Esta mañana, la concejala Marcela Silva (PS) y los concejales Ariel Ramos (PC) y Gonzalo Ponce (PEV) presentaron un nuevo requerimiento ante la Contraloría General de la República contra la gestión Barriga en la Municipalidad de Maipú, por faltas a la probidad en la contratación de bienes y servicios.
Faltas a la probidad, dada la «compra fragmentada» del servicio de seguridad del Maipeluza. Pero, ¿qué significa esto?
Compras fragmentadas y falta de probidad
En la administración pública, hay varios mecanismos de compra y contratación de bienes y servicios: licitación pública, licitación privada y trato directo.
Según la ley, toda compra que supere las 1.000 UTM debe realizarse por licitación pública (con muy específicas excepciones) y donde se prohíbe expresamente la «fragmentación de compras» para hacer variar el mecanismo de contratación; es decir, «fragmentar» una compra en varias, con el fin de no superar las 1.000 UTM y poder contratar, mediante trato directo y sin licitación, un servicio con el proveedor que uno quiera.
Se prohíbe esta maniobra, porque posibilita que las contrataciones de bienes y servicios sean manipuladas por quien contrata y el proveedor, ya que se realizan fijando los precios que ellos estimen convenientes, fragmentando la compra en tantas sean necesarias, sin considerar otras ofertas, que pudieran ser mejores y más baratas, generando un eventual perjuicio al patrimonio público y abriendo paso a la corrupción.
Compra fragmentada para el Maipeluza
En el plano municipal, además de tener que licitar toda compra sobre las 1.000 UTM, todas las compras que superen las 500 UTM deben pasar por la revisión del Concejo Municipal. Pero, ¿qué pasó?
La gestión de Cathy Barriga, para no cumplir con ninguna de dichas obligaciones legales, realizó una fragmentación en la compra y contratación del servicio de seguridad para el Maipeluza, según el siguiente detalle:
Dicha compra, fuera de todo marco legal, fue realizada por un monto total de $179.615.840, es decir 3.748 UTM (UTM Septiembre: $47.920). Corroborándose, además, que dicha fragmentación fue realizada por montos que van de las 383 UTM a las 498 UTM, justo el límite para que tal transacción no requiera visarse en el Concejo Municipal.
Es decir, Cathy Barriga se salta toda la legislación vigente sobre Compras Públicas y probidad, para contratar un servicio de seguridad para el Maipeluza que, además, no es con una empresa de guardias, sino con una productora de eventos que tiene nula experiencia como servicio de seguridad.
Y esto no queda sólo ahí, sino que la productora de eventos en cuestión (Lizama Producciones) se ha adjudicado, desde el 2009 hasta el 2015, 43 compras en la Municipalidad de Renca, justo en el período en que la ex alcaldesa Vicky Barahona (UDI) ejercía como edil de dicha comuna, acompañada por quien hoy es la mano derecha de Cathy Barriga: Luis Japaz.
Denuncia ante la Contraloría
Ante esta situación, la concejala Marcela Silva (PS) y los concejales Ariel Ramos (PC) y Gonzalo Ponce (PEV) presentaron un nuevo requerimiento ante la Contraloría General de la República contra la gestión Barriga en la Municipalidad de Maipú, solicitando un pronunciamiento obre la legalidad y probidad en la contratación del servicio de seguridad y de audio, además, para el Maipeluza.
Este sería otro requerimiento más ante el ente fiscalizador sobre la gestión municipal de Cathy Barriga, que ya ha obtenido tres fallos contrarios:
- Sobre el mal uso de instancias, bienes y recursos institucionales para la celebración del cumpleaños de su hijo menor.
- Sobre el mal uso de su imagen en la difusión de actividades municipales.
- Sobre el mal uso de su imagen en documentos de información municipal.
Mientras, en investigación se encuentran los requerimientos interpuestos por el eventual mal uso de bienes y recursos institucionales para el #KikiChallenge.
Fotografías gentileza del Concejal Ariel Ramos.
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