Nuevamente se posterga la audiencia de preparación de juicio contra Cathy Barriga: el juez se inhabilita por amistad con abogados de Lavín León
El juez Juan Carlos Silva se apartó del caso por su cercanía con Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, defensores del exdiputado Joaquín Lavín León. La audiencia quedó fijada para el 19 de octubre.

La audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se suspendió este miércoles 7 de octubre en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el juez Juan Carlos Silva se inhabilitara por su amistad con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, hoy defensores de su cónyuge, el exdiputado Joaquín Lavín León.
La instancia, que debía comenzar a las 10:00 horas y quedó reprogramada para el 19 de octubre a las 09:00 horas, tras una recusación amistosa presentada por la Municipalidad de Maipú.
La recusación que frenó la audiencia
Según se expuso en la sala, fueron los abogados de la Municipalidad de Maipú quienes advirtieron la situación y plantearon la recusación amistosa, es decir, una solicitud para que el propio magistrado se aparte sin necesidad de un litigio de inhabilidad. A esa petición se sumaron posteriormente la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El juez acogió el planteamiento y declaró su inhabilidad.
Una amistad con los abogados de ambos
El vínculo, según lo planteado en la audiencia, es estrecho. Bonacic y Barahona defienden hoy a Lavín León, investigado por la Fiscalía en una causa que nace de una arista del caso Barriga. Pero además representaron antes a la propia exalcaldesa, y hay medios de prueba comunes que serán presentados en esta etapa y que se discutieron cuando ellos eran su defensa.
De acuerdo con lo informado por Diario y Radio Universidad de Chile, el propio Silva reconoció la relación durante la audiencia: con Barahona mantiene una amistad de 15 años, y ambos abogados lo han representado en causas particulares.
La fiscal Constanza Encina explicó que el magistrado «ya había manifestado con anterioridad que tenía una amistad y una cercanía y que había tenido incluso causa y representaciones de parte del señor Cristóbal Bonacic y el señor Barahona». Y agregó sobre el sentido de la decisión: «La resolución es muy clara en el sentido de que lo que se busca con esta medida que está tomando el juez es justamente blindar el procedimiento con transparencia».
No es la primera vez
El episodio no es inédito. Según lo planteado en la audiencia y recogido por Emol y La Tercera, Silva ya se había inhabilitado en esta misma causa el 8 de noviembre de 2024 por la misma razón. Esta suma una nueva postergación de la audiencia, luego de que se cambiara la fecha original pactada para el 4 de agosto.
El tribunal es el mismo donde, en diciembre de 2024, se revocó la prisión preventiva de Barriga y quedó con arresto domiciliario, en una audiencia que también estuvo precedida por una recusación amistosa, entonces presentada por su defensa.
Un segundo juez fijó la nueva fecha
Con Silva fuera, la audiencia debió suspenderse y fue necesaria la intervención de un segundo juez para reprogramarla, pues el magistrado inhabilitado no podía fijar la nueva fecha. Encina destacó que el tribunal «buscó una fecha lo más próxima posible para poder llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral», y que esta quedó para el 19 de octubre a las 9.00 horas.
La voz de Barriga
A la salida, Barriga habló brevemente con la prensa mientras una mujer le gritaba «ladrona».
«Hace muchos años se sabe solo una parte de la historia, a propósito de la persona que ha gritado todo este rato. Se conoce solo una parte de la historia, ¿ya? Y es el momento en que en tribunales, mi defensa, tenga mi voz”, respondió la exalcaldesa.
Qué se le imputa y qué se pide
Los hechos por los que se le acusa abarcan el período 2016-2021, cuando Barriga encabezó la administración municipal de Maipú. Fue formalizada en tres jornadas, entre el 16 y el 18 de enero de 2024, y la investigación se cerró en diciembre del año pasado, cuando se presentó la acusación. El Ministerio Público pide penas por más de 23 años de cárcel, mientras que el CDE, como querellante, solicita 37 años de prisión. La acusación sostiene que instaló una «gobernanza fraudulenta» en la comuna y habla de un perjuicio superior a los $30 mil millones.
Se trata de imputaciones de la Fiscalía y del CDE, no de hechos acreditados: conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, ninguna persona puede ser considerada culpable mientras una sentencia firme no lo establezca.
Lo que viene
La próxima cita es el 19 de octubre a las 09:00 horas, con un nuevo juez por definir. Mientras las partes discuten quién puede o no resolver con imparcialidad, la pregunta que queda abierta es cuánto más se dilatará el inicio del juicio. Para el contexto de los cuestionamientos al vínculo entre jueces y el matrimonio Lavín-Barriga, La Voz de Maipú informó sobre las votaciones del ministro Juan Cristóbal Mera en la Corte de Apelaciones de Santiago.



