Tres de cada cuatro chilenos quiere que adolescentes que maten, secuestren o violen sean juzgados como adultos

La muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Chile no ha sabido responder: ¿qué hacer con los adolescentes que cometen los delitos más graves? La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de junio de 2026, entrega una respuesta clara desde la ciudadanía: la mayoría quiere más dureza.

Según el sondeo, un 76% de los encuestados considera que los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometan homicidios, secuestros o violaciones deberían ser juzgados exactamente igual que un adulto. Solo un 21% opina que esos casos deben seguir tramitándose bajo el régimen especial de responsabilidad penal adolescente vigente.

La edad, el punto más divisivo

El debate sobre cuándo comienza la responsabilidad penal no genera el mismo consenso. Hoy la ley chilena fija ese umbral en los 14 años, y un 32% quiere dejarlo ahí. Pero un 36% va más lejos: cree que debería bajarse a los 12 años, precisamente la edad de la víctima de San Bernardo.

La pregunta sobre a qué edad un adolescente debería poder ser juzgado como adulto arrojó un resultado diferente: un 42% se inclina por mantener ese límite en los 14 años.

Las cifras muestran que la ciudadanía distingue entre el inicio de la responsabilidad penal y la equivalencia plena con el régimen adulto, aunque en ambos casos la tendencia apunta a endurecer el sistema.

Cárceles especiales, sí; mezclados con adultos, no tanto

La encuesta también exploró dónde deberían cumplir condena quienes sean condenados. Un 62% apoya la creación de recintos penitenciarios especiales para menores de edad que cometan delitos graves. Un 34%, en cambio, prefiere que compartan los mismos establecimientos que los adultos.

Sobre las medidas más efectivas para reducir la participación de adolescentes en hechos delictuales, la intervención temprana en barrios con alta delincuencia juvenil lidera con un 29%, seguida de cerca por la rebaja en la edad de responsabilidad penal, con un 27%.

La familia en el banquillo

Cuando se preguntó quién es el principal responsable de que un adolescente llegue a delinquir gravemente, la respuesta más frecuente apuntó al núcleo más cercano: un 51% señaló a la familia como principal culpable.

El fenómeno no es nuevo. Como informó La Voz de Maipú, desde 2020 más de 15 mil niños, niñas y adolescentes han sido detenidos por delitos de mayor connotación social, y más de la mitad de ellos registró al menos dos detenciones. El debate legislativo también avanza por otras vías: en mayo pasado, la diputada Urrutia lideró un proyecto para sancionar con penas máximas a adultos que utilicen a niños en delitos, reconociendo que muchos menores son instrumentalizados por organizaciones criminales adultas.

Lo que muestra la encuesta Cadem es que la paciencia ciudadana con el sistema actual está agotada. Y que una tragedia en San Bernardo bastó para recordarlo.