Cuando olvidamos la geografía en tiempos de catástrofes

Las inundaciones dejan marcas que no desaparecen cuando baja el agua. Lo sé porque viví la inundación provocada por el desborde del río Andalién en 2006, en la ciudad de Concepción. Quienes atravesamos una emergencia de esa magnitud sabemos que el desastre no termina cuando cesa la lluvia. Permanece en la memoria de las familias que perdieron sus hogares, en los barrios que tardan años en recuperarse y en la incertidumbre que reaparece cada vez que el cielo vuelve a oscurecerse.

Por eso, al observar las imágenes de la Región de Atacama, Coquimbo, Maipú y otras zonas de la Región Metropolitana, no veo únicamente un temporal. Veo un territorio que vuelve a recordarnos una verdad que Chile parece olvidar una y otra vez: la geografía importa.

Las noticias muestran familias aisladas, viviendas inundadas, caminos destruidos y comunidades completas intentando sobreponerse a un nuevo evento extremo. La reacción inmediata suele atribuir la tragedia exclusivamente a la intensidad de las precipitaciones o, más recientemente, a la crisis climática. Ambas explicaciones son correctas, pero incompletas. La naturaleza explica el fenómeno; no explica, por sí sola, el desastre. Una parte importante de la magnitud de estas emergencias también es consecuencia de cómo hemos decidido habitar los territorios.

Las regiones de Atacama y Coquimbo poseen una condición geográfica única en Chile: los valles transversales. Gracias a ellos es posible la agricultura en uno de los ambientes más áridos del país y del mundo. Son corredores de agua, biodiversidad y vida que han permitido el desarrollo de comunidades durante siglos. Sin embargo, durante eventos de precipitaciones intensas, esos mismos valles conducen enormes volúmenes de agua desde la cordillera hacia el océano. El agua sigue el relieve; responde a las dinámicas propias de las cuencas. Cuando urbanizamos quebradas, ocupamos cauces, impermeabilizamos extensas superficies o planificamos sin comprender el funcionamiento de los territorios, no modificamos el comportamiento del agua. Lo que hacemos es aumentar nuestra vulnerabilidad frente a un proceso natural.

Aquí aparece una de las principales debilidades de nuestra planificación territorial. Durante demasiado tiempo hemos entendido los territorios como simples soportes físicos donde emplazar inversión, infraestructura o expansión urbana, cuando en realidad constituyen sistemas vivos, abiertos y dinámicos, en los que interactúan permanentemente el relieve, el clima, el agua, la vegetación y las actividades humanas. Los territorios no son espacios neutros. Tienen memoria. Tienen límites. Tienen procesos que continuarán ocurriendo independientemente de nuestras decisiones. Los desastres no comienzan cuando llueve, cuando tiembla o cuando aparece el fuego. Comienzan mucho antes, cuando planificamos desconociendo la geografía.

Lo que hoy observamos en el norte encuentra expresiones distintas, pero profundamente relacionadas, en el resto del país. En el Biobío, por ejemplo, las lluvias intensas producen efectos que no pueden comprenderse únicamente desde la cantidad de agua caída. La intervención de las cuencas, la sustitución de bosques nativos por monocultivos forestales y la pérdida de humedales han disminuido la capacidad del territorio para infiltrar, almacenar y regular el agua. Cada una de esas decisiones modifica el comportamiento natural del paisaje y aumenta la exposición frente a inundaciones, procesos erosivos e incendios forestales.

Los incendios forestales que han afectado recientemente a Valparaíso, Ñuble y Biobío constituyen otra expresión de este mismo problema territorial. Solemos concentrarnos en el combate del fuego y en la reconstrucción posterior, pero pocas veces analizamos las condiciones territoriales que favorecieron su propagación. La gestión del riesgo comienza mucho antes de que aparezca la primera llama. Comienza cuando decidimos cómo ocupar el suelo, cómo protegemos nuestros ecosistemas y qué tipo de planificación promovemos para las próximas décadas.

Existe una idea que, a mi juicio, debemos comenzar a discutir con mayor profundidad: no se trata únicamente de planificar la inversión, sino de planificar el habitar. Durante décadas hemos asociado la planificación territorial al crecimiento económico, a la expansión urbana o a la localización de grandes proyectos. Sin embargo, el propósito último de la planificación debería ser garantizar las condiciones de habitabilidad de los territorios. Habitar significa comprender el lugar donde vivimos, reconocer sus potencialidades y también sus limitaciones. Significa aceptar que no todos los espacios poseen la misma capacidad para sostener determinadas actividades y que el desarrollo no puede construirse desconociendo las características físicas, ecológicas y culturales del territorio.

