de pensar. No estamos hablando únicamente de discrepar. Estamos hablando de la disposición misma a conversar.

Nuestra historia reciente ofrece ejemplos reconocibles. Durante el estallido social y los años posteriores se hizo especialmente visible, en ciertos espacios progresistas, una tendencia a moralizar el desacuerdo. Algunas ideas dejaron de ser simplemente equivocadas para convertirse automáticamente en “violentas”, determinadas posiciones fueron entendidas como una negación de derechos y, bajo esa lógica, ciertos interlocutores dejaban de merecer siquiera una conversación.

Hace aproximadamente un mes, un fragmento del podcast Charlas en un Pueblo Fantasma se viralizó precisamente por tocar esta fibra. Edo Caroe y Manuel Ugalde hablaban sobre la posibilidad de seguir conversando con el famoso “tío facho” (como referencia a una persona con ideas de derecha), esa figura casi arquetípica de la familia chilena que piensa muy distinto de nosotros. La resistencia que provocó una idea aparentemente tan sencilla también fue reveladora. Entre las respuestas en comentarios de redes sociales aparecía la lógica de que con quien no comparte determinadas posturas, simplemente no se conversa.

Pero sería contradictorio observar ese fenómeno y concluir que se trata de una característica esencial de la izquierda. La derecha posee sus propias formas de moralización y caricatura. Basta que alguien defienda ciertas políticas progresistas para que sea convertido inmediatamente en “octubrista”, “comunista” o “prodelincuencia”. Cambian las palabras y los símbolos, pero el mecanismo puede ser el mismo. Ya no preguntamos qué sostiene exactamente una persona ni por qué lo sostiene. Completamos el resto de su identidad por ella.

La realidad, además, no funciona como el algoritmo de nuestras redes sociales. Allí podemos refugiarnos en una caja de eco que nos muestra principalmente a quienes piensan parecido; en la vida cotidiana, en cambio, compartimos familias, trabajos y barrios con personas que miran el mundo de otra manera. Una sociedad plural no tiene un botón para dejar de seguir al que discrepa. En un mismo barrio habita quien votó por Jara y quien votó por Kast, y ambos terminan compartiendo calles, servicios, problemas y espacios comunes.

Por eso también hay una cierta comodidad en negarse de antemano a conversar con quien sostiene una posición política distinta simplemente porque hacerlo resulta incómodo. Permanecer únicamente entre quienes confirman nuestras convicciones permite mantener intacta la propia identidad política, pero exige muy poco de esas mismas convicciones. Si realmente creemos que determinadas ideas pueden contribuir a construir un Chile mejor, parece razonable estar dispuestos al menos a explicarlas, contrastarlas y defenderlas frente a quien no las comparte. De lo contrario, la política corre el riesgo de transformarse en una afirmación de pertenencia, en demostrar quiénes somos y con quiénes estamos, más que en un esfuerzo por persuadir, comprender o construir algo con otros.

Defender una idea solamente frente a quienes ya están de acuerdo con ella es relativamente fácil. El desafío comienza cuando enfrente hay alguien que puede cuestionarla. La pureza ideológica es mucho más sencilla de conservar cuando nunca debe exponerse a una pregunta incómoda.

Por supuesto, tampoco conviene convertir el diálogo en una obligación ingenua.

Una cosa es discutir políticas de crecimiento económico, redistribución, vivienda, educación, protección social o seguridad. Otra muy distinta es justificar torturas, dictaduras, persecuciones políticas o negar la dignidad y humanidad de quienes consideramos diferentes. Tampoco existe demasiado espacio para el entendimiento cuando alguien entra a una conversación solamente para humillar, caricaturizar deliberadamente o negar de antemano cualquier legitimidad al otro.

El diálogo necesita una condición mínima. Reconocer que enfrente existe un interlocutor y no simplemente un enemigo al que hay que derrotar.

Pero el peligro contrario consiste en extender tanto esas excepciones que cualquier desacuerdo incómodo termina convertido en una frontera moral infranqueable. Los límites morales son necesarios; convertir cada desacuerdo político en uno de esos límites hace imposible la democracia, el intercambio de visiones y el entendimiento humano.

Ahora bien, conversar tampoco debería transformarse en un valor autosuficiente. El diálogo por el diálogo puede ser tan estéril como la negativa permanente a sentarse juntos. En política existen decisiones que tomar, recursos que distribuir y problemas que resolver. Lo deseable es que el reconocimiento del otro permita, cuando existan espacios para ello, construir acuerdos. O, al menos, delimitar claramente dónde podemos encontrarnos y dónde seguiremos discrepando.

Quizás por eso el municipalismo ofrece una perspectiva particularmente útil.

Cuando la política baja desde las grandes declaraciones hacia una calle sin iluminación, una plaza abandonada, la recolección de basura o la seguridad de un barrio, las convicciones ideológicas no desaparecen, pero deben encontrarse con problemas concretos. Una municipalidad no puede prestar servicios solamente a quienes votaron por el alcalde. Gobernar una comuna significa responder diariamente a personas que probablemente nunca compartirán una misma visión del país.

Durante los últimos meses hemos visto distintas expresiones de aquello. En agosto, diez alcaldes metropolitanos provenientes de sectores que iban desde el Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana hasta la UDI, Evópoli e independientes firmaron conjuntamente una posición sobre responsabilidad penal adolescente. Tomás Vodanovic, Sebastián Sichel y Jaime Bellolio estuvieron entre ellos. Rechazaron reducirla a los 13 años y plantearon combinar mayores sanciones con políticas de reinserción. No dejaron de pertenecer a sectores distintos para coincidir en un diagnóstico y una propuesta determinada.

