El pasado 3 de enero, las concejalas y concejales de La Florida rechazaron el presupuesto 2023 de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef). La decisión se basó en que había 2.500 millones de pesos que, según los representantes comunales, no habrían estado justificados.
Si bien la secretaria general de la corporación, Jeanette Fernández, presentó el desglose del monto ante el Concejo y se terminó aprobando, aún existen dudas sobre la cifra.
Así, estos 2.500 millones siguen complicando al alcalde de La Florida y a una de sus más estrechas colaboradoras, Fernández. Aunque el edil sostuvo en televisión que el tema de este dinero ya estaba terminado, algunos discrepan, y planean llevar la situación a las autoridades necesarias para esclarecer el hecho.
Roberto Valenzuela es militante de la Democracia Cristiana y concejal de La Florida, y afirma que dentro del monto utilizado por la Comudef, hay un ítem de difusión que no justifica el gasto. Así lo consignó Radio UChile.
«La secretaría general está ocupando recursos en actividades que son casi de campaña electoral y no de la corporación propiamente tal. Tiene al Gato Juanito en colegios, actividades con usuarios donde no van otras autoridades más que ella, una gama de actividades que son propiamente tal del Municipio y no de objetivos que tiene que cumplir la Corporación Municipal de Educación y Salud«, sostuvo el concejal para el medio mencionado.
“El alcalde ayer en la televisión dijo que había terminado el tema de los 2 mil 500 millones y como yo creo que no ha terminado, voy a solicitar, volviendo al Concejo, que la Contraloría audite estos 2 mil 500 millones”, agregó Valenzuela.
Cabe señalar que a esta polémica se suma otra que está en curso: a finales de enero, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que señala que la Comudef presenta una diferencia de más de 4 mil 600 millones entre los saldos por acreditar de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE).
El reportaje lo publicó Radio Bío Bío, desde donde también aseguraron que el plazo que le dio el entre contralor a la Comudef fue de 60 días hábiles, tiempo que aún no se cumple.
Al respecto, el concejal Valenzuela sostuvo que «la Contraloría fue súper clara, dijo: usted tiene 60 días hábiles para responder estas observaciones, sino serán enviadas a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, como ya han habido casos de injurias, calumnias y condenas dentro del Concejo Municipal con ese tema, voy a ser súper cauto, y voy a esperar los 60 días hábiles a ver qué responde la corporación y decir si es que hay fraude o no».
Luego de ser consultado sobre si la secretaria general de La Florida debiese renunciar o no, el concejal afirmó que, en caso de que ella quiera postularse como alcaldesa, debiese dejar su cargo actual.
«En el tiempo de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, cuando se levantaba un ministro como candidato presidencial, la derecha plena salía a decir que ese ministro o ministra tenía que renunciar a su cargo, porque si no había un conflicto de interés. Yo aquí veo eso, y creo que la secretaria general, si tiene pretensiones de ser candidata a alcaldesa, debería dar un paso al costado y renunciar a su cargo«, concluyó.
Cabe señalar que otros dos concejales también se refirieron al tema de los 2.500 millones, según consignó El Mostrador.
El concejal Felipe Mancilla (RN) confirmó que «los antecedentes sí llegaron en PDF, lo que no me satisface son las respuestas que vienen en ese documento (…), el área de educación reconoce gastos y también ingresos. El área de salud reconoce gastos y también ingresos».
«Pero en la propuesta que se nos hace llegar, no se reconoce cuántos son los gastos de la administración central y cuántos son los ingresos que va a reconocer la administración central. Hay una legítima duda de por qué se transfieren recursos de educación a administración central, y de salud a la administración central, y que son en promedio creo $2.500 millones. No sabemos cómo se gastan los $2.500 millones. Hay una legítima duda respecto del funcionamiento de la administración central», agregó.
En la misma línea, la concejala Lorena Estivales (RD) aseguró saber «que esas platas vienen del gobierno central y son para salud y educación. Pero si hay destinación de gastos para actividades que no son propias de salud y educación, y si no tenemos la transparencia respecto de esos gastos, es un poco complejo aprobar subvenciones sin esas claridades. Cuántas empresas hay en la Comudef, tampoco nos llegó esa información. A quién le compramos fármacos que estaban carísimos», añadió.
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