Megarreforma vuelve hoy a la Cámara de Diputados para su tercer y posible último trámite

El proyecto de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica del Gobierno de José Antonio Kast llega hoy a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, luego de que el Senado despachara la iniciativa en la madrugada de este jueves con ajustes tributarios y varias reservas de constitucionalidad. Las y los diputados deberán decidir si ratifican los cambios introducidos por el Senado o si el proyecto pasa a una comisión mixta.

Qué se juega la Cámara en este tercer trámite

En términos simples, hoy la Sala de la Cámara de Diputados debe revisar una a una las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto original. Si la mayoría de diputadas y diputados respalda esos cambios tal como quedaron redactados, la megarreforma queda lista para su promulgación como ley. Si no hay acuerdo, el paso siguiente es la formación de una comisión mixta, integrada por senadores y diputados, que deberá destrabar las diferencias antes de que el texto pueda convertirse en norma.

Los ejes tributarios que llegan a revisión

Entre los puntos que la Cámara tiene sobre la mesa está la llamada invariabilidad tributaria, que fija reglas impositivas estables por distintos plazos según el tamaño de la inversión: 10 años para proyectos de hasta 50 millones de dólares, 15 años para los que están entre 50 y 350 millones, y 20 años para las inversiones que superan ese monto. A las empresas que se acojan a este mecanismo se les aplicará además una tasa corporativa especial de 1,5%.

El otro punto central —descrito por los propios impulsores del proyecto como el corazón de la reforma— es la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría, que bajará del actual 27% a 23% en un proceso escalonado: 25,5% en 2027, 24% en 2028 y la tasa definitiva de 23% desde el año tributario 2029 en adelante.

Las normas que podrían caer por inconstitucionales

Un capítulo aparte son las reservas de constitucionalidad que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó durante la discusión en el Senado. La primera apunta a una indicación del Frente Amplio que buscaba terminar con la obligación exclusiva de las empresas con 20 o más trabajadoras de entregar derecho a sala cuna. La segunda es una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés. En ambos casos, Quiroz sostuvo que las disposiciones no responden a las ideas matrices del proyecto original.

La tercera reserva recae sobre una indicación de la senadora socialista Daniella Cicardini, aprobada en la Comisión de Hacienda, que consagra una suerte de derecho al olvido financiero: obliga a quienes administran datos personales de carácter económico, bancario o comercial a eliminar de sus registros la información sobre deudas impagas o ya extinguidas de personas naturales. El ministro también objetó su origen, por no estar contemplada en el texto original del Ejecutivo. Estas reservas dejan a la Cámara ante dos caminos: eliminar las normas por su cuenta o dejar que sea el Tribunal Constitucional el que termine bajándolas más adelante.

Una votación estrecha y con roces internos

El proyecto se aprobó en general con los 26 votos del oficialismo, frente a un máximo de 24 votos en contra de la oposición, aunque en varios artículos hubo abstenciones o incluso respaldos cruzados. El episodio más comentado fue el de los senadores PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis, quienes habían llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz para respaldar la rebaja del impuesto corporativo, pero retiraron su apoyo después de que Hacienda intentara compensar a las empresas con una rebaja adicional, hasta el 22%.

También generó tensión la norma que permite restituir gastos a empresas cuyos proyectos de inversión fueron revocados mediante una Resolución de Calificación Ambiental. Senadores de oposición calificaron esta disposición como una medida sin precedentes a nivel internacional, con fallas jurídicas evidentes, aunque de todos modos fue aprobada por 26 votos contra 24.

Un proyecto que llega con historial de cuestionamientos

La megarreforma no llega a este tercer trámite como un proyecto sin antecedentes. Como consignó La Voz de Maipú, la última encuesta Plaza Pública de Cadem, de julio, mostró que el 50% de los consultados rechaza el plan y un 44% lo respalda, mientras que la rebaja del impuesto corporativo (justamente uno de los puntos que hoy revisa la Cámara) resultó ser la medida peor evaluada, con apenas 39% de aprobación.

La megarreforma también tiene un capítulo maipucino. Durante semanas, el alcalde Tomás Vodanovic encabezó una ofensiva para convencer al Senado de limitar la exención de contribuciones solo a los adultos mayores con menores ingresos, advirtiendo que la versión universal le costaría a Maipú 6 mil millones de pesos anuales. Se reunió en varias ocasiones con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y resumió su postura con una pregunta que publicó en X: «¿Es justo que una mujer en situación de pobreza pague lo mismo que un ministro de Vitacura?».

Un día antes de la votación en el Senado, Vodanovic fue directo: «Si no se rechaza la exención total, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia». La bofetada llegó: el Senado aprobó la exención universal con 28 votos a favor y 22 en contra. La compensación directa a los municipios que exigían los alcaldes también fue rechazada; solo se aprobó una compensación a través del Fondo Común Municipal, que los jefes comunales consideran insuficiente.

Con la Cámara citada para hoy, el resultado de la votación definirá si la megarreforma queda a un paso de convertirse en ley o si el Congreso debe destinar más semanas a resolver sus diferencias en una comisión mixta.