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Clientes sanos, consumidores frágiles: El lado incómodo del boom fitness

El cierre de gimnasios como Energy, evidencia la fragilidad de los clientes ante membresías y pagos anticipados sin una protección adecuada. Asimismo, la columna plantea la necesidad de que el Estado complemente la oferta privada para el deporte.

Clientes sanos, consumidores frágiles:
El lado incómodo del boom fitness

Pagar un año completo de gimnasio no es solo comprar acceso a máquinas. Para muchas

personas significa comprometerse con una rutina, ordenar horarios, proyectar un cambio personal y confiar parte de su vida cotidiana a una empresa.

Por eso, cuando un gimnasio cierra de un día para otro, el problema no es simplemente que alguien “se quedó sin entrenar”. Personas que pagaron, confiaron y planificaron su año descubren que su fidelidad como clientes no necesariamente venía acompañada de una protección equivalente como consumidores.

El 5 de junio de 2026, Energy Club cerró sus gimnasios, incluida la sucursal del Mid Mall en

Maipú. A casi dos meses de ese hecho, el episodio ya no debiera leerse solamente como una

noticia empresarial o como un conflicto puntual entre una cadena y sus socios. Fue una escena

muy propia de nuestro tiempo: usuarios que buscaban cuidar su salud dentro de relaciones de

consumo frágiles, mediadas por membresías, pagos anticipados, contratos de adhesión y

promesas que se volvieron inciertas cuando la empresa dejó de responder.

Casi dos meses después, quienes perdieron parte de sus planes ya pagados continúan sin una

respuesta oficial satisfactoria que se traduzca en devolución, compensación o una alternativa

equivalente. Muchos quedaron a la deriva y debieron buscar otro gimnasio, reorganizar sus

rutinas y volver a pagar por un servicio que creían cubierto.

En Maipú, una parte importante de los antiguos socios de Energy Mid Mall terminó trasladándose a Smart Fit Silva Carvallo, ubicada junto al Unimarc, principalmente por su cercanía. La rutina fitness no desapareció: simplemente tuvo que reubicarse, esta vez a costa de quienes debieron contratar un nuevo servicio.

Las consecuencias tampoco se agotaron en los clientes. Dentro del Mid Mall, kioscos y pequeños

negocios orientados a la alimentación saludable vieron resentido su flujo cuando desapareció la

comunidad que entrenaba en Energy y compraba antes o después de sus rutinas. Hoy esos

locatarios esperan que la eventual llegada de un nuevo gimnasio reactive el circuito. El cierre de

un local ancla afecta también al pequeño ecosistema comercial organizado a su alrededor.

Lo ocurrido en Mid Mall no es un episodio aislado. Durante los últimos años, especialmente

después de la pandemia, el fitness dejó de ser una práctica de nicho para convertirse en una

especie de nuevo sentido común urbano. Ir al gimnasio ya no es solamente hacer deporte. Para

muchas personas, especialmente jóvenes, también significa ordenar la vida, mejorar la salud

mental, construir disciplina, pertenecer a una comunidad y recuperar cierta sensación de control

en medio de una cotidianeidad acelerada y ansiosa.

Ese cambio también se observa en el mercado. Según datos de XBrein publicados por Pulso,

entre 2020 y 2025 el número de locales de gimnasios en Chile creció 72%, pese a que durante la

pandemia cerca del 30% habría cerrado. La industria volvió a expandirse con fuerza, impulsada

en buena medida por cadenas de bajo costo como Smart Fit, que cerró 2025 con 117 sedes

operativas en el país.

Pero el crecimiento de la oferta no resuelve por sí solo el desafío de la actividad física. La

Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte 2024 muestra que en Chile solo el 26% de las

personas entre 5 y 17 años son activas físicamente, mientras que en mayores de 18 años la cifra llega al 45%. Tenemos más gimnasios y más conversación pública sobre entrenamiento, pero todavía enfrentamos el desafío de mover más a la población.

También conviene dejar abierta una reflexión incómoda. El auge fitness no está compuesto

únicamente por hábitos saludables. Puede reproducir presiones estéticas, exigencias corporales poco realistas, ansiedad por el rendimiento y nuevos cánones tóxicos para muchos jóvenes.

Ignorarlo sería ingenuo. Pero reconocer esos riesgos no debiera llevarnos a mirar con sospecha a

quienes entrenan o buscan sentirse mejor. En un país marcado por el sedentarismo, el estrés y el

malestar, que más personas quieran moverse y cuidar su salud sigue siendo una buena noticia.

Esa contradicción permite volver al problema central. Los hábitos saludables quedan muchas

veces encerrados en una relación de mercado marcada por membresías, pagos automáticos,

planes anuales, promociones y letras chicas que casi nadie lee hasta que algo sale mal. Ese es el lado incómodo del boom fitness. La promesa es bienestar, disciplina, salud y comunidad, pero el acceso suele estar mediado por empresas que capturan pagos anticipados y administran parte importante de la rutina de sus usuarios. Mientras todo funciona, uno paga y entrena. Cuando la empresa cierra, el consumidor descubre que su compromiso era mucho más firme que su protección.

