Descentralización en deuda: los municipios frente a la megarreforma

La aprobación de la megarreforma tributaria deja una preocupante señal para el financiamiento municipal: mientras se proyecta un déficit de US$200 millones para el sistema, el 42% de los recursos fiscales destinados a compensaciones, equivalentes a $28.849 millones, se concentra en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. La discusión no está en el beneficio para las personas mayores, sino en cómo se financia: resulta difícil hablar de justicia territorial cuando recursos que aportamos todos terminan beneficiando de manera desproporcionada a comunas que ya cuentan con mayores capacidades económicas, en lugar de fortalecer el Fondo Común Municipal y llegar con más recursos allí donde las necesidades son mayores.

En Maipú, las consecuencias de esta decisión son concretas. Si los recursos destinados al mecanismo de compensación se hubieran canalizado íntegramente a través del Fondo Común Municipal, nuestra comuna habría recibido $1.994 millones adicionales para seguridad y obras. Para Maipú, $1.994 millones no son una cifra abstracta: son recursos que podrían transformarse en más seguridad, infraestructura y mejores servicios para nuestras familias. Es una oportunidad de inversión local que, con la reforma ya aprobada, dejamos de tener.

Pero el impacto de esta decisión se vuelve aún más evidente cuando miramos a comunas que enfrentan mayores brechas y, al mismo tiempo, sostienen importantes cargas para el desarrollo de sus territorios. Tiltil representa una de las mayores contradicciones del modelo de financiamiento municipal: es una comuna que aporta al desarrollo regional, acogiendo infraestructura que pocas comunas están dispuestas a recibir y soportando importantes externalidades ambientales y sociales, pero que continúa dependiendo del Fondo Común Municipal para financiar servicios esenciales para su población. Debilitar este instrumento significa exigir aún más sacrificios a territorios que históricamente han contribuido al bienestar de toda la región sin recibir una compensación equivalente. Las consecuencias son concretas: se pone en riesgo la continuidad de servicios críticos como el abastecimiento de agua potable mediante camiones aljibe para las comunidades que dependen de este sistema, el retiro domiciliario de residuos, el fortalecimiento de la seguridad pública y la recuperación de espacios públicos, el aumento de la fiscalización ambiental frente a actividades de alto impacto, la atención primaria de salud y diversos programas sociales orientados a niños, jóvenes, personas mayores y familias vulnerables. Cuando disminuyen los recursos municipales, no solo se reducen los presupuestos: se debilita la capacidad del Estado para responder a las necesidades más básicas de quienes viven en los territorios que históricamente más han aportado y menos han recibido.

Esta realidad es aún más crítica en territorios extremos y rezagados, que constituyen hoy la prueba más exigente para cualquier proyecto real de descentralización. El Archipiélago de Juan Fernández, por ejemplo, presenta una dependencia del 92% del Fondo Común Municipal, lo que vuelve cualquier desajuste en este instrumento una amenaza directa a su estabilidad y supervivencia financiera. En este territorio, la gestión local se enfrenta a sobrecostos estructurales asfixiantes: solo la operación del sistema de autogeneración eléctrica requiere una inversión anual en combustible y mantenimiento que supera con creces los $800 millones, de los cuales el subsidio estatal apenas alcanza a cubrir el 73%, obligando al municipio a administrar cobros a los usuarios para no interrumpir el suministro en un poblado que depende enteramente del diesel. Persisten, además, desafíos fundamentales en materia de derechos básicos que la megarreforma ignora; la crisis de infraestructura sanitaria es ilustrativa: el CESFAM de la comuna presenta fallas críticas como la falta de potabilización del agua y deficiencias en la red de oxígeno central, lo que restringe gravemente la capacidad de brindar atención de salud segura a sus habitantes y vuelve vital la ejecución de proyectos urgentes de saneamiento y alcantarillado en San Juan Bautista que el municipio no podría financiar por sí solo.

Esta misma realidad se replica en San José de Maipo, donde las particularidades de un territorio cordillerano y rural tensionan las capacidades financieras de un municipio que, pese a haber elevado sus ingresos propios permanentes a cerca de $10.000 millones, debe destinarlos principalmente a sostener servicios básicos, mientras proyectos estratégicos para sus habitantes requieren financiamiento externo. San José de Maipo no es un caso aislado: es otra expresión de un modelo que exige más a los municipios con mayores brechas y menos capacidades, justamente aquellos que más necesitan solidaridad territorial. Debilitar el Fondo Común Municipal no solo limita la posibilidad de financiar viviendas, salud o servicios esenciales en estas comunas, sino que profundiza las desigualdades territoriales que cualquier verdadera política de descentralización debiera contribuir a reducir.

Cuando una municipalidad debe escoger entre cumplir sus obligaciones básicas y ejecutar nuevas obras o programas, la discusión deja de ser presupuestaria y pasa a ser una cuestión de calidad de vida, derechos y justicia territorial. Hoy los municipios enfrentan una ciudadanía más exigente y un mayor escrutinio, y han asumido el desafío de avanzar hacia gestiones más ordenadas, transparentes, eficientes e innovadoras, fortaleciendo el control y mejorando permanentemente el uso de los recursos públicos. Ese compromiso debe ir acompañado de un sistema de financiamiento que reconozca que no todas las comunas parten desde el mismo lugar. La reforma ya está aprobada; ahora corresponde hacernos cargo de sus efectos y hacer frente a las brechas que siguen existiendo en nuestros territorios, defendiendo un Fondo Común Municipal que cumpla efectivamente su propósito redistributivo. Porque la solidaridad entre municipios no es un gasto, sino una condición para una verdadera descentralización: vivir en una comuna con menores ingresos no puede significar tener menos oportunidades, menos servicios ni menos dignidad. Si queremos fortalecer la confianza en lo público, debemos defender un principio fundamental: el lugar donde una persona vive no puede determinar la calidad de los derechos y servicios que recibe del Estado.

Por

Alfonso Castellano Bello – Encargado Frente Amplio Maipú y Candidato Comité Central Nacional

Diego Trincado Herrera – Concejal San José de Maipo

Pablo Manríquez Angulo – Alcalde Juan Fernández

Luis Valenzuela Cruzat – ex – Alcalde Tiltil