Joaquín Lavín en su casa y el asesor en una celda: si la justicia no es justa, deja de ser justicia

Hay imágenes que explican un país mejor que cualquier estadística.

El jueves 6 de agosto, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó por dos votos contra uno la prisión preventiva de Joaquín Lavín León. El exdiputado salió del Anexo Capitán Yáber con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados. Lo esperaba su esposa, Cathy Barriga.

La noche del viernes 14, pasadas las 22:00 horas, Gendarmería trasladó a ese mismo recinto a Arnaldo Domínguez Vallejos. Su exasesor. El «Nano». Imputado en la misma causa, por los mismos hechos, en la misma trama.

Domínguez llegó a la celda que Lavín León dejó vacante. Lleva más de tres meses privado de libertad y ahí sigue.

No hace falta forzar la metáfora.

Los mismos hechos, tres destinos

Conviene ser preciso, porque acá nadie tiene condena y todos conservan la presunción de inocencia. Pero los hechos procesales son públicos y verificables.

El 8 de mayo, el juez Daniel Urrutia decretó prisión preventiva para ambos. Su fundamento fue idéntico para los dos: la gravedad de las penas probables y la reiteración de delitos que exceden los cinco años y un día. El magistrado describió el fenómeno con una frase que quedó dando vueltas: no era «un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados».

Tres meses después, uno de los dos está en su casa. El otro no.

¿Qué cambió en el expediente? Según la propia Corte, nada de fondo: no se cuestionaron los presupuestos materiales del caso. Lo que pesó, dice el fallo, fue que «el mero transcurso del tiempo constituye un antecedente relevante a considerar».

El tiempo transcurrió igual para los dos. Solo uno se benefició. El absurdo es evidente: guardando las proporciones es cómo que en medio de un juicio enviaran al Chapo Guzmán a su casa y dejaran a sus testaferros en la cárcel. No tiene lógica.

Y hay un tercero en esta historia que nunca llegó a estar en una celda: Joaquín Lavín Infante. El padre. A la fecha no ha sido formalizado ni imputado. La Fiscalía Oriente lo citó a declarar tras detectar que al menos siete asesores parlamentarios de su hijo, pagados por el Congreso, habrían trabajado en la sede de su campaña presidencial de 2021.

En junio dijo a la revista Sábado: «Yo me cambiaría por Joaquín, preferiría estar yo preso en vez de él».

La frase es sincera, probablemente. Pero la ironía es cruel: a la fecha el único preso es el “Nano” un tipo de la Villa Francia que siguió las instrucciones de su hijo. Si la justicia fuera justa, probablemente los 3 estarían en prisión.

El «Nano» no tenía de dónde agarrarse

The Clinic reconstruyó la biografía de Domínguez y ahí está la clave. Se crió cerca de la Villa Francia, en Estación Central. Sin estudios universitarios. Se formó en la «UDI Popular» de Longueira. En 2012 fue candidato a concejal y sacó 680 votos.

En 2013 conoció al matrimonio Lavín-Barriga y entró a la oficina parlamentaria con un contrato de $1,2 millones. Terminó ganando $3,4 millones como coordinador. Según la querella que presentó la Municipalidad de Maipú en marzo de 2025, operaba como administrador municipal de facto durante la gestión de Barriga.

Un testigo lo resumió ante la Fiscalía: «Arnaldo Domínguez era su brazo derecho y lo que Arnaldo decía, era lo que decía Joaquín Lavín».

Ese es el punto. Domínguez ejecutaba. No era diputado, no era cónyuge de la alcaldesa, no tenía apellido ni red de contactos. Su propia defensa lo planteó así en un recurso de amparo: «el amparado no era diputado, ni era cónyuge de la alcaldesa, su presencia era totalmente derivada».

Es una defensa incómoda, pero es exacta. Y describe con precisión quién termina pagando en Chile.

No es un caso aislado. Es el patrón

Los controladores de Penta fueron condenados en 2018 a libertad vigilada y clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. El curso costó 30 millones de pesos. La sanción se calificó entonces de «chiste» y no le faltaba razón.

Jaime Orpis fue el primer político chileno en cumplir cárcel efectiva por corrupción. El primero. Eso ocurrió en 2021. Un país con doscientos años de república descubrió recién en este siglo que un político podía ir preso por robarle al Estado.

Mientras tanto: al 30 de junio de 2025, la población penal chilena llegó a unas 61 mil personas. El 34,9% de ellas está en prisión preventiva, es decir, sin condena. La tasa de encarcelamiento chilena es la cuarta más alta de la OCDE.

Un estudio de la Defensoría Penal Pública con la Universidad de Chile lo dijo sin eufemismos: la prisión preventiva empobrece a los pobres. Entre quienes fueron finalmente absueltos, la reclusión previa redujo su salario en torno a un 10% y su probabilidad de empleo formal en torno a un 6%. La cárcel preventiva funciona. Solo que funciona hacia abajo.

Lo que le toca a Maipú

Acá no somos espectadores. Cathy Barriga cumple arresto domiciliario nocturno desde abril de 2025 y su audiencia de preparación de juicio oral se aplazó por segunda vez, ahora hasta el 7 de octubre. Lleva más de 869 días formalizada. La Fiscalía cifra el fraude en Maipú en unos 32 mil millones de pesos.

En junio, cuatro exasesores suyos fueron condenados en procedimientos abreviados. Cuatro asesores. Ninguna autoridad.

El patrón se repite, y no es casualidad: quien firma tiene abogados, quien ejecuta tiene la celda.

No estoy pidiendo más cárcel

Que quede claro, porque es fácil malinterpretarlo. No estoy abogando por Domínguez. Lo que pido es otra cosa: que la vara sea una sola.

Si «el mero transcurso del tiempo» es razón suficiente para revocar una preventiva, tiene que serlo para todos los que llevan tres meses adentro por los mismos hechos. Si no lo es, no debió serlo para nadie.

Porque la justicia no solo se mide por sus sentencias, también por su consistencia. Una justicia que aplica el mismo criterio a dos personas y llega a dos resultados distintos no está siendo severa ni benévola: está siendo otra cosa.

Y esa otra cosa, no sé bien como llamarla, pero tengo claro que “esa cosa” ya no se llama justicia.