En ningún caso quiero demonizar a los gimnasios privados. Por el contrario, han cumplido una

función relevante y han puesto a disposición infraestructura deportiva que, incluso bajo una visión ambiciosa del Estado como garante del bienestar, difícilmente podría haberse extendido con la misma rapidez y cobertura. Con el tamaño y las capacidades actuales del aparato público, habría sido prácticamente imposible que tantas personas accedieran a espacios de entrenamiento bien equipados, modernos y cercanos a sus barrios. En ese sentido, la expansión de las cadenas de bajo costo ha democratizado parcialmente el ejercicio, acercando instalaciones que durante mucho tiempo estuvieron reservadas a grupos más reducidos o a quienes podían pagar precios considerablemente más altos.

Pero que algo sea útil no significa que deba quedar fuera de crítica. Si una persona paga un año

completo de entrenamiento, no compra una boleta aislada. Confía parte de su rutina, su salud y su planificación a una empresa. Cuando el servicio falla, no basta con decir que son riesgos del

mercado. La confianza también es parte del contrato.

El caso también se inserta en una transformación más amplia. En Chile nos hemos acostumbrado a vivir como consumidores permanentes. Consumimos telefonía, internet, streaming, seguros, educación, transporte, salud, aplicaciones, delivery y ahora también bienestar físico.

Nuestra vida cotidiana está organizada por suscripciones y pagos recurrentes. Sin embargo, la protección al consumidor no siempre ha avanzado al mismo ritmo que las estrategias comerciales para captar, retener y segmentar clientes.

Frente a esa realidad, la primera respuesta debe ser inmediata y contractual. Los planes anuales

pagados por adelantado podrían contar con garantías o seguros que resguarden el dinero de los

clientes ante un cierre.

También debiera existir una regulación más estricta, incluso prohibiciones temporales, para impedir que una empresa siga vendiendo membresías de largo plazo cuando no pueda demostrar una situación financiera mínimamente saludable. A ello se suma la necesidad deentregar al Sernac mayores capacidades para exigir compensaciones colectivas oportunasEnergy Club Energy Club , evitando que cientos de personas deban reclamar individualmente mientras la empresa prolonga sus respuestas o desaparece.

Los planes anuales pueden seguir existiendo, pero requieren mecanismos que distribuyan mejor

el riesgo. Hoy la empresa recibe el dinero de inmediato, mientras el cliente queda expuesto si el

servicio no se cumple. Un mercado moderno no solo debe ser eficiente para vender y fidelizar,

también debe saber proteger y reparar.

Proteger a quienes contratan un gimnasio es urgente. Construir ciudades donde ejercitarse no

dependa exclusivamente de una membresía es un desafío más profundo. En el corto plazo

necesitamos consumidores mejor protegidos, pero, en un horizonte más amplio, también debemos preguntarnos por qué el acceso a la actividad física depende todavía tanto del mercado. Las empresas privadas seguirán siendo relevantes, pero deben operar con reglas claras. Al mismo tiempo, el Estado tiene que ampliar las alternativas públicas y comunitarias para hacer actividad física.

El rol del Estado no pasa por administrar gimnasios, sino por invertir más en espacios para correr,

caminar, pedalear, hacer calistenia y entrenar al aire libre. La vida fitness no puede depender

exclusivamente de una tarjeta, una aplicación o una mensualidad.

Maipú tiene ejemplos que vale la pena mirar. El Polideportivo Martín Vargas demuestra que es

posible pensar equipamiento deportivo de calidad desde lo público, con espacios para distintas

disciplinas y una sala muscular que acerca máquinas y entrenamiento a la comunidad. Qué

distinto sería Chile si cada comuna pudiera contar con un espacio de ese estándar, cercano, bien

equipado y pensado también para quienes no pueden pagar un plan privado.

Lo mismo ocurre con las jornadas dominicales de actividad física en Avenida Pajaritos, donde la calle se abre para correr, caminar, andar en bicicleta y compartir en familia. Aunque a algunos

automovilistas les moleste perder una pista durante algunas horas, una ciudad no puede

diseñarse únicamente desde la comodidad del auto. Cuando se abre para corredores, ciclistas,

niños, adultos mayores y familias, se expresa una idea de ciudad donde el espacio común no es

solo una vía de tránsito, sino también un lugar de salud, recreación y comunidad.

El cierre de Energy ocurrió hace casi dos meses y puede parecer menor frente a los grandes

problemas nacionales, pero estos casos muestran con nitidez tensiones de la vida cotidiana. Nos

hablan de consumidores que confiaron y quedaron expuestos, de empresas que venden bienestar sin garantizar siempre seguridad contractual y de personas que quieren cuidarse dentro de mercados que muchas veces las tratan más como pagos recurrentes que como ciudadanos con derechos.

Los gimnasios privados y los espacios públicos cumplen funciones distintas y complementarias. Los primeros requieren mejores garantías para sus clientes; los segundos, más inversión y una distribución territorial más equitativa. En lo inmediato, necesitamos garantías, regulación y una institucionalidad capaz de responder a quienes perdieron dinero. En el mediano y largo plazo, necesitamos infraestructura accesible y bien distribuida para que la actividad física no sea un privilegio condicionado por el ingreso.

Una sociedad saludable no se mide solo por la cantidad de gimnasios que abre. También se mide

por su capacidad de responder a quienes pagaron por adelantado, confiaron en una empresa y

quedaron abandonados cuando esta cerró. El desafío de fondo es que todas las personas tengan

la posibilidad real de acceder a un centro deportivo, público o privado, y disponer en su entorno

cercano de calles, plazas y barrios adecuados para moverse, correr y ejercitarse.

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