Kast presenta Plan de Seguridad: anunció más de 30 proyectos contra el crimen organizado y reforma constitucional

El Presidente José Antonio Kast encabezó la noche de ayer miércoles una cadena nacional en la que primero destacó la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y luego presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa reúne más de 30 proyectos que buscan modificar las herramientas del Estado frente a la delincuencia, con cambios constitucionales, penales, migratorios y penitenciarios.

Antes de entrar en materia de seguridad, el Mandatario dedicó buena parte de su discurso a celebrar el despacho de la reforma tributaria y económica que el Congreso aprobó un día antes.

«Ayer (martes) hemos dado un paso gigantesco hacia un mejor futuro para todos. El Congreso Nacional, luego de cuatro meses de análisis, debate democrático y aportes de distintos sectores, ha aprobado y despachado la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social«, afirmó. También citó cifras económicas recientes: «el Imacec de junio creció 2,4%, rompiendo cinco meses seguidos de caída», dijo, aunque advirtió que un solo mes no configura una tendencia.

Ya en el tramo dedicado a seguridad, Kast estructuró su anuncio en cuatro ejes:

• Nuevas herramientas contra el crimen organizado.
• Una reforma constitucional que fija la seguridad como deber del Estado.
• Cambios en persecución penal y control migratorio.
• Modificaciones al sistema penitenciario.

«Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas», sostuvo el Mandatario.

Delito autónomo y régimen carcelario especial

Uno de los anuncios más relevantes de la agenda apunta directamente a la estructura de las bandas criminales. Durante su intervención, Kast fue contundente al anunciar que mantendrán el despliegue policial en los 50 barrios más críticos del país, con “copamiento, patrullaje, tecnología en cada uno de ello“. Además señaló que la sola pertenencia a una organización delictual constituya un delito en sí mismo, independiente de otros ilícitos cometidos.

«Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas», indicó Kast.

A esto se suma la creación de un régimen penitenciario especial pensado para los líderes de bandas que hoy continúan operando desde las cárceles, un punto que ha sido señalado reiteradamente como uno de los nudos críticos del sistema.

«El narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida», afirmó el Presidente.

Más tiempo para detener, más control fronterizo

El segundo bloque de anuncios se centró en las herramientas de persecución penal y en el control migratorio. El Ejecutivo planteó ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, de manera que «la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables».

En materia migratoria, el Gobierno buscará «ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva» de extranjeros en situación irregular, junto con reforzar el control en los pasos fronterizos mediante zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente. El paquete incluye además un agravante específico para quienes utilicen a menores de edad en la comisión de delitos.

«Quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes», afirmó Kast.

Cifras de gestión, según el propio Presidente

Durante su discurso, Kast entregó una serie de cifras sobre la evolución de la delincuencia bajo su gestión, datos que atribuyó a su propio gobierno y que calificó como preliminares.

«Al 26 de julio, los homicidios bajaron 18,7%, 112 víctimas menos que hace un año. Los secuestros confirmados por la PDI cayeron un 45%. Los robos violentos disminuyeron en más de 7 mil casos», señaló el Mandatario. «Los resultados, aunque preliminares, ya empiezan a materializarse», agregó.

La reforma constitucional como cierre simbólico

El anuncio de mayor alcance institucional quedó para el final: el envío de una reforma constitucional que consagre la seguridad de las personas como un deber explícito del Estado. Kast planteó que esta modificación busca fijar un marco permanente para la acción estatal frente al crimen organizado, más allá de los gobiernos de turno.

«Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer», afirmó.

El plazo: antes de fin de año

Para la tramitación de la agenda, Kast instruyó directamente al titular de la cartera de Seguridad. «He instruido al Ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible», señaló el Presidente, quien puso como meta que las más de 30 iniciativas, algunas ya en trámite parlamentario como mociones y otras que el Ejecutivo presentará en los próximos días, queden aprobadas antes de Navidad.

Arrau: «una respuesta muy contundente»

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió a respaldar la agenda presentada por Kast y la calificó como «una respuesta muy contundente» frente al avance del crimen organizado en el país, según consignó T13.

El secretario de Estado, encargado de llevar la ACOT al Congreso, explicó que el paquete de más de 30 proyectos busca dotar al Estado de herramientas que hoy no tiene para enfrentar a las bandas criminales, en línea con lo anunciado por el Presidente en cadena nacional. Arrau será la contraparte directa del Legislativo en la tramitación de las iniciativas, con la meta impuesta por Kast de despacharlas antes de fin de año.

Recordar que no es la primera vez que un gobierno anuncia una batería de medidas contra el crimen organizado en Chile: en 2020, tras una balacera en Plaza Maipú, el entonces presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto con un objetivo similar, como consignó en su momento La Voz de Maipú. El desafío para la ACOT será el mismo que enfrentaron esas iniciativas: sobrevivir al trámite legislativo y traducirse en resultados verificables más allá del discurso.