Días después, Vodanovic y Bellolio llevaron esa lógica más lejos. Desde dos sectores políticos diferentes plantearon una agenda de acuerdos de Estado con una mirada de treinta años en materias como sistema político, modernización estatal, primera infancia y vejez, infraestructura, crecimiento, seguridad e inteligencia artificial. No pretendieron esconder sus diferencias. Su propuesta reconocía explícitamente que existen discrepancias, pero sostenía que hay tareas que ningún sector puede resolver por sí solo y que el país no puede comenzar nuevamente desde cero cada cuatro años.

La reacción de Sebastián Sichel y Agustín Iglesias introdujo un contrapunto que también merece ser atendido. Ambos plantearon que la conversación debía avanzar hacia una “democracia de resultados”. La crítica contiene una advertencia razonable. Si los llamados al diálogo nunca logran traducirse en decisiones, políticas o cambios concretos, corren el riesgo de convertirse en buenas intenciones incapaces de modificar la realidad.

Ese debate volvió a aparecer esta semana. Sichel emplazó directamente a Vodanovic y al Frente Amplio a respaldar un nuevo Estado de Excepción y cuestionó los acuerdos anteriores diciendo que no debían firmarse tantas “cartitas de amor”, sino “hacer política en serio”. Según su planteamiento, apoyar esa medida demostraría una verdadera voluntad de acuerdo.

Ahí aparece una distinción importante.

Compartir un diagnóstico no obliga a compartir una solución.

Dos alcaldes pueden considerar que la delincuencia constituye una de las principales urgencias del país y discrepar profundamente respecto de si un Estado de Excepción es la herramienta adecuada para enfrentarla. Dos vecinos pueden querer una plaza segura y discrepar sobre cámaras, cierres, guardias o presencia policial. Reconocer el mismo problema no elimina automáticamente las diferencias respecto de cómo resolverlo.

Sichel tiene razón al exigir que el diálogo aspire a producir resultados. Pero hay un riesgo si la demostración de que el otro tiene “voluntad de acuerdo” consiste en que acepte la solución que uno mismo propone. Si la prueba de que el otro está dispuesto a dialogar consiste en que acepte mi solución, entonces ya no estamos buscando un acuerdo; estamos esperando adhesión.

Construir acuerdos supone algo más difícil. Escuchar argumentos, defender los propios, estar dispuesto a modificar una parte de la propuesta, ceder cuando corresponde y aceptar también que algunas conversaciones terminarán sin consenso. El objetivo no puede ser imponer previamente el punto de llegada, pero tampoco convertir la conversación en una ceremonia permanente sin consecuencias.

Tal vez existe una demanda ciudadana precisamente por ese equilibrio. Una encuesta Black & White realizada después de la propuesta de Vodanovic y Bellolio mostró que un 78% respaldaba avanzar hacia acuerdos nacionales de largo plazo. Sin embargo, esa disposición a la transversalidad no se tradujo automáticamente en una preferencia por la moderación política, donde las opiniones aparecieron mucho más divididas.

La diferencia es relevante. Tal vez lo que se espera no sea una política sin convicciones, sino convicciones capaces de conversar.

Maipú permite verlo de manera particularmente clara. Tomás Vodanovic fue reelecto en 2024 con aproximadamente el 70% de los votos, una mayoría muy amplia para un alcalde identificado con el Frente Amplio. Sin embargo, poco más de un año después, la segunda vuelta presidencial dividió la comuna casi por mitades. Jeannette Jara obtuvo 52,37% y José Antonio Kast 47,63%.

No significa que una elección municipal y una presidencial puedan compararse directamente. Precisamente demuestra lo contrario. Las personas votan considerando candidatos, contextos, problemas y prioridades diferentes. Una comuna no posee una única identidad política. Tampoco sus habitantes caben limpiamente dentro de las categorías con que intentamos clasificarlos.

Quien votó por Kast y quien votó por Jara pueden vivir en casas contiguas. Sus hijos pueden compartir una sala de clases, ambos comprar en la misma feria, utilizar el mismo Metro, caminar por la misma plaza y reclamar por el mismo problema de seguridad. Pueden imaginar Chile de maneras muy distintas y compartir, al mismo tiempo, una parte importante de su vida cotidiana.

Ahí vuelve la mesa del comienzo.

No toda conversación incómoda terminará en un acuerdo. A veces comprenderemos mejor por qué el otro piensa como piensa y seguiremos considerando que está equivocado. En otras ocasiones podremos descubrir que bajo posiciones aparentemente irreconciliables existían preocupaciones compartidas y construir una solución que ninguno habría diseñado exactamente igual por separado.

La próxima vez que esa conversación aparezca durante una cena familiar, en la feria, mientras esperamos a los niños afuera del colegio o en una junta de vecinos, quizás valga la pena no levantarse inmediatamente de la mesa. Escuchar el argumento del otro, explicar el propio y comprobar hasta dónde existe terreno común.

Porque compartir una sociedad se parece bastante a compartir una mesa y un barrio. Nadie nos exige pensar igual, pero tarde o temprano tendremos que aprender a vivir, conversar y, cuando sea posible, construir algo con quien piensa distinto.