Diputado Barraza oficia a cuatro organismos por incendio en planta de neumáticos de Cerrillos

El incendio que el domingo 14 de junio convirtió en una nube tóxica el acopio de neumáticos de la empresa Transformaciones Sustentables SpA (TS Chile), en Villa Los Pilotos, comuna de Cerrillos, tiene ahora una arista parlamentaria. El diputado Marcos Barraza presentó cuatro oficios de fiscalización, dirigidos a la Seremi de Salud Metropolitana, la Seremi del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Municipalidad de Cerrillos, para determinar si el desastre pudo evitarse.

La pregunta no es retórica. Según los propios documentos presentados por Barraza, la comunidad y organizaciones vecinales venían advirtiendo el riesgo del acopio masivo de neumáticos desde la primera semana de abril de 2026, más de dos meses antes de que las llamas se desataran.

Una clausura que nunca llegó

El municipio de Cerrillos fiscalizó el recinto en tres oportunidades —los días 8, 15 y 29 de abril de 2026— y el 28 de ese mes derivó formalmente los antecedentes a la Seremi de Salud, argumentando que la clausura sanitaria excedía sus facultades municipales y correspondía a la autoridad de salud.

La Seremi respondió, pero no como esperaban los vecinos: concurrió al lugar el 4 de mayo de 2026 con los antecedentes municipales ya en su poder y, pese a la alerta previa de la comunidad, no decretó la clausura ni la prohibición de funcionamiento del establecimiento. Seis semanas después, la planta ardió.

El oficio dirigido a la Seremi de Salud, encabezada por Pía Venegas Araneda, exige conocer el fundamento técnico y jurídico de esa decisión, además de las medidas correctivas o instrucciones sanitarias que se le habrían exigido a la empresa tras esa inspección de mayo, y si existe algún sumario sanitario en curso tras el siniestro.

Una emergencia de alcance metropolitano

El incendio no se limitó al perímetro de la planta. La combustión de neumáticos y caucho generó una densa nube tóxica que obligó a la Delegación Presidencial Regional Metropolitana a decretar preemergencia ambiental, mientras el Servicio Local de Educación Pública Santa Corina suspendió las clases en el sector. Al menos 21 familias colindantes debieron ser evacuadas por la cercanía de las llamas y la toxicidad del aire, y hasta el domingo 21 de junio tres de ellas seguían en un albergue provisorio.

Al momento del siniestro, la planta mantenía un acopio considerable de neumáticos y caucho, además de cerca de 50 toneladas de producto terminado destinado a exportación, según consigna el oficio enviado a la Superintendencia del Medio Ambiente. A ese organismo, encabezado por la superintendenta subrogante Claudia Pastore, Barraza le pide precisar si la empresa contaba con Resolución de Calificación Ambiental, si existían denuncias previas en su contra y si estaba inscrita y al día en el registro que exige la Ley N° 20.920 sobre responsabilidad extendida del productor, normativa bajo la cual los neumáticos son considerados un producto prioritario.

A la Seremi del Medio Ambiente, dirigida por Gonzalo Cruces Rueda, el parlamentario le consulta si el proyecto ingresó —o debió ingresar— al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y si el emplazamiento de una planta de este tamaño es compatible con los instrumentos de planificación territorial de un sector colindante a viviendas.

El municipio, entre el reconocimiento y la duda

El oficio enviado al alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez Díaz, tiene un tono distinto: reconoce que el municipio hizo público un reporte de gestión con las fiscalizaciones realizadas, pero igual exige el detalle completo. Barraza pide los antecedentes de la patente municipal del recinto, los decretos o notificaciones dictados antes del incendio, copia de la derivación de antecedentes a la Seremi de Salud del 28 de abril, y las denuncias vecinales previas con sus respectivas respuestas municipales.

También solicita conocer las medidas de asistencia para las familias evacuadas y el plan de retorno o reubicación para quienes, a una semana del incendio, seguían sin vivienda.

«Una situación extremadamente dramática»

Barraza visitó el sector el 18 de junio, cuatro días después del incendio, y constató en terreno la persistencia de emanaciones y humo que, según los propios vecinos, impedían la habitabilidad normal del lugar. En un video difundido en su cuenta de Instagram, el diputado fue categórico:

«Aquí hay agentes contaminantes, hay riesgo para la vida de las personas, y la institucionalidad tiene que dar una respuesta sancionadora si es del caso».

El parlamentario también aclaró que su cuestionamiento no apunta a la actividad de reciclaje de neumáticos en sí —que calificó de necesaria para una economía circular— sino a las condiciones de emplazamiento, evaluación y fiscalización del recinto específico.

«Los vecinos y las vecinas están viviendo una situación extremadamente dramática, porque los controles pareciera ser no fueron lo suficientemente rigurosos», afirmó en la misma grabación.

En una declaración pública posterior, Barraza fue más allá: «La protección de la salud de las personas no puede depender de que ocurra una tragedia para que el Estado actúe. Las comunidades tienen derecho a vivir con seguridad y con la certeza de que las instituciones cumplen su deber de prevenir los riesgos antes de que sea demasiado tarde«.

Barraza anunció que hará seguimiento a cada uno de los cuatro oficios. Mientras tanto, las familias de Villa Los Pilotos siguen esperando que alguien les explique por qué, pese a las alertas de abril, nadie clausuró la planta antes de que ardiera en junio.