Chile deja de ser observador y adhiere al Escudo de las Américas de Trump: oposición acusa falta de transparencia y riesgo para la soberanía

Ocho días después de que el Presidente José Antonio Kast asegurara que Chile seguía en calidad de observador, el Gobierno anunció este martes la adhesión formal del país al Escudo de las Américas. Se trata de la coalición regional contra el crimen organizado transnacional promovida por el presidente estadounidense Donald Trump.

El anuncio se concretó en Nueva York, tras una reunión de la iniciativa encabezada por Trump en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas.

En un comunicado, la Cancillería describió el Escudo como un «marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos». Según el Gobierno, la adhesión entregará beneficios inmediatos: acceso a información sobre crimen organizado, sistemas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI, y mayor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú.

El texto precisa que cada Estado actuará conforme a sus propias obligaciones legales, nacionales e internacionales.

Qué es el Escudo de las Américas

La iniciativa reúne, junto a Chile y Estados Unidos, a Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

La coalición identifica 25 organizaciones criminales o armadas como objetivos. Entre ellas están el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Primeiro Comando da Capital y el ELN.

El Tren de Aragua tiene especial relevancia local. Como ha informado La Voz de Maipú, sus células operaron en Maipú, en una red vinculada al secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Gobierno: «No es un tratado»

Tras el anuncio, Kast aclaró que la adhesión no constituye un tratado internacional. También descartó que habilite operaciones militares estadounidenses en territorio chileno, y sostuvo que el mecanismo apunta a la coordinación e intercambio de información. El mandatario lo vinculó además al Compromiso de Santiago, la instancia regional contra el crimen organizado que impulsa su administración.

Esa precisión contrasta con el lenguaje de Washington. Cuando Trump lanzó la iniciativa en marzo, la presentó como una nueva coalición militar e instó a los países a usar sus fuerzas armadas contra los carteles.

Desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) defendió que Chile «no está reemplazando su institucionalidad ni entregando sus atribuciones a otro país». La diputada Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario) valoró el abandono del rol de observador y la necesidad de reforzar la relación con Estados Unidos.

Las críticas

La oposición cuestionó tanto el fondo como la forma de la decisión.

El diputado Marcos Ilabaca (PS), integrante de la comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, acusó falta de claridad sobre las obligaciones asumidas. Adelantó que el tema será parte de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna y pidió que Cancillería y Defensa entreguen el contenido íntegro de los compromisos.

El senador Iván Flores (DC) calificó la decisión como «delicada» y puso el foco en la soberanía: «empezamos a ser parte de un club, y ya sabemos quién lo dirige».

El diputado Ignacio Achurra (Frente Amplio) la calificó como un error y sostuvo que debió ser consultada y debatida en el Congreso. Su compañero de bancada, Jorge Brito, exigió al Gobierno explicar al país los compromisos adquiridos.

La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) fue más dura y habló de una «servil adhesión». Antes del anuncio, el presidente del PPD, Raúl Soto, ya había advertido sobre un riesgo de subordinación frente a Washington. El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, cuestionó el componente político e ideológico de la convocatoria.

Dudas desde el análisis especializado

Más allá del debate político, especialistas en crimen organizado han cuestionado la falta de definiciones concretas del Escudo. Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, señaló que hasta ahora ha habido «mucha retórica política» y poca acción. También observó que todos los países firmantes están políticamente alineados con Washington.

Otro punto de tensión surgió en agosto, en un foro de la coalición en Panamá. Allí el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, llamó a los países integrantes a abandonar la Corte Penal Internacional. Chile es Estado parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó ese tribunal.

Qué viene

Con la adhesión formalizada, la discusión cambia de etapa. Queda por conocer qué obligaciones concretas asumirá Chile más allá del intercambio de inteligencia, la capacitación y la coordinación fronteriza anunciados. El canciller Pérez Mackenna deberá responder sobre este punto en su interpelación ante la Cámara de Diputados.