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jueves, agosto 11, 2022

«Chao Dicom»: el proyecto de ley que borraría registros comerciales de deudas impagas

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Constanza Reveco Montero
Constanza Reveco Montero
Periodista UC. Siempre busco hacer periodismo desde el territorio, en conexión con la comunidad y la realidad. Disfruto contar historias que revelan, visibilizan y fiscalizan. Amante de los animales y la comida.

Durante la jornada de mañana, martes 31 de mayo, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto denominado «Chao Dicom», iniciativa que borraría ciertos registros comerciales de deudas impagas.

A modo general, la propuesta legal hace referencia a las deudas que los chilenos contrajeron con motivo de la pandemia de coronavirus y sus posteriores consecuencias económicas.

El proyecto que también ha sido llamado «Borronazo», es una iniciativa parlamentaria transversal presentada por el diputado por la región de Coquimbo, Daniel Manouchehri (PS), y su objetivo es «dar una segunda oportunidad» para que las personas tengan un acceso no discriminatorio al crédito.

Para evitar confusiones, cabe recalcar que esta ley «Chao Dicom» no perdonará ni eliminará las deudas de las personas, sino que eliminará los registros de deudas impagas que tienen los distribuidores de información de carácter económico, financiera, bancario o comercial, como es el caso de Dicom.

Al estar establecida para todos los informes en relación a las deudas que están informadas en la ley de protección de vida privada y datos personales. Por lo mismo, el proyecto aplicaría también al boletín comercial de la Cámara de Comercio, al informe de la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros.

Este proyecto de ley «Chao Dicom» tiene un carácter «acotado», tanto en el tiempo en que se contrajeron las deudas, como en el monto a la que esta asciende.

Por lo mismo, para ser beneficiario de este proyecto se debe cumplir con dos requisitos: tener deudas impagas inferiores a $2,5 millones y tener deudas impagas al 30 de abril del 2022.

Quienes cumplen estas condiciones serían unas cinco millones de personas, que, según explicó el diputado Manouchehri al Diario Concepción, podrían «acceder a nuevas oportunidades, como un crédito hipotecario o un crédito para tener capital de trabajo», sin que las entidades comerciales o crediticias las discriminen.

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