Senado aprueba en general proyecto de endurecimiento de penas para menores que cometen delitos graves

La Sala del Senado aprobó este martes en general, con 37 votos a favor y tres en contra, el proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para endurecer las sanciones a menores que cometen delitos graves. La iniciativa pasa ahora a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, con plazo hasta el viernes 17 de julio para presentar indicaciones.

Qué cambia concretamente la ley

El proyecto no se limita a subir penas en abstracto: reescribe varias piezas del sistema. Intensifica la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y la libertad asistida especial con internación parcial, y ajusta las reglas para determinar la pena aplicable a los mayores de 16 años. También incorpora nuevas reglas procesales para resolver la internación provisoria en régimen cerrado y traslada la competencia sobre conflictos derivados de la ejecución de sanciones al juez de garantía del lugar donde el adolescente cumple su condena. Un cambio especialmente sensible: elimina la posibilidad de configurar la atenuante de irreprochable conducta anterior para delitos cometidos por menores de 16 años.

El eco local: una encerrona frustrada en Maipú

El debate sobre reincidencia adolescente que hoy discute el Congreso tiene, en Maipú, un ejemplo reciente y concreto. La comuna fue escenario, a fines de junio, de una encerrona frustrada en el cruce de Camino Melipilla con Camino Santa Marta, cuando cinco sujetos intentaron asaltar un vehículo que, sin saberlo, tripulaban dos carabineros francos de servicio de la Subcomisaría Maipú Oriente. Los funcionarios se identificaron, persiguieron a los asaltantes y lograron detener a dos de ellos.

El capitán Danilo Vauhnik, a cargo de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú, confirmó que los uniformados «proceden a la detención de dos sujetos por el delito de robo con intimidación» y que recuperaron el automóvil utilizado por la banda, el cual «mantenía encargo por el delito de robo». Ambos detenidos son adolescentes de 16 años cuyos historiales superan largamente su edad: uno acumula 19 arrestos previos por robo con violencia, robo con fuerza, robo con intimidación, lesiones y abuso sexual; el otro registra cuatro detenciones anteriores por microtráfico, amenazas, receptación y robo por sorpresa. Entre ambos suman más de 20 aprehensiones, un historial que exhibe justamente el problema de reiteración delictual que las indicaciones del Gobierno buscan abordar.

El compromiso del Gobierno con nuevas indicaciones

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que el Ejecutivo presentará indicaciones en la instancia legislativa que se abre esta semana. «Vamos a hacer efectiva la reiteración en los delitos cometidos por los menores de edad, que hoy día no se reconoce», afirmó el secretario de Estado, quien también anticipó ajustes al régimen cerrado y a las mesas de reinserción.

La propuesta más controvertida del Gobierno apunta a que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan un catálogo de 17 delitos graves puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto, con sus antecedentes vigentes para efectos de reincidencia y traslado a secciones juveniles en cárceles de Gendarmería al cumplir la mayoría de edad. Rabat, sin embargo, matizó el estado de esa idea tras una reunión con autoridades comunales: «Es una materia que recoge situaciones de la legislación comparada. Hoy, en una reunión con alcaldes, nos pusieron sobre la mesa este tema y el compromiso nuestro fue estudiarlo a la luz de sus observaciones. No es una cuestión decidida al 100%, pero nos comprometimos a reevaluarlo de aquí a la presentación de las indicaciones».

Los autores del proyecto celebran el avance

Los senadores RN Andrés Longton y Camila Flores, autores de la moción, valoraron la votación. Longton sostuvo que el proyecto «está constatando una realidad que se ha agravado mucho en los últimos años respecto a la cantidad de menores de edad infractores de ley que cometen delitos cada vez más violentos».

Flores, por su parte, defendió la necesidad de distinguir entre quienes delinquen por primera vez y quienes reinciden en hechos violentos. «No podemos simplemente hacer como que no pasa nada, que estas conductas no son tan graves por tratarse de menores de edad o, simplemente, culpar de estas mismas a la sociedad», dijo la parlamentaria, quien agregó que «la mayoría de los jóvenes vulnerables no decide delinquir, decide salir adelante sin cometer ilícito alguno. Por eso es tan importante dar la señal de que aquel que comete delitos graves, razonando como adulto, debe responder como tal».

Las dudas que quedaron sobre la mesa

No todos los votos favorables vinieron sin reparos. Las senadoras Claudia Pascual (PC) y Beatriz Sánchez (FA) cuestionaron la falta de evidencia sobre el funcionamiento del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que terminó de implementarse en todo el país recién a comienzos de este año. «Me habría gustado que se hubiera hecho un espacio y una mesa técnica», señaló Pascual, mientras Sánchez advirtió que «parece precipitado introducir cambios severos a un servicio que entró en pleno funcionamiento este año».

Pascual fue más allá y cuestionó el fondo del proyecto: «Se ha dicho mucho en materia de cifras: que el 20% de los adolescentes infractores comete el 80% de los delitos más graves. Sin embargo, esta moción, tal como está, no aborda la reincidencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos votando acá? No tengo problemas en tramitar mejoras al sistema, pero me complica el borde desde donde partimos; el rayado de cancha de esta moción», alertó la senadora, en la misma línea que planteaba, según una encuesta Cadem reciente, una amplia mayoría ciudadana partidaria de mayor dureza penal para adolescentes.

El proyecto ahora enfrenta su prueba de fondo en la Comisión de Constitución, donde el Gobierno deberá transformar sus anuncios en texto legal concreto antes del 17 de julio. Mientras tanto, en comunas como Maipú, el problema que la ley intenta resolver sigue teniendo rostro, edad y un prontuario que crece más rápido que la tramitación parlamentaria.