Ley IVE: 6.627 abortos en 9 años y nuevo proyecto para restringirla
El Minsal contabiliza 6.627 abortos por las tres causales desde 2018. La cifra vuelve a debatirse justo cuando el Partido Nacional Libertario y Republicano empujan un proyecto para obligar a escuchar los latidos fetales antes de abortar.
A casi nueve años de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Minsal contabiliza 6.627 abortos realizados por alguna de las tres causales vigentes. La cifra vuelve a discutirse justo cuando el Partido Nacional Libertario, con respaldo de parlamentarios republicanos, presentó un proyecto que obligaría a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de interrumpir el embarazo.
La Ley IVE rige en Chile desde septiembre de 2017, cuando terminó un largo proceso legislativo que incluyó la revisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, como los reglamentos que permiten aplicarla no se implementaron de inmediato en la red de salud, las estadísticas oficiales solo existen a partir de 2018. Desde entonces y hasta ahora, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, 7.566 embarazos se enmarcaron en alguna de las tres causales que permiten abortar legalmente en el país, y en el 87,5% de esos casos la mujer optó por interrumpir la gestación.
El desglose por causal
Del total de interrupciones registradas, la causa más frecuente fue la inviabilidad fetal, con 2.668 casos, seguida por el riesgo vital para la madre, con 1.917, y la violación, con 1.899. El 12,5% restante, cerca de mil mujeres que calificaron para alguna de las causales, decidió continuar con el embarazo. Solo en lo que va de 2026, el Minsal registra 113 interrupciones por riesgo materno, 114 por inviabilidad fetal y 129 por violación.
Por qué las cifras son más bajas de lo esperado
La presidenta del Departamento de Género del Colegio Médico, Daniela Díaz, sostuvo en La Tercera que los números oficiales están muy por debajo de lo que se anticipaba cuando se discutió la ley.
«Las cifras son mucho más bajas que las que se esperaban. Ahí hay distintas hipótesis de casos que no llegan a constituirse. Entendiendo, por ejemplo, que la tercera causal tiene un límite de edad gestacional. Entonces, si una mujer llega después de las 12 semanas de edad gestacional, ya no constituye la tercera causal», explica.
La profesional plantea además una segunda hipótesis, más incómoda: que parte de las mujeres que podrían acogerse a la ley simplemente no llegan al sistema de salud.
«Puede ser que, siendo una situación de alta vulnerabilidad, las mujeres decidan no acercarse a los sistemas de salud. Ahí también existe la cifra negra de que no se sabe cuántas de las mujeres que están en esta situación también puedan acceder al aborto de forma irregular y fuera del sistema de salud», advierte Díaz.
Lo que se proyectaba antes de la ley
La brecha entre lo estimado y lo registrado no es menor. Un documento de 2021 elaborado por un equipo de asesoría técnica parlamentaria, disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, señala que, según cifras no oficiales previas a la promulgación de la Ley IVE, el número de abortos en Chile, en su enorme mayoría clandestinos, variaba entre 60 mil y 300 mil al año. Esa cifra no tiene punto de comparación con los 6.627 casos acumulados en casi una década de aplicación legal de la norma.
La objeción de conciencia como barrera
Andrea Álvarez, académica del programa Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, apunta a otro factor que explicaría el bajo número de casos: la objeción de conciencia ejercida por profesionales de la salud.
«Lo que ha mostrado la investigación de distintas aristas, tanto de sociedad civil organizada como del mundo de la academia, es que los obstáculos tienen que ver con objeción de conciencia de parte de profesionales de la salud, que no debería serlo porque recordemos que la objeción de conciencia, si bien es una prerrogativa de cada profesional, se supone que un objetor u objetora de conciencia debe derivar, no debe obstaculizar», sostiene la académica.
El cambio de reglamento bajo Boric
Consciente de ese problema, la administración del expresidente Gabriel Boric modificó el reglamento de la ley para evitar que la composición de los equipos médicos termine bloqueando la atención de una paciente. Entre los cambios se creó un listado interno en cada establecimiento de salud con los nombres, funciones y causales específicas del personal que haya manifestado objeción de conciencia. Ese registro solo es accesible para jefaturas y equipos encargados de organizar los turnos, con el objetivo de garantizar que siempre haya personal no objetor disponible. Álvarez, eso sí, pide cautela antes de sacar conclusiones sobre el efecto real de esa medida.
«Todavía es muy reciente y probablemente vamos a ver un reflejo a finales de este año, o sea, cuando también tengamos números cerrados para comparar. Además hay que hacer seguimiento a esta información», advierte.
El alza sostenida de los casos por violación
Uno de los datos que sí ha mostrado un cambio claro con el paso de los años es el de los abortos por causal de violación. En 2018 se registraron 117 casos, cifra que se mantuvo relativamente estable hasta 2023, cuando saltó a 317, para llegar a 404 en 2024 y bajar levemente a 350 en 2025.
Para Díaz, ese incremento no es casual. «Es una de las causales con más objeción de conciencia y hubo un trabajo bien importante por parte del gobierno anterior en cuanto a la difusión de esta ley y en cuanto al cumplimiento de la norma técnica de la derivación oportuna. Entonces, creemos que esos esfuerzos se ven reflejados en el aumento de la cifra», sostiene la presidenta del Departamento de Género del Colmed.
Un tercer intento por restringir el aborto legal
El debate sobre estas cifras no ocurre en el vacío. Como informó La Voz de Maipú, seis diputados de derecha presentaron el 25 de junio el proyecto «Escucha su corazón», que obligaría a los médicos a ofrecer a la mujer escuchar los latidos fetales antes de practicar la interrupción del embarazo, y a negarse a realizar el procedimiento si ella rechaza esa opción. Organizaciones como Miles y Cedidh acusaron a la iniciativa de coaccionar el consentimiento informado de las pacientes.
Semanas después, el diputado Agustín Romero (Republicano, del Distrito 8 que incluye a Maipú) presentó un segundo proyecto que busca penalizar con hasta tres años de cárcel la venta, distribución o facilitación de Misoprostol, el medicamento usado para interrumpir embarazos, con penas agravadas si la venta ocurre por redes sociales o con fines de lucro. Sumado a la discusión que hoy reabren las cifras del Minsal, el proyecto «Escucha su corazón» se perfila así como una ofensiva legislativa del sector que, en menos de dos meses, ha buscado sucesivamente dificultar el consentimiento informado, criminalizar el acceso a medicamentos abortivos y, ahora, capitalizar políticamente un balance de nueve años de una ley que, según los propios datos oficiales, se aplica muy por debajo de lo que se temía o se esperaba.
