7° Juzgado de Garantía revisa medidas cautelares de Joaquín Lavín León
La jueza Michel Ibacache resuelve hoy si el exdiputado, preso desde mayo por el caso ligado a Maipú, sigue en el Anexo Capitán Yáber, pasa a arresto domiciliario o queda en libertad.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago define este lunes qué pasará con la libertad del exdiputado Joaquín Lavín León, preso preventivamente desde el 8 de mayo en el Anexo Capitán Yáber. La audiencia, inicialmente fijada para el viernes 31 de julio, fue postergada tras los alegatos de la Fiscalía y la defensa del exparlamentario.
Qué se resuelve y quién lo pide
La jueza Michel Ibacache, titular del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se pronunciará hoy lunes respecto a la solicitud realizada por el abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Joaquín Lavín León, para modificar la medida cautelar de prisión preventiva que se decretó para el exdiputado el 8 de mayo de este año. Desde esa fecha, el exlegislador permanece recluido en el Anexo Capitán Yáber, a la espera de que el tribunal defina si mantiene, modifica o revoca la cautelar que pesa sobre él.
El argumento de la defensa
La estrategia de Bonacic se apoya en un argumento clásico del proceso penal: sostener que las circunstancias que justificaron la prisión preventiva ya no están vigentes. Según pudo reconstruirse a partir de los alegatos, «la defensa de Lavín León sostiene que ya no se cumplen los requisitos que justifican mantenerlo en prisión preventiva: peligro de fuga, riesgo para la investigación y posibilidad de reiteración del delito». Con ese fundamento, la defensa pedirá al tribunal que revoque la medida cautelar y permita al exdiputado enfrentar el proceso en libertad o bajo alguna fórmula menos restrictiva.
Los delitos investigados, sin condena hasta ahora
Lavín León está formalizado por una serie de delitos económicos y electorales cuya imputación aún debe probarse en juicio. Entre los cargos que enfrenta figuran: fraude al fisco por cerca de 240 millones de pesos y falsificación de instrumento privado. La arista electoral de la investigación apunta a la aplicación «Social Task», herramienta que habría servido para evaluar candidatos y ordenar el despliegue territorial de campaña, y cuyo desarrollo, según sospecha la Fiscalía, se pagó con cargo a los recursos que el Congreso Nacional le asignaba como diputado. Se trata, en todos los casos, de imputaciones que el Ministerio Público debe acreditar en un eventual juicio oral; hasta entonces, rige a favor del exparlamentario la presunción de inocencia.
El vínculo con Maipú y Cathy Barriga
Buena parte de la investigación tiene un correlato directo en la comuna. Según expuso la Fiscalía, «la investigación se relaciona con campañas electorales y contrataciones vinculadas a la Municipalidad de Maipú, comuna donde su actual pareja ejerció como alcaldesa», en referencia a Cathy Barriga. La Voz de Maipú ha dado seguimiento a esta causa desde su origen: en mayo pasado informamos sobre la audiencia de formalización que abrió el proceso, sobre el rechazo de la Corte de Santiago al amparo presentado por su defensa, instancia en la que la propia Municipalidad de Maipú fue parte querellante, y sobre el hallazgo de que parte del despliegue electoral operaba desde su sede parlamentaria en pleno Maipú.
El antecedente paralelo: el traslado de Domínguez
Hay un dato adicional que podría pesar en la decisión del tribunal. Se trata del caso de Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín León y también sometido a prisión preventiva por esta misma causa, a quien el propio 7° Juzgado de Garantía ordenó trasladar hace poco desde el penal Santiago 1 hacia el Anexo Capitán Yáber. El cambio se fundamentó en razones de salud del imputado y en que existía un trato distinto e injustificado respecto del resto de los procesados: mientras ellos cumplían la cautelar en Capitán Yáber, Domínguez seguía recluido en Santiago 1.
Los escenarios sobre la mesa
Con ambos antecedentes en juego, son varias las salidas que baraja el tribunal: dejar todo como está y mantener a Lavín León preso, cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario —ya sea total, o parcial en su versión nocturna o de 24 horas—, o levantar directamente la medida. Se espera que la jueza Ibacache resuelva hoy mismo. La defensa ya intentó revertir la cautelar por otra vía en mayo, cuando la Corte de Santiago rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado a su favor: esta vez, la decisión queda en manos del mismo tribunal que la decretó.
