La Reforma que Chile no pidió

El Presidente Kast pide al Congreso una herramienta que ningún gobierno chileno ha tenido desde el retorno a la democracia: un estado de excepción de hasta 240 días, decretado por él solo, sin la aprobación del Congreso, y con facultades para intervenir comunicaciones sin autorización judicial. En mayo, el ministro Arrau admitió que la política de seguridad que hoy Kast quiere superar con su reforma constitucional era “suficiente”. Hoy, el gobierno finalmente confesó que no sabe qué hacer con lo que ya tiene.

Porque de tener herramientas, las tiene. Chile aprobó más de sesenta leyes de seguridad en los últimos años: la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Ley de Seguridad Pública Municipal, entre otras. Fue trabajo de años, con votos que fueron desde la izquierda hasta el actual oficialismo, que hoy actúa como si nada de eso existiera. La carencia no está en el marco legal, sino en la falta de operatividad de las normas que ya tienen. Pedir más poder antes de usar el que ya existe no fortalece al Estado; le evita la parte difícil del trabajo, que es gestionar.

Si de verdad se tratara de eficacia, lo lógico sería profundizar ese camino: levantar el secreto bancario, dotar de recursos a la Unidad de Análisis Financiero, coordinar mejor lo que ya existe. Nada de eso está en la reforma. Lo que sí trae son ocho artículos que crean un estado de excepción sin precedente, una facultad presidencial para declarar organizaciones terroristas con control político y no judicial, e inhabilitaciones perpetuas escritas en la Constitución en vez de en la ley. Casi todo ya fue propuesto –y rechazado por la ciudadanía– en la Constitución de 2023 que redactó el propio partido de Kast. No son pocos los especialistas que han denunciado que esta reforma implica constitucionalizar la dictadura. La búsqueda de concentrar el poder y sin contrapesos, en lugar de gestionar con las herramientas existentes, significa traer de vuelta una vieja ambición e intentar transformarla en un logro político para un pequeño sector de la población, en lugar de priorizar la eficiencia y eficacia del Estado. 

Vimos este mismo patrón hace unas semanas con la compensación municipal por la eliminación de las contribuciones: el Gobierno repuso el 100% de lo que dejarían de recaudar los municipios sin distinguir entre comunas, favoreciendo a las de mayores ingresos. Las comunas más pobladas y con menos recursos, como Maipú, quedaron atrás. Con la reforma de seguridad se repite la lógica: se concentra poder y atención en una propuesta poco eficiente pero vistosa, mientras se ignora lo que golpearía al crimen organizado donde más le duele.

En materia de seguridad, aquello que se ignora tiene nombre: el secreto bancario. Ni la reforma ni ningún otro proyecto de la agenda de seguridad lo toca. La diputada Tatiana Urrutia lo dijo con claridad: el narcotráfico no consume droga, consume plata, y la única forma de golpearlo es seguir la ruta del dinero. Sin eso, el peso de la reforma cae sobre las personas de a pie –comunicaciones intervenidas, movilidad restringida, ocho meses sin autorización judicial– y no sobre quienes sostienen al crimen organizado.

Y no faltan ideas. Desde Rumbo Colectivo hemos puesto sobre la mesa propuestas que el Gobierno podría impulsar hoy, sin tocar la Constitución: agilizar el levantamiento del secreto bancario a través de la Unidad de Análisis Financiero, hoy frenado por un filtro judicial ex ante que se vuelve un mero trámite; un Fondo Regional de Seguridad que priorice por vulnerabilidad territorial y no por la capacidad de cada municipio de ganar un concurso; y, quizás lo más urgente, una Ley de Ejecución de Penas –que Chile lleva más de treinta años sin promulgar– para ordenar la regulación dispersa que hoy rige nuestras cárceles y que permite justamente lo que la reforma dice querer evitar: que líderes de organizaciones criminales sigan operando desde adentro.

El gobierno tiene la agenda, el diagnóstico y las herramientas. Lo que no tiene es la disposición de usarlas antes de pedir más. Se puede gobernar cruzando los brazos y culpando a la Constitución de no darte suficiente poder. O se puede gobernar tomando lo que ya existe y haciéndolo funcionar, aunque sea menos fotogénico. Lo primero es más cómodo. Lo segundo es la única forma seria de hacerse cargo de la seguridad de las personas.