El Gobierno del Presidente José Antonio Kast cumplió lo anunciado en la Cuenta Pública del 1 de junio y este lunes ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.
Como adelantó La Voz de Maipú al momento del anuncio presidencial, la iniciativa apunta a sancionar tanto delitos de alta connotación como conductas cotidianas que afectan la convivencia. El nombre varía levemente respecto al anunciado , ya no se llama «Registro Único de Vándalos e Incivilidades», pero el contenido se mantiene en esencia.
En 29 páginas, el proyecto define quiénes entran al listado, durante cuánto tiempo permanecen y, sobre todo, qué beneficios estatales pierden mientras están inscritos.
Un registro público que cualquiera puede consultar
El Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades será administrado por el Registro Civil y tendrá carácter público: cualquier persona que se identifique podrá consultarlo, con un límite de cinco solicitudes vía Transparencia al año. También tendrán acceso los tribunales, las instituciones del Estado y los organizadores de espectáculos masivos, clubes de fútbol profesional, administradores de recintos y operadores de casinos de juego.
El diputado Luis Cuello (PC) realizó reserva constitucional durante la sesión de este lunes, lo que implica que, al concluir la tramitación legislativa, el Tribunal Constitucional deberá revisar la norma.
Los actos que serán sancionados
El proyecto distingue entre «actos vandálicos» e «incivilidades», que son faltas resueltas por los Juzgados de Policía Local.
Entre los actos vandálicos figuran el incendio, el homicidio de carabineros o fiscales, el uso de artefactos explosivos, el tráfico y microtráfico de drogas, la toma de control de vehículos de transporte público, los daños a bienes de uso público, los rayados no autorizados en bienes públicos o privados y las carreras clandestinas de vehículos, entre otros.
Las incivilidades incluyen conductas como el consumo de alcohol en la vía pública, colarse en el transporte público, obstruir el acceso a playas, ríos o lagos, consumir drogas en espacios públicos o causar daños cuyo valor sea inferior a una UTM.
Estos serán los actos considerados «vandálicos»:
- El atentado contra la autoridad.
- Las amenazas a autoridades en ejercicio de sus funciones o la perturbación grave de sesiones legislativas o audiencias judiciales.
- El impedimento o perturbación del ejercicio de funciones de autoridad por violencia o fraude.
- La falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública
- El homicidio de un fiscal del Ministerio Público o de un defensor público.
- Las lesiones o maltrato de obra contra un fiscal del Ministerio Público o contra un defensor público.
- Las amenazas a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor público.
- La retención o toma de control de un vehículo de transporte público de pasajeros.
- La interrupción de la libre circulación en vía pública o el lanzamiento de objetos a personas o vehículos en vía pública.
- La explotación o participación en casas de juego de suerte, envite o azar.
- Las amenazas a profesionales y funcionarios de establecimientos de salud o educacionales, y a manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales.
- Las lesiones inferidas a profesionales y funcionarios de establecimientos de salud o educacionales, y a manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales.
- La usurpación (…) en caso de que la ocupación hubiere recaído sobre inmuebles fiscales o bienes nacionales de uso público, o sobre un inmueble destinado al desarrollo de actividades de educación parvularia, básica, media o superior.
- El incendio.
- Los daños causados en bienes de uso público, medios de transporte público o servicios públicos o domiciliarios.
- La realización no autorizada de rayados, dibujos, mensajes o expresiones en bienes muebles o inmuebles, públicos o privados.
- El homicidio de un carabinero.
- Maltrato de obra a un carabinero.
- El uso de artefactos explosivos o incendiarios y el disparo injustificado de armas de fuego.
- Las carreras no autorizadas de vehículos.
- El tráfico o microtráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
- La asociación ilícita para el comercio ilegal.
- El daño en un monumento nacional.
Los siguientes se consideran «incivilidades»:
- El depósito de escombros y otros materiales sin permiso de la Municipalidad o la Dirección de Vialidad.
- El consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público.
- El expendio de bebidas alcohólicas.
- La elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin contar con patente municipal.
- El uso de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros sin pagar la tarifa correspondiente.
- El cierre u obstaculización de vías de acciones a playas de mar, ríos o lagos.
Además, hay cuatro incivilidades que se verán en sede penal, las cuales son:
- La organización o agencia de loterías no autorizadas.
- La provocación o alteración del orden en espectáculos públicos.
- El daño en bienes públicos o de propiedad particular cuyo importe sea inferior a una unidad tributaria mensual.
- El consumo de drogas en la vía pública.
Las sanciones: de la beca universitaria al pase del adulto mayor
El aspecto más concreto del proyecto (y el que más directamente afecta el bolsillo y la vida cotidiana de los inscritos) es el catálogo de sanciones. Quien quede en el registro pierde, total o temporalmente, los siguientes beneficios:
- Acceso a programas habitacionales y subsidio de arriendo.
- Pase Cultural (aporte para consumo de bienes culturales).
- Becas de educación superior y becas de postgrado (incluyendo las administradas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y el Ministerio de Ciencia).
- Fondos públicos para investigación o innovación.
- Tarjeta Nacional Estudiantil y tarifa rebajada para adultos mayores en el transporte público.
- Devolución anual de impuesto a la renta.
- Licencia de conducir (obtención, renovación o suspensión).
- Pasaporte.
- Exenciones, subsidios o gratuidad en el pago de derechos de aseo domiciliario.
- Pensión de gracia.
- Permiso para asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional e ingreso a casinos de juego.
Además, quienes sean condenados por actos vandálicos «especialmente graves» quedan expuestos a perder también la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal (PGU) por el período que determine el tribunal.
¿Cuánto tiempo dura la sanción?
La permanencia en el registro no es indefinida. Para los delitos más graves, la inscripción (y todas las sanciones asociadas) se extienden por cinco años, reducidos a dos si el condenado es menor de edad. Para las incivilidades, el plazo es de un año.
En caso de reincidencia en incivilidades, se suman dos años adicionales por una primera recaída y tres años más si las reincidencias superan las dos. En los delitos graves, cada nueva condena agrega un año al plazo.
La doble sanción es la lógica central del proyecto: el condenado cumple la pena que ya fija la ley y, además, queda inscrito en el registro con todas las restricciones que eso implica. El debate legislativo, y el eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional impulsado por la reserva del diputado Cuello, determinarán si esa lógica supera el escrutinio jurídico.
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