Protestas en Colegio del Valle de Maipú: apoderados exigen una evaluación a la gestión del establecimiento
Los padres protestaron desde las 08:30 afuera del establecimiento pidiendo seguridad, más inspectores, docentes y una evaluación de la gestión de la Dirección.

Apoderados del Colegio del Valle de Maipú se manifestaron esta mañana a las afueras del establecimiento, desde las 08:30 aproximadamente, para exigir respuestas a la Dirección y al sostenedor. Los padres respaldan su protesta con un petitorio de 26 puntos que abarca seguridad, convivencia, docentes, infraestructura y comunicación.
Tras una reunión realizada el pasado viernes, los apoderados acordaron volver a las calles hoy lunes, a partir de las 8:00, justo después de dejar a los niños en el colegio. Esta medida se da tras una serie de medidas de presión que adoptaron los padres, quienes llegaron a no enviar a los estudiantes en forma de protesta.
«Los alumnos asistirán al colegio de manera normal, ya que no pueden seguir perdiendo evaluaciones que afecten sus promedios», coordinaron para esta oportunidad.

Qué exige el petitorio
El documento, a cuyo texto completo tuvo acceso La Voz de Maipú, está dirigido a la Dirección, al sostenedor y al Consejo Escolar del colegio. Sus 26 puntos se ordenan en torno a varios ejes, entre los que están:
- Seguridad escolar y más inspectores para recreos y cambios de hora.
- Un protocolo que obligue a informar a las familias dentro de 24 horas ante hechos graves.
- Fortalecimiento del equipo de convivencia.
- Garantías de cobertura docente de Lengua y Literatura en Enseñanza Media.
También reclaman que se cumpla el plazo de 72 horas hábiles para responder los correos de los apoderados, y piden fiscalizar el casino, mejorar la higiene y el abastecimiento de los baños, reparar la sala de computación y abordar la temperatura dentro de las salas de clases.
Los padres advierten que no aceptarán que todo quede para después. El texto pide expresamente que sus solicitudes no se traten como una agenda futura:
«solicitamos que no sean consideradas únicamente como propuestas para el año escolar siguiente», señalan.

El punto sensible: la Dirección
El petitorio llega a un terreno delicado. Los apoderados piden al sostenedor una evaluación formal, objetiva y documentada de la gestión de la actual Dirección, a cargo de Javier Núñez Díaz, en materias como seguridad, convivencia, supervisión y comunicación. Entre las exigencias figura «Emitir un pronunciamiento formal y por escrito respecto de la continuidad de la actual Dirección».
El documento, sin embargo, matiza el alcance de la solicitud, afirmando que «esta solicitud no pretende anticipar conclusiones respecto de ninguna persona» y reconoce que las decisiones sobre cargos directivos corresponden al sostenedor, conforme a sus atribuciones legales y contractuales.
Un punto más: la seguridad y la denuncia
Entre los puntos de seguridad, el petitorio incluye que el colegio investigue y aborde antecedentes, comunicados por apoderados y miembros de la comunidad, sobre una eventual distribución de productos que contendrían THC. El propio texto es explícito en que esos antecedentes «se encuentran pendientes de verificación y no permiten atribuir responsabilidad a personas determinadas».
Sobre este asunto, el colegio informó en su comunicado oficial que presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público el 11 de septiembre de 2026.
La respuesta del colegio
Ese comunicado oficial, firmado por el director Núñez Díaz y dirigido a las familias en respuesta a una inquietud del Centro de Padres, sostiene que el establecimiento activó los protocolos de su Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. Según el texto, se entrevistó a los estudiantes involucrados y a sus familias, y se realizaron reuniones con delegados de curso y con el Centro de Estudiantes.
El colegio agrega que los procedimientos siguen en curso, con plazos fijados por la normativa y su reglamento para garantizar el debido proceso, por lo que aún no puede comunicar decisiones definitivas, «lo que bajo ningún punto de vista implica una inacción por parte del establecimiento».
Como medidas de resguardo, anunció el refuerzo de las cámaras en sectores con menor visibilidad, detectores de humo en los baños de Enseñanza Media, charlas con Carabineros de Chile y otras entidades, y una charla para padres sobre prevención y detección temprana. En materia de supervisión, el comunicado señala que «se reforzará la supervisión de inspectoría en recreos y espacios comunes».

Lo anunciado frente a lo exigido
Al cruzar ambos documentos, la distancia es evidente. Los apoderados piden evaluar formalmente si la dotación de inspectores es suficiente y exigen un plan integral con responsables, calendario e indicadores de seguimiento. El comunicado del colegio, en cambio, no fija plazos ni nombra responsables para las medidas que anuncia.
Los padres sí reconocen un gesto. El petitorio consigna: «Respecto de la Circular N.° 28, de fecha 1 de octubre de 2026, valoramos que el establecimiento reconozca la necesidad de abordar preventivamente problemáticas relacionadas con drogas y autocuidado», pero piden que los talleres sobre estas materias los dicten profesionales especializados y no se descarguen solo en los profesores, ni obliguen a retirar docentes de sus funciones habituales.
Del casino a la cueca
El petitorio también baja a asuntos más cotidianos que dan cuenta de su amplitud. Uno de ellos es la Biblioteca Escolar o CRA: los apoderados sostienen que «el espacio que anteriormente cumplía dicha función habría sido destinado durante el año 2026 a salas de clases», mientras la información pública sigue señalando que existe una biblioteca. Piden aclararlo considerando que el colegio tiene unos 27 cursos y una matrícula cercana a los 900 estudiantes.
Piden, además, evaluar microondas en el casino para uso voluntario de los alumnos y que el campeonato de cueca publique con anticipación sus bases, criterios de evaluación y composición del jurado.
Qué viene
La respuesta del sostenedor sigue pendiente, al igual que la reunión que los apoderados exigen. Piden que la contestación sea por escrito y que indique, para cada uno de los puntos, la «medida que se adoptará o fundamento de la decisión de no adoptarla». Además, solicitan responsable, plazo y mecanismo de seguimiento.



