El 89% dijo no: vecinos de Villa Pehuén 11 siguen en pie contra la red de Metrogas

Los vecinos de Villa Pehuén 11 no bajan los brazos. Tras frenar el inicio de las obras de Metrogas el pasado 2 de noviembre, la Junta de Vecinos insiste en detener la instalación de la red de gas natural, rechazada por el 89% de los hogares de la villa. La empresa, sin embargo, confirmó a La Voz de Maipú que seguirá adelante con el proyecto.

En su respuesta a este medio, Metrogas entregó además su versión de lo ocurrido ese lunes 2 de noviembre, día en que las obras debían comenzar. Según la empresa, se encontró con la vía pública “cerrada con un portón” y con “personas que se identificaron como residentes y vecinos del sector”, que impidieron el ingreso del personal y de los vehículos de la obra. Por eso, afirma la compañía, se determinó que los trabajadores se retiraran “con objeto de resguardar su seguridad”.

La versión de los vecinos es distinta. Los residentes realizaron una manifestación ese 2 de noviembre. Luis Reyes, presidente de la Junta de Vecinos Villa Pehuén 11, sostiene que ese día conversaron con un gestor de comunicaciones de la empresa y acordaron una pausa.

“Logramos detener el inicio de obra. Ese fue como el gran hito”, dijo a La Voz de Maipú. Según Reyes, la obra se aplazó en teoría por una semana, hasta el lunes 9 de noviembre. El gestor tomó sus datos y quedó de llamarlo durante el día, pero eso no ocurrió. La empresa no informó una nueva fecha de inicio. Revisa el video de la manifestación del 2 de noviembre.

Cómo empezó todo

El primer aviso llegó en mayo. El 18 de mayo, la Junta de Vecinos recibió un correo de la empresa contratista de Metrogas. En él se informaba que al día siguiente se haría un catastro fotográfico del sector: fachadas, árboles, luminarias y accesos vehiculares. Según Reyes, el profesional les explicó que la última etapa antes de iniciar este tipo de proyectos era una consulta ciudadana. “De alguna forma nos quedamos un poco tranquilos”, recuerda. Esa consulta nunca llegó.

Lo siguiente fue la llegada de vendedores puerta a puerta a mediados de octubre. “La información que entregaron era toda desde el punto de vista comercial”, cuenta Reyes. “No hablaban nada de que hay contratistas, subcontratistas, de qué va a pasar cuando estén haciendo el hoyo, con el polvo, el ruido o si rompen una reja”.

El 15 de octubre, la junta pidió información al correo de contacto de Metrogas y no tuvo respuesta. Luego escribió al gerente general de la empresa por LinkedIn. Por esa vía, la gerenta de Comunicaciones respondió que el equipo estaba revisando el tema.

El 20 de octubre, la gestora de Expansión de la Región Metropolitana les informó que se repartirían cartas de notificación a los vecinos y propuso una reunión en terreno.

El censo: 231 de 260 hogares en contra

Mientras tanto, la junta organizó una consulta casa por casa en las 260 viviendas de la villa. Quedó fuera la avenida Nueva San Martín, que ya cuenta con gas de red. Para no influir en las respuestas, la consulta la hicieron siete u ocho vecinos voluntarios, sin participación de los dirigentes.

El resultado fue que 231 hogares (88,8%) firmaron contra las obras y contra contratar el servicio. De las 29 viviendas sin firma, según Reyes, la mayoría corresponde a casas donde no se encontró a nadie, aunque hay vecinos que sí quieren el gas. Hoy la villa usa principalmente superbalones y cilindros de 45 kilos.

Con esos datos, el 21 de octubre la junta envió a Metrogas una carta de once páginas. En ella pidió suspender el proyecto, cuestionó su viabilidad económica y alertó sobre riesgos que asocia a la obra: la cercanía con matrices de agua que se rompen con frecuencia en el sector, napas subterráneas superficiales y el impacto en adultos mayores, niños y personas que trabajan desde sus casas.

