2° Tribunal Ambiental admite reclamación contra aprobación de Planta Santa María en La Farfana
La Coordinadora Ambiental La Farfana logró que la justicia revise la aprobación del proyecto de Aguas Santiago Norte S.A., rechazado desde un inicio por el municipio y los vecinos.
El Segundo Tribunal Ambiental admitió a tramitación la reclamación presentada contra la aprobación de la Planta de Tratamiento Santa María, en La Farfana, Maipú. La acción fue impulsada por la Coordinadora Ambiental La Farfana, luego de que el proyecto de Aguas Santiago Norte S.A. fuera aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) pese al rechazo del municipio y los vecinos.
La admisión a trámite no implica un fallo ni anticipa el resultado del proceso: es la puerta de entrada para que el caso sea examinado en profundidad. «Con ello, el Tribunal revisará los antecedentes del caso», precisó la organización a través de un comunicado, en referencia a la instancia que ahora corresponde iniciar.
El conflicto por esta planta no es nuevo. Como ha consignado La Voz de Maipú, el proyecto acumula años de disputa entre la empresa, la comunidad y la autoridad comunal. La instalación finalmente «fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), pese al rechazo de la Municipalidad de Maipú y los vecinos», quienes advirtieron que la planta agravaría la sobrecarga ambiental que ya enfrenta el sector, donde opera la mayor factoría de tratamiento de aguas de América Latina.
Para quienes han sostenido esa oposición durante años, la decisión del tribunal tiene un valor simbólico además del jurídico. Mayka Martínez, representante de la Coordinadora Ambiental La Farfana, sostuvo que «la admisión a trámite de esta reclamación representa una esperanza para quienes durante años hemos defendido nuestro territorio». Y agregó: «Este paso demuestra que las comunidades tienen derecho a solicitar que las decisiones ambientales sean revisadas cuando existen antecedentes que así lo justifican. Confiamos en que este proceso permita un análisis serio, transparente y riguroso, porque proteger el medioambiente también es proteger la salud, la calidad de vida y el futuro de nuestras comunidades».
El respaldo del Acuerdo de Escazú
La defensora ambiental Bárbara Astudillo Delgado, quien ha acompañado el proceso, situó la admisión a trámite dentro de un marco más amplio de acceso a la justicia ambiental en Chile. Según explicó, la decisión «demuestra que las comunidades tienen derecho a que las decisiones que puedan afectar el medioambiente sean revisadas por los tribunales cuando existen fundamentos para ello».
Astudillo enmarcó el hecho en los estándares del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que Chile ratificó en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental. «El acceso a la justicia es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú y una garantía esencial para fortalecer la democracia ambiental. Esperamos que este proceso permita un análisis riguroso de los antecedentes y contribuya a una mayor protección de los derechos de las personas y de la naturaleza», señaló la abogada.
Con la causa ahora en manos del Segundo Tribunal Ambiental, se abre una nueva etapa en un conflicto que ya lleva años sin resolución definitiva. El organismo aún debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, y «con ello, el Tribunal revisará los antecedentes del caso» antes de determinar si la aprobación de la Coeva se mantiene o es revertida.
