Entra en vigencia la Ley de Convivencia y Buen Trato: qué cambia para los colegios
Desde este 1 de julio rige la Ley N°21.809, que reemplaza el enfoque punitivo por uno formativo en la gestión de la convivencia escolar y crea equipos de coordinación en vez de un encargado único.
A contar de este 1 de julio comenzó a regir la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, la N°21.809, una normativa que busca cambiar la forma en que los colegios chilenos abordan los conflictos entre estudiantes, docentes y familias. La ley llega en un momento en que la convivencia escolar se ha convertido en uno de los temas más sensibles para los establecimientos educacionales tras la pandemia, y su sello distintivo es claro: prioriza lo formativo por sobre lo punitivo.
Esto significa que las medidas pedagógicas (orientadas a que estudiantes y adultos aprendan nuevas formas de relacionarse) deben aplicarse antes que las sanciones. La lógica de «control reactivo», donde el colegio solo actúa cuando ya ocurrió el problema, queda en un segundo plano frente a un enfoque que busca atender las causas de los conflictos en el día a día escolar.
El fin del encargado de convivencia en solitario
Uno de los cambios institucionales más relevantes de la Ley N°21.809 es la desaparición de la figura del encargado de convivencia escolar tal como se conocía hasta ahora: una sola persona, muchas veces sobrecargada de funciones, responsable de gestionar los conflictos de todo un establecimiento.
En su reemplazo, la normativa crea la figura de un coordinador o coordinadora que lidera un equipo de trabajo. El cambio reconoce algo que en los colegios se sabe hace tiempo: la convivencia escolar no puede recaer en una sola persona, sino que requiere una estructura compartida entre distintos profesionales del establecimiento.
La ley también pone el foco en proteger a quienes trabajan a diario en las aulas. Se refuerza el derecho de docentes y asistentes de la educación a ejercer su labor en ambientes seguros y libres de violencia, reafirmando su autoridad pedagógica no desde el autoritarismo, sino desde un rol de acompañamiento y guía hacia los estudiantes.
Coordinación entre ministerios, el otro pilar
La Ley N°21.809 asume que mejorar la convivencia escolar no es una tarea que los colegios puedan resolver solos. Por eso mandata una coordinación entre el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, entidades que hasta ahora no siempre han trabajado de forma coherente entre sí.
Además, la normativa exige articulación con otras carteras del Estado, Salud, Justicia, Trabajo y la Mujer, para que los establecimientos educacionales cuenten con apoyos reales frente a situaciones que exceden lo pedagógico, como casos de violencia intrafamiliar o problemas de salud mental de los estudiantes.
El debate sobre cómo enfrentar la violencia en los colegios no es nuevo para Maipú. La Voz de Maipú informó en abril sobre las tensiones que generó en el mundo educativo la propuesta de instalar detectores de metales en los accesos de los establecimientos, una medida centrada en el control y la seguridad física más que en la formación. La Ley N°21.809 se mueve en la dirección contraria: apuesta por prevenir antes que fiscalizar.
También existe un antecedente reciente y directo en la comuna: el fallo del Tribunal Constitucional que frenó la ley de Escuelas Protegidas, medida que también buscaba intervenir en la gestión de la seguridad al interior de los colegios. Aunque se trata de una normativa distinta, ambos casos reflejan la misma discusión de fondo que hoy resuelve —al menos en parte— la nueva ley: qué lugar debe ocupar el castigo y cuál la formación en la vida escolar.
Una ley que no resuelve todo, pero marca un rumbo
La normativa no logra zanjar por completo la tensión histórica entre sanción y formación dentro de la gestión escolar, pero sí establece con claridad cuál debe ser el criterio preferente: la vía pedagógica. Reconoce, además, que la convivencia no es una tarea anexa al currículum, sino un aprendizaje en sí mismo, tan relevante como cualquier asignatura para la formación ciudadana de los estudiantes.
Para que la ley tenga efectos reales en las salas de clases de Maipú y del resto del país, su implementación dependerá de la difusión y apropiación que hagan sostenedores, directivos y comunidades educativas completas. La normativa existe; el desafío ahora es que deje de ser letra en el Diario Oficial y se convierta en práctica cotidiana dentro de cada colegio.