Condenan a 15 años y un día a autor de dos delitos de homicidio simple, uno consumado y otro frustrado, en Maipú

El Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a L.G.V., de 40 años, a la pena única de 15 años y un día de presidio efectivo, como autor de dos delitos de homicidio simple, uno consumado y otro frustrado, cometidos el 12 de agosto de 2021 en la comuna de Maipú.

En un fallo unánime (causa RIT 71-2025), leído el lunes 9 de noviembre, el tribunal integrado por los magistrados Daniela Cabrillana Godoy (presidenta), Carolina Cerna Carrasco y Bernardo Ramos Pavlov (redactor) le aplicó además las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

En cambio, el tribunal lo absolvió de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, por falta de acreditación.

Los hechos

El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que cerca de las 09:30 horas del 12 de agosto de 2021, la víctima, un hombre de 30 años, se encontraba en las cercanías de su domicilio, en la población San Luis IV, cuando fue interceptado por el condenado y un acompañante.

Según el fallo, L.G.V., portando un arma de fuego calibre .22 y con ánimo de matar a la víctima, le disparó en varias ocasiones y lo hirió en el glúteo derecho, lo que lo hizo caer al suelo. En ese momento, el acompañante se acercó a golpearlo y L.G.V. volvió a apuntarle. Al ver esto, la víctima se cubrió tras el acompañante, quien recibió el proyectil en la cabeza. El hombre, de 30 años, murió a las 10:40 horas en el Hospital El Carmen.

De acuerdo con la sentencia, el ataque se originó en un conflicto familiar: la víctima es pareja de la hermana del condenado, y ese día la familia estaba sacando pertenencias del inmueble. La hermana declaró en el juicio y reconoció a su hermano como uno de los dos encapuchados que llegaron al lugar.

En el sitio del suceso, Labocar levantó siete vainas y tres cartuchos, todos calibre .22, percutidos por una misma arma. Un auto estacionado en la calle también resultó con impactos de bala. Para el tribunal, esa evidencia descartó la versión de un enfrentamiento entre dos armas, planteada por testigos de la defensa.

Por qué no hubo alevosía ni condena por la Ley de Armas

La Fiscalía había acusado el ataque contra la víctima sobreviviente como homicidio calificado frustrado, con alevosía. El tribunal desestimó esa calificación: estimó que no hubo ocultamiento de intenciones ni aprovechamiento de una situación de indefensión, ya que los agresores llegaron gritando que lo iban a matar.

Sobre el porte de arma y municiones, el tribunal razonó que nunca se encontró el arma, por lo que no era posible determinar qué figura de la Ley de Armas correspondía aplicar. Respecto de las municiones, como fueron recogidas en la vía pública, no se pudo establecer que el acusado las portara.

Cómo se calculó la pena

El tribunal aplicó la pena vigente a la fecha de los hechos, ya que la Ley N° 21.483, que endureció la sanción del homicidio simple, se promulgó en agosto de 2022. Así, fijó el mínimo para cada delito, cuya suma daba 15 años y dos días.

Sin embargo, optó por la fórmula del artículo 351 del Código Procesal Penal, que resultaba más favorable para el condenado: tomó la pena del homicidio consumado y la aumentó en un grado, lo que dio como resultado 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Al tratarse de delitos graves y por la extensión de la pena, el tribunal resolvió que no procede ninguna pena sustitutiva de la Ley N° 18.216, por lo que deberá cumplir la condena de forma efectiva. Tampoco se le reconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior, ya que registra condenas previas, entre ellas una de 10 años por robo con intimidación.

L.G.V. fue detenido en septiembre de 2023 y quedó en libertad en abril de 2024. Tras ser declarado rebelde, fue detenido nuevamente el 11 de julio de 2026. Por ambos períodos se le abonan 325 días a la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó tomarle muestras biológicas para incorporar su huella genética al Registro Nacional de ADN de condenados. La sentencia aún puede ser recurrida ante la Corte de Apelaciones de Santiago.