En caso de que la obra siguiera, la carta exigía una lista de garantías:

• Un seguro de responsabilidad civil
• Un acta del estado previo de calles y veredas
• Horarios de faena
• Reposición de veredas con pastelones iguales a los actuales.

Al día siguiente, la junta escribió al alcalde Tomás Vodanovic, a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Pidió fiscalización de los permisos y una instancia de mediación con la empresa.

“El proyecto sigue”

El 5 de noviembre, Metrogas respondió formalmente a la Junta de Vecinos. Lo hizo a través de un traslado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), donde la organización había presentado su caso. En la carta, firmada por Natalia Vergara Carvallo, subgerenta de Servicio al Cliente, la empresa declara que no resulta procedente acceder a la solicitud de suspender o no iniciar el proyecto.

El argumento central es que, entre el 15 y el 30 de octubre, los propietarios de 19 viviendas de la villa firmaron contratos de conexión con Metrogas. La empresa invoca la Ley de Servicios de Gas: su concesión le da derecho a ocupar calles y veredas con sus redes, y la obliga a dar el servicio a quien lo solicite dentro de su zona.

“Es importante destacar que Ley de Servicios de Gas obliga a las empresas concesionarias, en este caso Metrogas, a prestar el servicio de gas a quien lo solicite dentro de las zonas de servicio de su concesión”, explicó Metrogas a La Voz.

En su declaración a este medio, Metrogas sostuvo que el censo vecinal refleja “la opinión recogida mediante un proceso desarrollado por la propia Junta de Vecinos” y que no sustituye ni deja sin efecto la voluntad de quienes ya contrataron el servicio, ni los permisos otorgados por la Municipalidad de Maipú y el Serviu.

Lo que dice la ley

En su carta del 5 de noviembre, Metrogas también respondió a los argumentos legales de los vecinos. Sostuvo que una junta de vecinos no tiene la facultad de autorizar o impedir obras en espacios públicos que cuenten con permisos. También afirmó que el proyecto no debe pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque la normativa exceptúa expresamente a las redes de distribución de gas. Por lo mismo, agregó, no corresponden los mecanismos de participación ciudadana que contempla ese sistema.

Sobre las garantías exigidas, la empresa señaló que las condiciones técnicas y la reposición de pavimentos están determinadas por la normativa y por los permisos, y que otras medidas “razonables” podrían ser consideradas.

El temor a quedar sin respuesta

Detrás del rechazo hay una preocupación concreta: quién responde si algo sale mal. Reyes advierte que la obra la ejecuta un contratista, que a su vez trabaja con un subcontratista.

“Si tú vas a hablar con él, te dice: no, hable con el otro. Y al final nadie tiene la culpa de nada”, temen los vecinos.

Lo anterior se suma a problemas durante el desarrollo de las obras. Por ejemplo, el estado de las calzadas cuando transiten adultos mayores o que el paso vehicular de los vecinos se vea entorpecido por obras que, según los residentes, todavía no tienen fechas definidas de duración.

Lo que viene

La junta mantiene su objetivo principal. “El objetivo número uno es detener el proyecto”, afirma Reyes. Reconoce, sin embargo, que la empresa cuenta con los permisos, y si la obra se concreta, su plan B es exigir que se haga bien y que no quede ningún cabo suelto.

“No queremos que sientan que tienen mucha plata y muchos recursos para pasarnos por encima”, agrega.

En paralelo, el contacto con la empresa ha avanzado lentamente. Según Reyes, la municipalidad abrió la posibilidad de una mesa de conversación en dependencias municipales.

En su declaración, Metrogas reafirmó su “disposición a mantener canales de comunicación y coordinación” con la Junta de Vecinos, especialmente sobre las condiciones de ejecución de las obras y las medidas para minimizar sus efectos.