El Tribunal Constitucional (TC) asestó un duro golpe al proyecto de ley Escuelas Protegidas este martes 24 de junio, declarando inconstitucionales varias de sus normas más relevantes. La decisión tiene consecuencias directas para los colegios de Maipú, una comuna que en los últimos meses ha enfrentado una seguidilla de amenazas de tiroteo en sus establecimientos educacionales.
Como informó La Voz de Maipú, desde abril de 2026 distintos colegios de la comuna (entre ellos el Ellen College, el Colegio Alicante, el Colegio El Arrayán , el Boston College y Lincoln College) registraron amenazas escritas en los baños de sus recintos, generando alerta en las comunidades escolares y activando protocolos de seguridad coordinados con Carabineros y el SLEP Santa Corina. Fue precisamente ese contexto de violencia escolar (que también se replicó en otros sectores del país) el que impulsó a nivel nacional el debate sobre las Escuelas Protegidas.
Qué declaró inconstitucional el TC
El fallo eliminó cuatro normas centrales del proyecto. La primera y más relevante es la que condicionaba el acceso a la gratuidad universitaria: el proyecto establecía que quienes fueran condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad no podrían acceder a ese beneficio. El TC lo declaró inconstitucional.
La segunda norma caída es la que permitía a la policía revisar mochilas y pertenencias de estudiantes de forma forzosa cuando estos se negaran a exhibirlas. El TC estableció que esa revisión solo puede hacerse bajo las condiciones del establecimiento y con la presencia de los apoderados, sin intervención policial coercitiva.
También fueron declaradas inconstitucionales la norma que calificaba como falta grave los actos estudiantiles que paralizaran clases, la prohibición de vestimentas con alusión a la violencia o conductas delictuales, y la posibilidad de excluir de los procesos de admisión a estudiantes previamente expulsados.
El impacto local
Para los colegios de Maipú que activaron protocolos ante las amenazas de abril y junio, el fallo significa que las herramientas más duras contempladas en el proyecto quedan descartadas. Los establecimientos deberán seguir operando con los mecanismos de convivencia escolar ya existentes además de la coordinación con Carabineros y el municipio, tal como lo hicieron durante la crisis de amenazas de los últimos meses.
El TC no anuló el proyecto completo. Las normas que sí sobrevivieron al fallo seguirán vigentes una vez que la ley sea promulgada. La sentencia completa, con los fundamentos jurídicos de cada decisión, se conocerá en los próximos días.
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