Proyectos de ley en el Congreso permitirían la caza de perros para frenar ataques a fauna silvestre y ganado
Dos iniciativas que avanzan en el Parlamento buscan habilitar métodos letales contra perros asilvestrados y de libre deambular. Cifras de Contraloría y del SAG ponen en duda que la caza resuelva el problema de fondo: el abandono.
Dos proyectos de ley que avanzan en el Congreso Nacional buscan habilitar métodos de control letal contra perros asilvestrados y de libre deambular, en respuesta a los ataques que estos animales provocan contra fauna silvestre y ganado en distintas regiones del país. Uno de ellos declara a los perros asilvestrados «especie exótica invasora» y el otro deja sin castigo a quien mate un perro «en defensa del ganado».
Dos boletines refundidos y un antecedente reciente
El primero de los proyectos, producto de la refundición de dos boletines, deja sin castigo a quien mate un perro «en defensa del ganado». La iniciativa tuvo suma urgencia solicitada por el Ejecutivo a comienzos de junio, aunque esa urgencia fue retirada posteriormente. El segundo texto, presentado en las últimas semanas, declara a los perros asilvestrados «especie exótica invasora», categoría que en la práctica habilitaría su caza.
Una crisis medida en cientos de denuncias
El problema que intentan atacar ambos proyectos tiene respaldo estadístico. Según datos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los ataques de perros contra animales de producción suman más de 800 denuncias entre 2012 y 2026, con los ovinos como las principales víctimas, seguidos de aves, caprinos y bovinos. En el frente de la fauna silvestre, el mismo organismo contabilizó 234 ejemplares afectados, pertenecientes a 37 especies distintas, en el período 2023-2026. Los casos se concentran en Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes, y las especies más golpeadas son el pudú, el zorro culpeo, el coipo y el guanaco.
El abandono, no la fauna salvaje, explica la mayoría de los ataques
Pese a la magnitud de las cifras, los propios organismos del Estado apuntan a un origen distinto del que busca atacar la legislación en debate. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, nueve de cada diez ataques de perros contra fauna silvestre y ganadería tienen como responsables a canes que sí tienen dueño, no a animales completamente asilvestrados. En la misma línea, un estudio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) citado en el debate reciente sostiene que prácticamente la totalidad de los ataques (un 97%) corresponde a perros del vecindario, y no a perros asilvestrados, lo que reforzaría la tesis de que el problema de fondo es la tenencia irresponsable y no una categoría de perro salvaje que deba eliminarse.
Un vacío legal que complica cualquier método de control
A la discusión se suma un problema técnico que ninguno de los proyectos resuelve del todo: la legislación chilena no define qué es un perro asilvestrado, siguen catalogados como domésticos y eso deja al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sin atribuciones legales claras para intervenir sobre ellos. Esa ambigüedad deja abierta una pregunta de fondo: quién y con qué criterio determinaría si un perro es de libre deambular (con dueño, aunque suelto) o efectivamente asilvestrado, distinción que sería clave antes de aplicar cualquier método letal.
Las deudas de la Ley 21.020, según Contraloría
El debate ocurre justo cuando la Contraloría General de la República publicó su segundo Informe Radar sobre la implementación de la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. El documento constató fallas en cómo se ejecutan los recursos destinados a programas de tenencia responsable: hay municipios que no cumplieron las acciones a las que se habían comprometido, y otros que simplemente guardaron silencio ante los requerimientos sobre el destino de esos fondos. El hallazgo resulta especialmente delicado en el ámbito del control de fondos públicos, considerando que existan municipios que ni siquiera respondieron a la Contraloría General, entidad encargada de fiscalizar la legalidad de la administración del Estado.
Manejo no letal ya en marcha en otras regiones
Mientras el Congreso discute fórmulas de control letal, en el país ya existen experiencias de manejo alternativo. Es el caso de una iniciativa que desarrollan en conjunto el Gobierno Regional de O’Higgins y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que recurre a perros protectores de ganado, además de burras y llamas guardianas, cercos eléctricos solares, monitoreo con drones y campañas de educación en tenencia responsable. Se trata de un modelo que busca reducir los ataques sin recurrir a la eliminación de animales, y que convive con la falta de fiscalización que hoy exhibe la política pública vigente.
La sombra del rechazo de 2024
El antecedente más reciente en el Congreso no es alentador para quienes impulsan la fórmula letal. En 2024 la Cámara rechazó un proyecto de carácter similar, que también buscaba declarar a los perros como especie invasora para habilitar su caza. Quienes se opusieron a esa iniciativa advirtieron que, en la práctica, abriría la puerta a matar mascotas perdidas y perros comunitarios de zonas rurales, argumento que finalmente pesó en su rechazo. Con los nuevos boletines en tramitación, la pregunta que queda abierta es si el Congreso repetirá esa decisión o si esta vez la urgencia por contener los ataques a la ganadería y la fauna silvestre inclinará la balanza hacia el control letal.
