«Quiero denunciar a la alcaldesa Cathy Barriga y su administración, puesto que ha discriminado a una mujer y funcionaria de la municipalidad por ser mamá», inicia una denuncia recibida por nuestro medio, de parte de la pareja de la mujer despedida.
Según el relato de la persona denunciante, en 2017 se abrió el sumario en contra de una funcionaria, lo que si bien causó preocupación, según la misma persona, no fue un proceso constante por parte de la Municipalidad de Maipú, ya que no tuvo mayor incidencia según la misma persona, además de ser un proceso detenido un largo período.
A modo de antecedente, el proceso inició por una supuesta falsificación de documentos que certificaban los estudios de la trabajadora, hecho que hasta el día de hoy no habría sido debidamente comprobado y, por ello, los afectados mantienen un altercado judicial paralelo en contra de la persona que hizo la acusación.
Tal y como reclaman los denunciantes, el tema no había sido retomado hasta 2020, cuando el 16 de enero de ese año la mujer emitió una licencia por molestias asociadas al embarazo, lo que dio pie para que la Municipalidad no solo tomara conocimiento de aquello, sino también para que retomara el caso, iniciando una ‘persecución’ según los afectados.
La cronología de los hechos es más o menos la siguiente: El 27 de enero, tras los once días de licencia médica producto de los dolores, la Fiscal Sumariante de la entidad edilicia emitió la resolución que decretaba la medida preventiva de suspensión, sin castigo de reducción salarial.
«Extrañamente, el sumario estuvo durmiendo por más de 2 años desde que fue instruido, pero cuando la Administración Municipal se entera del estado de gravidez de la funcionaria es que se emite la resolución de suspensión», señala la pareja de la mujer.
A comienzos de marzo la afectada se presentó de urgencia en el Hospital del Profesor, producto de complicaciones en el embarazo. «Hematoma Retrocorial» fue el diagnóstico médico, un trastorno que se produce en el 3% de los embarazos y que puede llevar complicaciones a tal punto que existe riesgo de pérdida.
En medio de las diversas dificultades vividas por la mujer, e ignorando todos los protocolos establecidos, el 6 de abril de 2020, la Municipalidad apeló a sumario administrativo y presentó sus descargos. La familia por su parte, presentó los certificados que establecían ‘un embarazo de alto riesgo’.
embarazo de alto riesgo.
El primero de junio la afectada comenzó su pre-natal, y en plena crisis sanitaria, con complicaciones en su embarazo y obviamente considerada dentro de la población de riesgo por posible contagio de COVID-19, la mujer fue visitada por una funcionaria de jurídico de la Municipalidad, para notificar antecedentes relativos al sumario.
«Un actuar temerario», acusaron de parte de la familia, pero eso no era todo. En esa oportunidad recibió la notificación de un careo presencial con la coordinadora del Departamento de Urgencias Sociales, quien testifica en su contra.
Meses más tarde, aún con todos los argumentos presentados, recibieron una notificación que decía que, además de mantener la medida disciplinaria en su contra, desde ese momento se aplicaría la «destitución y prórroga de suspensión preventiva y un 50% de su remuneración», irrespetando por completo el fuero maternal con el que se encontraba protegida la mujer.
Ante ello, pese a presentar el recurso de reposición dentro de los plazos legales para realizar dicho trámite, el 15 de diciembre se le notificó a la persona que se rechazaba y se aplica la medida disciplinaria de destitución del cargo.
por reducción de sueldo y destitución.
Fue la gota que rebalsó el vaso. Tras conocer esta polémica medida, el 29 de diciembre la familia ingresa un reclamo de ilegalidad en contra la Municipalidad de Maipú, presentado en la Contraloría General de la República.
«No existe falta administrativa que tenga el suficiente peso para irrespetar el Fuero Maternal», alegan desde la parte denunciante, ya que no se siguieron los procesos legales, y no hubo un respeto por el fuero maternal con el que contaba la mujer al momento de ser despedida.
«Se vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al fuero maternal. Se han aplicado medidas que no son racionales ni justas, y que han dejado a la Funcionaria en total y absoluta indefensión», añaden los afectados.
«En el ámbito más personal, nuestra hija nació con una malformación pulmonar congénita, por lo que a la niña se le tuvo que practicar una cirugía», concluyen.
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