Compensación por contribuciones: 102 alcaldes exigen veto presidencial y piden a Kast salir del tono amenazante del ‘todo o nada’
Un grupo de más de 100 alcaldes exige al Presidente Kast aplicar un veto aditivo para modificar el mecanismo de compensación por la exención de contribuciones. Los jefes comunales advierten que la propuesta actual beneficia a los municipios de mayores ingresos.

Un frente transversal compuesto por más de cien alcaldesas y alcaldes de todo el país, incluido el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic, se reunieron para emanar una declaración pública ante la fórmula del gobierno respecto de compensación a municipalidades por contribuciones que se votará en el Congreso esta semana.
En el documento, las 102 autoridades comunales expresaron su firme rechazo a la propuesta de compensación impulsada por el Gobierno para paliar los ingresos que las comunas dejarán de percibir por la exención de contribuciones. A juicio de los ediles, la medida genera una distorsión grave en el sistema actual, asegurando que «en lugar de cerrar brechas, las profundiza: las contribuciones financian más de la mitad del Fondo Común Municipal, el principal instrumento de solidaridad territorial del país, y sin embargo el mecanismo propuesto no canaliza la totalidad de los recursos a través del FCM».
El eje del reclamo apunta a la arquitectura tributaria planteada por el Ejecutivo, la cual, según acusan, beneficia de manera desproporcionada a los municipios con mayor capacidad económica. En la misiva, los jefes comunales cuestionaron abiertamente que el diseño priorice la concentración de fondos en sectores privilegiados en desmedro de las comunas más vulnerables. Cuestionando directamente la viabilidad social de la propuesta, recalcaron que «son finalmente, los vecinos que habitan en comunas de escasos recursos, los que con sus impuestos deberán compensar la merma que deja un beneficio tributario que se concentra mayoritariamente en las 3 comunas de mayores ingresos del país».

Ante esta disparidad, la propuesta de los gobiernos locales no busca incrementar el gasto público, sino redistribuir de manera eficiente los recursos que el propio Estado ya comprometió. Las y los jefes comunales solicitan que los 200 millones de dólares destinados al plan de compensación ingresen directamente al Fondo Común Municipal para garantizar un reparto equitativo a lo largo de todo el territorio nacional. Al respecto, subrayan de manera categórica la postura del grupo: «No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el Fondo Común Municipal».
La declaración pública no solo se limita a la fórmula técnica de distribución, sino también al marco legislativo en el que se dio el debate.
Las autoridades comunales manifestaron su disconformidad con el hecho de que la discusión sobre el financiamiento local quedara supeditada a una megarreforma tributaria amplia, en lugar de abordarse mediante una discusión estructural y descentralizada. «No creemos que la respuesta sea enfrentar a unas comunas con otras, sino que aspiramos a un sistema que permita fortalecer al conjunto de los gobiernos locales acercándonos a los niveles de gasto de la OCDE», plantearon en el escrito.
Con el objetivo de destrabar el conflicto antes de que la medida quede firme, la agrupación municipalista apeló directamente a la máxima autoridad del Ejecutivo para abrir una mesa de negociación técnica y política.
En esa línea, los alcaldes presionaron por el uso de atribuciones ejecutivas para corregir el rumbo del proyecto, indicando que «hoy el Presidente José Antonio Kast puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del ‘todo o nada’ y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos».
La ofensiva alcaldicia deja la pelota en la cancha de La Moneda, en un momento clave para el equilibrio territorial y la descentralización fiscal del país. Los ediles concluyeron su emplazamiento recordando la responsabilidad ética que le cabe al Gobierno en materia de equidad social, enfatizando que «el Estado tiene como deber corregir las enormes desigualdades de nuestro país, y no aumentarlas. Hoy, el Presidente tiene una opción real y concreta de tomar una decisión que beneficie a la gran mayoría de vecinos y municipalidades».



