Diputado Agustín Romero no descarta respaldar eventuales indultos a civiles y uniformados por el 18-O
El parlamentario por el Distrito 8 afirmó que la medida recae en las atribuciones del Presidente José Antonio Kast, pero advirtió que el mandatario deberá fundamentar cada caso de manera informada ante el país para evitar errores del pasado.
El diputado por el distrito 8 de la bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, abordó el debate en torno al uso de las facultad de indulto presidencial frente a las condenas derivadas del estallido social de 2019. Durante su intervención en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el legislador no solo ratificó su respaldo a una eventual conmutación de penas para efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, sino que también se mostró abierto a incluir a civiles sentenciados por incidentes violentos en dicho periodo si aquello contribuye a la estabilidad del país.
La discusión surge en medio de las presiones promovidas por su colectividad y por el Partido Nacional Libertario (PNL), fuerzas que aspiraban a que las determinaciones se oficializaran durante septiembre. Respecto al PNL, Romero indicó mantener una coincidencia cercana al 99,9% en lo relativo a uniformados privados de libertad por hechos de 2019, respaldando además gestiones internas del partido, tales como la plataforma web impulsada por la diputada Javiera Rodríguez para reunir firmas y difundir testimonios de los condenados.
“Nosotros esperamos que en algún minuto el Presidente de la República tome la decisión y el señaló que la va a tomar caso a caso”, apunto el parlamentario.
Diferencias con condenados de la dictadura y situación carcelaria
Consultado por las distinciones entre los procesos del estallido social y las sentencias impuestas a exmilitares por crímenes cometidos entre 1973 y 1989, Romero marcó una separación sustentada en el contexto histórico y la edad avanzada de los reclusos de este último grupo.
“En un caso en particular tenemos carabineros condenados y en eso no vamos a cambiar la calificación jurídica de tribunales, pero sentencias que se basan en ciertos, por así decirlo, instrumentos jurídicos que impiden tomar decisiones distintas”, afirmó el diputado representante del Distrito 8.
En la misma línea, advirtió sobre la situación de los internos más longevos:
“Muchos de ellos están muriendo en condiciones, ya a mi juicio, inhumanas. Yo entiendo el anhelo de justicia y eso, bueno, los tribunales resuelven, pero hoy hay personas que no saben ni dónde están. Muchas de estar cárceles se están transformando en verdaderos geriátricos”.
La condición: transparencia y legitimidad pública
Frente al escenario hipotético de que el Ejecutivo resuelva otorgar perdones judiciales transversales para alcanzar la “paz social”, Romero aseveró que no se cierra a ese camino:
“Jamás me voy a casar con un instrumento. Yo me comprometo con objetivos. Si el objetivo logra paz social, no tengo ningún problema con eso, pero lo que sí importa es que el Presidente de la República dé razón de sus dichos, le explique a la población y esa resolución tenga cierta legitimidad”.
A su vez, el diputado enfatizó la necesidad de un proceso técnico riguroso para no repetir cuestionamientos de administraciones anteriores:
“Lo que no puede volver a ocurrir es que el presidente diga ‘no me leí los antecedentes’, y termine saliendo el jefe de gabinete, la ministra de Justicia”, aludiendo a los episodios registrados bajo el gobierno de Gabriel Boric.
Finalmente, Romero recalcó que la prerrogativa reside exclusivamente en el Jefe de Estado, subrayando que desde su sector respaldarán las determinaciones presidenciales que cuenten con la debida justificación ante la opinión pública.
