El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una acusación particular ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, solicitando penas que suman hasta 37 años de presidio por delitos vinculados a su gestión municipal. Esta cifra supera ampliamente los más de 23 años de cárcel que había pedido previamente el Ministerio Público en su propia acusación.
Según el documento presentado por el procurador fiscal Marcelo Chandía, el CDE acusa a Barriga de una serie de ilícitos, entre ellos fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos y uso irregular de recursos municipales durante el período en que dirigió la Municipalidad de Maipú.
Según apuntó La Tercera, la acusación del CDE destaca que estos actos no se tratarían de hechos aislados, sino de una “política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta” que habría permitido la liberación artificial de recursos sin respaldo presupuestario para financiar programas, campañas comunicacionales, eventos y contrataciones, representando un perjuicio fiscal superior a los $32 mil millones.
Este planteamiento legal implica que la exautoridad podría enfrentar penas considerablemente más altas que las solicitadas por la Fiscalía, incluyendo también una demanda de indemnización por los daños al fisco por montos similares.
En simple y directo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) eleva la solicitud a 37 años de cárcel contra Cathy Barriga porque:
1. Considera que no fueron hechos aislados
El CDE sostiene que durante su administración existió una “política sistemática de gestión municipal fraudulenta”, es decir, un modo de operar permanente y organizado, no errores puntuales.
2. Suma varios delitos graves
La cifra de 37 años no es por un solo delito, sino por la acumulación de penas asociadas a:
- Fraude al Fisco reiterado
- Falsificación de instrumentos públicos
- Uso de documentos falsos
- Malversación de caudales públicos
- Negociación incompatible
Cada delito tiene su propia pena, y el CDE solicita que se apliquen en forma acumulada.
3. Perjuicio fiscal millonario
El CDE estima que la gestión habría provocado un daño patrimonial al Estado superior a los $32 mil millones, lo que agrava jurídicamente la responsabilidad penal.
4. Uso de recursos para fines no municipales
Según la acusación, recursos públicos habrían sido utilizados para:
- Campañas comunicacionales personales
- Eventos y contratos sin respaldo presupuestario
- Programas sin sustento administrativo ni financiero
Esto refuerza la tesis de abuso de poder y administración dolosa.
5. Rol jerárquico de autoridad
Al ser alcaldesa, el CDE sostiene que Barriga tenía deber especial de probidad, por lo que su responsabilidad penal sería mayor que la de funcionarios subordinados.
El caso avanzará ahora hacia una audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 2 de febrero de 2026, donde se definirán las pruebas que serán presentadas en el juicio y se discutirán las acusaciones del Ministerio Público, el CDE y otros querellantes particulares.
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