Sichel versus Vodanovic: la disputa por la justicia territorial

No todos los grandes versus políticos ocurren en La Moneda o en el Congreso. Algunos comienzan entre alcaldes que gobiernan territorios distintos, pero forman parte de una misma ciudad. Sebastián Sichel y Tomás Vodanovic están hoy entre las figuras políticas con mayor aprobación y mejor evaluación ciudadana. Su disputa sobre contribuciones y financiamiento municipal abre una pregunta profunda: ¿cómo repartimos los costos de vivir en una metrópolis desigual?

Sichel ha cuestionado que el debate se presente como una lucha de clases destinada a quitarle recursos a Las Condes. También preguntó por qué los municipios deben depender del pago de contribuciones mientras gobiernos regionales y ministerios reciben fondos generales del Estado. Su planteamiento contiene elementos razonables, pero utiliza una caricatura de la redistribución que simplifica un problema mucho más complejo.

Hay una parte de su argumento que sería injusto ignorar. Un impuesto puede perseguir un objetivo legítimo y producir situaciones injustas. Es el caso de personas mayores que viven en propiedades cuyo avalúo aumentó, pero dependen de pensiones insuficientes. También puede existir una desconexión evidente entre patrimonio inmobiliario y capacidad efectiva de pago.

Reconocer estas situaciones no obliga a eliminar el impuesto territorial, sino a corregirlo mediante exenciones focalizadas, rebajas o postergaciones para quienes carecen de liquidez. Sichel tiene razón cuando advierte que una vivienda valorizada no convierte automáticamente a su propietario en una persona de altos ingresos. Defender la progresividad no significa ignorar a quienes pueden resultar injustamente afectados.

El problema comienza cuando esta crítica legítima se utiliza para deslegitimar la redistribución. El concepto de lucha de clases no es necesariamente equivocado ni carece de valor para interpretar conflictos sociales. Lo cuestionable es la manera caricaturesca en que Sichel lo emplea, como si hablar de desigualdad territorial significara reavivar una confrontación artificial entre ricos y pobres entendidos como clases enemigas.

La desigualdad entre comunas no es una invención ideológica ni un intento de dividir a sus habitantes. Se expresa en presupuestos municipales distintos, en la calidad de los espacios públicos, la seguridad, los servicios y las oportunidades según el lugar donde se vive. También es una discusión sobre democracia, porque el código postal no debería determinar la calidad de ciudadanía que una persona puede ejercer.

En este punto, Sichel parece quedarse estancado en una interpretación que la discusión internacional lleva tiempo superando. En la OCDE y en el debate comparado, los impuestos progresivos y las políticas redistributivas no se entienden como un castigo moral contra quienes poseen más, sino como instrumentos para reducir desigualdades, financiar bienes comunes y ampliar oportunidades. Esto exige diseñarlos correctamente, pero también abandonar la idea de que redistribuir equivale a sancionar.

Tampoco es saludable para el debate democrático que un alcalde caricaturice estas políticas como una forma de despojo. Países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Canadá o el Reino Unido combinan impuestos progresivos, transferencias sociales y gravámenes recurrentes sobre la propiedad. Según la OCDE, Finlandia está entre aquellos donde impuestos y transferencias reducen con mayor fuerza la desigualdad. Sus modelos son distintos, pero muestran que redistribuir no es una extravagancia ideológica, sino una función habitual de los Estados desarrollados. La discusión seria es cómo hacerlo con justicia, eficiencia y protección para quienes puedan verse injustamente afectados.

Una señal interesante aparece en el Pulso Ciudadano de Activa Research de julio. Aunque la medición consultó por el impuesto corporativo, un 43% se mostró en desacuerdo con reducirlo del 27% al 23%, mientras solo un 26% estuvo de acuerdo. El dato no prueba un respaldo automático a cualquier tributo, pero muestra que la ciudadanía distingue entre bajar impuestos y distribuir justamente sus costos y beneficios.

Sichel abre una discusión atendible cuando pregunta por qué los alcaldes no pelean por los fondos generales de la nación. Chile debería revisar si los municipios dependen excesivamente de bases tributarias locales muy desiguales y si el Estado central debe garantizar un piso más estable para financiar servicios comunales básicos.

Sin embargo, comparar a los municipios con ministerios como Defensa o Deporte, o con los gobiernos regionales, es incompleto. Los ministerios cumplen funciones nacionales y se financian mediante la Ley de Presupuestos. Las municipalidades son corporaciones autónomas cuyo financiamiento combina recaudación local, transferencias estatales y el Fondo Común Municipal. Son niveles institucionales distintos.

Recurrir a fondos generales tampoco elimina el problema distributivo, solo lo traslada. Si el Estado usa impuestos pagados por todo Chile para compensar cada peso que las comunas con mayor recaudación dejan de recibir, aún debemos preguntarnos quién aporta y quién se beneficia. Eso discute Vodanovic: si la compensación proviene del presupuesto nacional, ¿debe reponer íntegramente los ingresos de cada municipio o distribuirse según las necesidades del conjunto?

