Gobierno retira reglamento de Ley de Seguridad Municipal tras críticas de Vodanovic y otros alcaldes

El Gobierno decidió retirar de la Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, luego de que una reunión entre el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y representantes de las asociaciones de municipios ACHM, AMUR y Amuch terminara en un acuerdo para reformular el documento.

La polémica se originó en el artículo 8°, que vinculaba fallas administrativas de los alcaldes con su posible destitución del cargo. El texto, ingresado el 2 de septiembre al ente contralor, establecía que «le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos».

El problema estaba en lo que venía después: si ese trámite no se cumplía, el reglamento fijaba que «la infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695». Para buena parte del mundo municipal, esa redacción abría la puerta a destituir a un alcalde electo por un error administrativo, algo que —sostienen— solo debería quedar establecido en una ley orgánica constitucional y no en un decreto.

La crítica de Vodanovic

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue una de las primeras voces en cuestionar el documento, como consignó La Voz de Maipú el 15 de septiembre. En esa oportunidad, el jefe comunal recordó que «la Ley de Seguridad Municipal tiene por objetivo fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad, y no amenazar con quitarles autonomía». Vodanovic apuntó directo al corazón del problema: «preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente. Y más aún enterarnos de esto por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes». El edil maipucino cerró su reclamo con un llamado directo al Ejecutivo: «esperamos que esto se pueda aclarar desde el Ejecutivo. La autonomía municipal también debe respetarse».

La defensa que no alcanzó a sostenerse

Antes de ceder, el Gobierno intentó bajarle el perfil a la controversia. El biministro Claudio Alvarado defendió la redacción del artículo 8° argumentando que no se estaba creando una nueva causal de destitución, sino simplemente reforzando una ya existente: «lo que hace el reglamento es solamente recordar que el no cumplimiento de ciertas normas de la ley puede dar pie a una inhabilidad». La explicación no bastó para descomprimir el conflicto con las asociaciones de municipios, que exigían que la cláusula se eliminara derechamente del texto.

El retiro y la mesa de trabajo

Tras una reunión de más de una hora en las oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con representantes de ACHM, AMUR y Amuch, el subsecretario Gonzalo Guerrero anunció el retiro del reglamento. «Hemos escuchado el planteamiento y vamos a proceder al retiro de este reglamento para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo, y así poder dotar de seguridad, de paz, a nuestros compatriotas», declaró la autoridad. Guerrero fue cuidadoso, eso sí, en no admitir un error de diseño: «nosotros tenemos nuestra posición, pero para evitar malas interpretaciones se decide entonces retirar este reglamento». Cada asociación deberá designar uno o dos representantes técnicos para revisar la redacción del documento antes de su reingreso.

Un reclamo transversal

El malestar no fue exclusivo de Vodanovic. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), advirtió que «no corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente». En la misma línea, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (IND), fue tajante en su cuestionamiento jurídico: «es absolutamente inconstitucional que esto esté un reglamento». El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), sumó una crítica al historial del Ejecutivo en la materia: «aquí hay un problema técnico grave. Y no es primera vez». Y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), fue derecha al hueso: «el Gobierno comete un error gravísimo. Pretende vía reglamento, tomar atribuciones que no corresponden».

Qué viene ahora

Con el reglamento fuera de Contraloría, el Ejecutivo y las asociaciones municipales fijaron una fecha para retomar el trabajo conjunto. El próximo lunes 21 de septiembre se llevará a cabo la primera reunión de coordinación con los municipios para revisar todos los aspectos del reglamento para ser reingresado al ente contralor. Por ahora, el episodio deja una lección más o menos evidente para La Moneda: redactar un reglamento sobre destitución de alcaldes sin consultar a los propios alcaldes rara vez termina bien.