Esta reflexión no pretende desconocer que muchas ciudades, barrios e infraestructura ya se encuentran emplazados en zonas de riesgo y que, en numerosos casos, su relocalización resulta inviable. Precisamente por ello el desafío consiste en incorporar medidas de mitigación que permitan reducir la exposición de las personas frente a futuras emergencias. Restaurar humedales, recuperar la funcionalidad de las cuencas, proteger ecosistemas estratégicos, fortalecer la infraestructura verde, mejorar los sistemas de drenaje urbano, restringir nuevas ocupaciones en áreas de alta vulnerabilidad y planificar considerando las dinámicas naturales del territorio no representan obstáculos para el desarrollo. Por el contrario, constituyen condiciones indispensables para hacerlo sostenible.

La experiencia chilena demuestra que somos capaces de aprender cuando comprendemos la naturaleza de un riesgo. Nuestra normativa sísmica es reconocida internacionalmente y ha permitido salvar miles de vidas. Después de cada gran terremoto el país ha perfeccionado sus normas de construcción, sus protocolos de emergencia y sus capacidades institucionales. Esa experiencia debería servirnos para comprender que el conocimiento geográfico también salva vidas. Si hemos sido capaces de desarrollar una cultura sísmica, ¿por qué no avanzar hacia una verdadera cultura territorial que incorpore el funcionamiento de las cuencas, los humedales, los sistemas dunares, los bosques, las zonas costeras y los efectos de la crisis climática en la planificación del país?

Lamentablemente, esa transformación resulta difícil mientras continuemos relegando la educación geográfica a un lugar secundario dentro del sistema educativo. Cada vez sabemos menos sobre el territorio que habitamos. Comprender una cuenca hidrográfica, interpretar un paisaje, reconocer los servicios ecosistémicos de un humedal o entender cómo el relieve condiciona la circulación del aire no constituye un conocimiento especializado reservado únicamente para geógrafos. Es una herramienta de ciudadanía. Una sociedad que conoce su territorio está mejor preparada para prevenir riesgos, exigir mejores políticas públicas y participar de manera informada en las decisiones que afectan su calidad de vida.

A ello se suma una realidad que ya no admite más negacionismos. La crisis climática está modificando la intensidad, la frecuencia y la distribución espacial de numerosos eventos extremos. No basta con reconstruir una y otra vez después de cada desastre ni con esperar que la próxima emergencia sea menos intensa. La adaptación al cambio climático requiere decisiones concretas, planificación de largo plazo y una gestión del riesgo que deje de ser reactiva para transformarse en una política permanente del Estado. La prevención no puede depender únicamente de la voluntad de los gobiernos de turno; debe convertirse en una política pública sostenida en el tiempo.

Como geógrafa dedicada al estudio de los territorios alimentarios, observo además otra dimensión que suele quedar fuera de esta discusión. Cada inundación, cada incendio o cada sequía repercute directamente sobre los sistemas alimentarios. Se interrumpen caminos, disminuye la producción, aumentan los costos de transporte y se dificulta el acceso a alimentos para miles de familias. Las emergencias no afectan únicamente viviendas e infraestructura; también comprometen la seguridad alimentaria y profundizan desigualdades que ya existían antes de la catástrofe.

Precisamente por ello, quienes participan en las cadenas de abastecimiento tienen una responsabilidad ética que no puede ser ignorada. La especulación con el precio de los alimentos durante una emergencia representa una de las expresiones más dolorosas de la pérdida del sentido de comunidad. Aprovechar la incertidumbre para obtener ganancias extraordinarias mientras otras personas lo han perdido todo constituye una práctica que erosiona la confianza social y profundiza el sufrimiento colectivo. Los alimentos no pueden entenderse exclusivamente como mercancías. Son un bien esencial para la vida, la salud y la dignidad de las personas, especialmente cuando un territorio atraviesa una crisis.

Las emergencias también ponen a prueba nuestra capacidad de actuar como sociedad. Nos obligan a decidir si responderemos desde la competencia o desde la solidaridad, si seguiremos planificando de espaldas al territorio o si asumiremos, de una vez por todas, que la geografía no es una asignatura secundaria, sino una herramienta imprescindible para construir comunidades más seguras, resilientes y justas.

Quizás el mayor desafío de Chile ya no sea únicamente responder mejor a las emergencias, sino recuperar la capacidad de leer su propio territorio. Comprender que cada cuenca, cada humedal, cada valle, cada bosque, cada duna y cada paisaje forman parte de un sistema vivo que sostiene nuestra vida cotidiana. La naturaleza no actúa contra nosotros; simplemente responde a sus propias dinámicas. Somos nosotros quienes debemos decidir si continuaremos planificando como si los territorios fueran espacios vacíos o si, finalmente, aprenderemos a habitarlos con la responsabilidad, el conocimiento y el respeto que merecen.  Porque cuando olvidamos la geografía, no solo olvidamos una disciplina. Olvidamos la forma en que un país cuida a su gente.