Diputado Bassaletti impulsa proyecto de arresto domiciliario para presos terminales: no excluye a condenados por delitos de lesa humanidad

El diputado Enrique Bassaletti, representante del Distrito 8 (que incluye Maipú), busca reactivar el proyecto de ley que permitiría a condenados con enfermedad terminal, dependencia severa o mayores de 75 años cumplir sus penas en arresto domiciliario total.

La iniciativa, ingresada en junio, volvió a la agenda tras la muerte del exlautarista Juan Manuel Aliste Vega el domingo 11 de octubre, y su texto no excluye expresamente a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Qué propone el proyecto

La moción, registrada bajo el boletín 18353-07, apunta a «regular la sustitución excepcional de la modalidad de cumplimiento de penas privativas de libertad por reclusión domiciliaria total respecto de personas condenadas que se encuentren en situaciones calificadas de vulnerabilidad derivadas de enfermedad terminal, dependencia severa o edad avanzada (mayores de 75 años)».

Para lograrlo, el proyecto plantea modificar el artículo 468 del Código Penal e incorporar una figura nueva: la sustitución excepcional por razones humanitarias.

El beneficio no sería automático. Solo podría concederlo un juez de garantía que ejerza competencia en el territorio donde la persona condenada cumpla la pena privativa de libertad.

Requisitos y condiciones

El texto distingue según el caso. Quienes superen los 75 años deberían haber cumplido al menos un tercio de la condena, y la mitad si se trata de una pena por un «delito grave».

Esas exigencias de tiempo no regirían para quienes padezcan una enfermedad terminal «irreversible». En todos los casos se necesitaría un informe favorable de Gendarmería, y la medida podría dejarse sin efecto si el beneficiario incumple las condiciones impuestas.

El vacío sobre lesa humanidad

Según la lectura del texto que hizo BioBioChile, el proyecto no excluye de forma expresa a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, aunque sí limita su alcance en ciertos delitos sexuales contra menores. La misma revisión advierte que la norma podría aplicarse a quienes ya cumplen condena, sin importar la fecha en que ocurrieron los hechos ni en que se dictaron las sentencias.

Bajo esa interpretación, condenados por crímenes de la dictadura podrían solicitar cumplir el resto de su pena en su domicilio, siempre que reúnan los requisitos y obtengan una resolución judicial favorable. Eso no anularía las condenas ni daría libertad definitiva: solo cambiaría el lugar donde se cumplen.

Un proyecto con firmas del Distrito 8

Bassaletti, de la bancada republicana, representa a Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central y Maipú. También son del distrito dos de los firmantes: Mario Olavarría (UDI) y Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario).

El resto de los patrocinantes son Tomás Kast (Evópoli), Luis Pardo (RN), Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), Chiara Barchiesi (Republicanos) y Patricio Briones (PDG). Es decir, la propuesta suma firmas desde el Partido Republicano hasta Evópoli, la UDI y RN.

El caso Aliste Vega

Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro, murió de un cáncer terminal mientras cumplía una condena de 42 años. Días antes había solicitado un indulto humanitario al presidente José Antonio Kast. Estaba condenado por delitos como el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano.

Según consignó La Tercera, su fallecimiento complicó al gobierno y reactivó la presión de sectores del oficialismo en materia de indultos, un terreno donde el proyecto de Bassaletti pretende abrir una vía legal por razones humanitarias.

La defensa del autor

Bassaletti sostiene que la iniciativa está «enmarcada dentro de un concepto humanitario y de piedad, misericordia». Dijo que apunta a casos como el de quien va a morir de un cáncer terminal y puede tener la posibilidad de «poder pasar su último tiempo con arresto domiciliario total con su familia».

El diputado también aseguró que su propuesta «no tiene nada que ver con poner en tela de juicio el trabajo de los tribunales de justicia, ni de los veredictos», y que no debe confundirse con los efectos de un indulto o una amnistía. «Es solamente una mirada humanitaria y transversal», recalcó.

En las declaraciones disponibles, sin embargo, el parlamentario no se refiere al punto que más ruido genera: si el beneficio alcanzaría a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.

En la Comisión de Constitución, sin debate

El proyecto está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, y aún no inicia su discusión. Entre sus autores creen que eso podría cambiar tras el caso Aliste Vega y la presión por avanzar en indultos humanitarios.

Si ese debate llega, la pregunta será inevitable: si la «mirada humanitaria y transversal» que invoca Bassaletti incluye o no a los condenados por crímenes de la dictadura. El texto, por ahora, no la responde.