La causa penal contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, acumula su segunda postergación antes de llegar siquiera a la audiencia de preparación de juicio oral. Este miércoles 3 de junio, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mover esa instancia desde el 4 de agosto al 7 de octubre de 2026, a las 10:00 horas. La defensa había solicitado aplazarla hasta marzo de 2027. El tribunal le dio la razón a medias.
No es la primera vez que ocurre. La audiencia estaba fijada originalmente para febrero de este año. En aquella oportunidad, la defensa logró correrla hasta agosto. Hoy volvió a repetirse la historia, aunque el tribunal acotó el nuevo plazo muy por debajo de lo que pedían los abogados de la exjefa comunal.
Al día de hoy, Barriga lleva 869 días formalizada —fue imputada el 16 de enero de 2024— y aún no comienza la preparación del juicio oral. De cumplirse el calendario fijado este miércoles, el 7 de octubre llegará con 995 días bajo proceso, a un paso de los mil días.
Los argumentos de la defensa
La Defensoría Penal Pública, que representa a Barriga desde hace relativamente poco tiempo, fundamentó su solicitud en el volumen de material que debe analizar: miles de antecedentes, tomos y evidencia que, a su juicio, hacen imposible llegar en condiciones a una audiencia en agosto. Por eso pidieron marzo de 2027. El tribunal rechazó ese plazo, pero sí entregó un margen adicional de aproximadamente dos meses.
Un elemento administrativo jugó también en favor del cambio de fecha: el juzgado no contaba con agenda disponible entre noviembre de este año y febrero de 2027, lo que dejó a octubre como la única ventana viable a corto plazo. Frente a ese escenario, la defensa ingresó una reposición para estirar la fecha hasta marzo del año siguiente, maniobra que tampoco prosperó.
La Fiscalía, sin paciencia para más dilaciones
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, fue enfática al salir de la audiencia: el Ministerio Público se opuso a la solicitud y se va a seguir oponiendo a cualquier intento de ganar tiempo.
«Las dilaciones indebidas afectan el debido proceso que debe garantizar a todos los ciudadanos la resolución de los conflictos de manera racional en un plazo prudente», declaró la persecutora.
Encina recalcó que la Fiscalía ha cumplido con todas sus obligaciones legales: «Se han cumplido a cabalidad toda la obligación por parte de la Fiscalía de poner a disposición de las defensas todos los antecedentes de investigación».
A lo anterior, agregó que el tribunal consideró ese cumplimiento al momento de resolver y que la extensión concedida apunta exclusivamente a que la Defensoría Penal Pública pueda revisar los antecedentes, no a satisfacer la totalidad del plazo solicitado.
La fiscal fue tajante sobre lo que viene: «Estaremos siempre promoviendo que la audiencia de juicio oral se realice lo antes posible. Para eso es necesario iniciar con la preparación, y esa es la razón por la cual nosotros siempre nos vamos a oponer a cualquier solicitud dilatoria». Sobre la posibilidad de un tercer aplazamiento, remató que «creemos que ya después de octubre el plazo parece considerablemente excesivo».
Qué se le acusa y cuánto piden de condena
Barriga enfrenta cuatro cargos por hechos ocurridos durante su administración al frente del municipio de Maipú: fraude al fisco, malversación reiterada de caudales públicos, falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falsificado, y negociación incompatible.
El Ministerio Público solicita penas que en total superan los 22 años de presidio: 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación de instrumento público, 5 años y un día por malversación, y 541 días por negociación incompatible. Además pide multas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) va más lejos y solicita 37 años de cárcel. Según la acusación del organismo, durante la gestión de Barriga existió una estructura destinada a eludir controles financieros internos del municipio, lo que habría generado un perjuicio fiscal estimado en $32.884 millones dentro de lo que el CDE calificó como una «política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta«.
Mientras tanto, la exalcaldesa cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y espera que el calendario judicial le sea, esta vez, menos esquivo a la Fiscalía.
