El proyecto pretende asegurar la matrícula 2021 de estudiantes en colegios particulares pagados y subvencionados, pese a las deudas que puedan mantener las familias producto de la crisis del Covid-19.
“No podemos condicionar el derecho a educación de los niños a la capacidad de pago de sus apoderados”, dice la diputada Camila Rojas, impulsora de la iniciativa que está a un paso de convertirse en ley.
Con 34 votos a favor, el Senado aprobó en general y particular, por unanimidad, el proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales, particulares subvencionados y particulares pagados, negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por Covid-19.
“La situación económica compleja que vivimos ha generado una alta tasa de morosidad en los colegios, por lo que es nuestro deber dar alternativas para que las familias y los colegios lleguen a acuerdos donde se pondere la estabilidad financiera de los establecimientos y la posibilidad de pago de las familias, pero asegurando siempre la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes”, comenta la diputada Camila Rojas, impulsora de la iniciativa.
“Hay colegios que estaban exigiendo pagos antes de matricular a los niños y niñas. Hace poco una mamá nos contaba que una cláusula de su nuevo contrato en la escuela decía que no se les harían más descuentos en el pago de las mensualidades en caso de pandemia o catástrofe. Son situaciones angustiantes. El derecho a educación de los niños y niñas no puede estar condicionado a la capacidad de pago de sus padres”, agrega la diputada.
La senadora Yasna Provoste celebró la presentación de este proyecto, destacando que haya contado también con el apoyo unánime de la Comisión de Educación del Senado. “Hoy más que nunca se requiere establecer legislativamente iniciativas que den respuestas a las problemáticas que enfrentan nuestros estudiantes, con un enfoque de derecho, de asegurar el acceso a la educación y de no discriminación; y el único propósito que tiene este proyecto es poder garantizar la continuidad de los estudiantes desde un objetivo que nos parece muy importante de poder resguardar, y es el de garantizar que efectivamente la educación sea considerada como un derecho y no como un bien de mercado», dice la senadora.
Tras su paso por el Senado queda pendiente el tercer trámite en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. De aprobarse, la iniciativa podría convertirse en ley. “Este proyecto está desde mediados de agosto en el Senado y nos preocupa lo tarde que salió de allí, porque muchos procesos de matrícula están en curso o cerrados, por lo tanto tendremos que revisar en la Cámara si tal cual quedó efectivamente puede constituir un alivio para las familias y cumplir su objetivo”, explica la diputada Camila Rojas.
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