Desde este lunes, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza encabezó la búsqueda de Sergio Pérez Molina en la Escuela de Suboficiales del Ejército de Maipú.
El ingeniero, de 31 años en ese entonces, fue detenido en septiembre de 1974 por agentes de la DINA junto a su esposa Lumi Videla Moya.
Caso de Lumi Videla
Según consigna el Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos, el 21 de septiembre de 1974 fueron detenidos, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los cónyuges Lumi Videla Moya (26) y Sergio Pérez Molina (31). Ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y quienes tuvieron destinos diferentes.
La mujer fue trasladada hasta el recinto de José Domingo Cañas, el cual previo a la dictadura era utilizado como lugar de asilo político. Posterior al golpe, fue tomado y ocupado por la DINA como centro de tortura y bautizado como «Cuartel Ollagüe».
El 4 de noviembre de ese año, el cuerpo sin vida de Lumi Videla fue encontrado en las dependencias de la Embajada de Italia, ubicada en Miguel Claro #1359, Providencia. Investigaciones futuras indicarían que falleció en José Domingo Cañas, en una sesión de tortura a la que fue sometida un día antes. «Según el informe de autopsia, la causa precisa de la muerte fue la asfixia producto de una obstrucción de la boca y la nariz estando el cuerpo de cúbito ventral», indica el Museo de la Memoria.
En la época, la prensa consignaba que la militante había sido estrangulada por uno de los asilados que se encontraban dentro de la embajada. «Nuestro principal problema es que la investigación se realiza desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera como sería lo normal», indicaban las fuerzas policiales que investigaban el caso.
Tras el revuelo que causó el asesinato de Lumi Videla, el lugar ocupado como centro de tortura se convierte en una oficina administrativa de la DINA y luego de la CNI. Fue gracias a la reconstrucción de los hechos y los múltiples testimonios de otros presos políticos que se encontraban en José Domingo Cañas que se pudo resolver el enigma y condenar a los responsables.
El 23 de julio de 2007, la resolución judicial del caso condenó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Luís Moren Brito, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Cristoph Georg Paul Willeke Floel a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo; a Basclay Humberto Zapata Reyes a dos condenas de cinco años y un día de presidio mayor en su grado
máximo. Todas los condenados fueron consignados como autores o cómplices del asesinato de Lumi Videla.
A esto se les sumaron a Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Luís Moren Brito, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Cristoph Georg Paul Willeke Floel 200 días de reclusión menor en su grado mínimo.
Por su parte, a Juan Manuel Guillermo Contreras se le sumó la condena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, también como autor del delito.
Búsqueda de Sergio Pérez inicia en la Escuela de Suboficiales de Maipú
Sergio Alfredo Pérez Molina también desapareció desde el Cuartel Ollagüe. El ingeniero también habría sido torturado allí, aunque a diferencia de su esposa, este nunca sería encontrado.
«La Comisión llegó a la convicción de que Sergio Pérez desapareció por acción de agentes de la DINA», expresan desde el Museo de la Memoria.
Este lunes, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, la diligencia investigativa que busca dar con el paradero de Sergio Pérez Molina comenzó las pericias con la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza en las dependencias de la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicada en Rinconada, Maipú.
La jornada contó con la presencia de familiares y amigos de la víctima, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Obras Públicas y representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Desde la Agrupación de Derechos Humanos de Maipú, entre otras cosas, valoraron la acción y miran con esperanza esta búsqueda, la que señalan como una oportunidad para encontrar el consuelo en una familia que ha sufrido un daño irreparable.
«Como organización que promueve la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, valoramos profundamente estos trabajos. No sólo constituyen un acto de investigación judicial que constata los crímenes cometidos por agentes del Estado, sino que también representan una oportunidad para que una familia encuentre consuelo frente al daño irreparable causado por la desaparición forzada», expresaron.
Además, manifestaron su compromiso y apoyo al Plan Nacional de Búsqueda, argumentando que no hay democracia que pueda sostenerse en la impunidad ni en el silencio.
«Llamamos a la sociedad chilena y a nuestros vecinos de Maipú a apoyar el Plan Nacional de Búsqueda, a acompañar a las familias que aún buscan a sus seres queridos y a rechazar con firmeza todo intento de negar o justificar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura», sentencian.