Por eso, no es correcto afirmar que Vodanovic no está peleando por fondos generales. Está discutiendo su destino. Su postura busca que esos recursos fortalezcan el Fondo Común Municipal, en lugar de reproducir las diferencias recaudatorias existentes. Se puede debatir esa fórmula, pero reducirla a una pelea entre municipios oculta cómo debe actuar el Estado frente a desigualdades territoriales persistentes.

Sichel también recurrió a su historia personal. Recordó que creció en el sector más pobre de Las Condes y estudió en un liceo público, mientras Vodanovic asistió a un colegio más acomodado. Su trayectoria merece respeto y recuerda que Las Condes no es homogénea. Pero las políticas públicas deben evaluarse según ingresos, necesidades y desigualdades objetivas, no según quién tuvo la infancia más vulnerable.

El Fondo Común Municipal debe entenderse desde esa lógica. Como señalé anteriormente en estas páginas al escribir sobre las contribuciones, no es una colecta voluntaria entre alcaldes generosos. Existe porque las comunas poseen capacidades muy distintas para generar ingresos. Su sentido puede resumirse de manera sencilla: el acceso a plazas, seguridad, iluminación, calles cuidadas y servicios municipales no debería depender exclusivamente de la riqueza inmobiliaria y comercial de cada territorio.

Maipú permite observar con claridad este problema. Nuestra comuna no es solamente un dormitorio. Tiene industria, comercio, servicios y un enorme potencial de desarrollo propio. Sin embargo, para demasiados maipucinos sigue siendo el lugar desde donde se sale cada mañana para trabajar, estudiar y acceder a oportunidades concentradas en otros sectores de Santiago. Como he planteado antes en este medio, progresar no debería depender siempre de abandonar la comuna durante buena parte del día.

Mientras esa realidad no cambie, Maipú seguirá aportando diariamente trabajadores, tiempo, conocimientos y cuidados a los principales polos económicos de la capital. Las familias viven aquí, organizan sus redes de apoyo y utilizan los servicios locales. Pero cuando esos vecinos llegan a una oficina, clínica, centro comercial o empresa ubicada en otro territorio, gran parte de la actividad económica y de la recaudación asociada queda en la comuna de destino.

Sichel pide que Las Condes sea entendida como una plataforma de servicios y no simplemente como una comuna de ricos a la que se debe quitar recursos. La primera parte es correcta. Las Condes presta servicios a toda la metrópolis, pero esa plataforma no funciona sola. Necesita trabajadores que cada mañana llegan desde Maipú y desde otras comunas dormitorio o territorios que no concentran los principales polos productivos y comerciales, pero cumplen funciones residenciales esenciales para Santiago.

Las Condes necesita a Maipú tanto como Maipú necesita los empleos y servicios concentrados en Las Condes. Lo que no se distribuye de la misma manera son los beneficios económicos y los costos sociales de esa relación. Algunas comunas concentran oficinas, patentes, comercio y propiedades de alto avalúo. Otras concentran población, viajes largos y alta demanda por servicios locales. El Fondo Común Municipal busca compensar, aunque sea parcialmente, ese desequilibrio.

No se trata de convertir a Las Condes en enemiga de Maipú ni de culpar a sus habitantes por la desigualdad urbana. La justicia territorial no busca castigar a quien recauda más, sino reconocer que ninguna comuna produce su prosperidad de manera aislada. Santiago comparte trabajadores, carreteras, contaminación, tiempos de traslado y productividad. Es razonable que también comparta parte de los recursos que sostienen la vida local.

Sichel y Vodanovic expresan preocupaciones legítimas. Sichel pone el acento en proteger al contribuyente, corregir impuestos mal diseñados y fortalecer el financiamiento municipal. Vodanovic se concentra en la desigualdad entre comunas y en la obligación del Estado de distribuir recursos según necesidades diferentes. El error de Sichel no está en defender a los contribuyentes, sino en presentar la redistribución como hostilidad contra quienes tienen más.

Sichel tiene razón en que ningún impuesto debe producir injusticias evitables y en que las contribuciones necesitan mecanismos que protejan a quienes carecen de ingresos suficientes. También es razonable discutir un financiamiento estatal más estable. Pero Vodanovic acierta en la discusión profunda: la respuesta a un impuesto imperfecto no puede ser debilitar la solidaridad territorial ni usar recursos pagados por todos para reponer automáticamente las ventajas recaudatorias de quienes ya tienen más.

Los impuestos progresivos no son una revancha, sino una forma democrática de repartir la cuenta de una prosperidad construida colectivamente. Maipú no pide castigar a otra comuna, sino reconocer el aporte de las comunas dormitorio. Como he señalado antes, sin fondo común no hay país común. Y sin justicia territorial, la ciudad compartida no pasa de ser una promesa.