Acusan a Luis Japaz, exasesor de Cathy Barriga, de mantener impaga millonaria deuda con su exabogado defensor

Nuevas esquirlas judiciales y económicas golpean al círculo de confianza de la administración municipal anterior en Maipú. De acuerdo con una investigación publicada por el medio Contrapoder Chile, el abogado Miguel Ángel Yáñez Lagos denunció formalmente que Luis Japaz Carrizo —quien fuera considerado la “mano derecha” y principal asesor de la exalcaldesa Cathy Barriga— mantiene una deuda que asciende a los $16 millones por concepto de honorarios impagos tras asumir su defensa legal en los tribunales de justicia.

El reclamo se fundamenta en el no pago de la Factura Electrónica N°212, extendida el 1 de junio de 2025 a nombre del exfuncionario bajo la modalidad de crédito, monto que hasta la fecha no ha sido regularizado pese a las gestiones de cobro sostenidas por el profesional.

Asesoría penal integral y manejo ante la prensa

Según los documentos tributarios a los que accedió Contrapoder Chile, los cobros corresponden a una asesoría técnica integral en el marco de la causa RIT O-9128-2021, radicada en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, donde Japaz se encuentra imputado e investigado por presuntos delitos de fraude al Fisco cometidos durante su paso por la casa consistorial maipucina.

La labor contratada no solo contempló la representación procesal en tribunales —como comparecencias ante el Ministerio Público, asistencia a audiencias y reuniones preparatorias—, sino también una estrategia de posicionamiento público. Esta última labor abarcó vocerías, redacción de minutas de prensa, contacto con medios de comunicación y el diseño de relatos frente a la alta exposición mediática del caso.

“Durante un largo período ejercí la defensa profesional de Luis Japaz, realizando actuaciones judiciales, reuniones, comparecencias y también un trabajo comunicacional vinculado a su caso. Por esos servicios se emitió una factura por $16 millones que, a la fecha, sostengo permanece impaga”, señaló el jurista en diálogo con el citado medio.

Yáñez enfatizó que las faenas profesionales fueron ejecutadas en su totalidad: “No estamos hablando de servicios futuros o de un trabajo que no se haya realizado. La factura describe una defensa penal integral, audiencias, reuniones, actuaciones ante el Ministerio Público y un trabajo comunicacional desarrollado durante el caso. Es un trabajo profesional que efectivamente se prestó y que debe ser remunerado”, remarcó.

Ruptura de comunicación, reporte a Dicom y acciones en tribunales

El profesional explicó que inicialmente intentó solucionar la controversia de manera extrajudicial, apelando al vínculo de confianza que habían construido a lo largo del proceso penal: “Intenté reiteradamente resolver este problema de manera personal, mediante mensajes y llamados, porque después de una relación profesional extensa esperaba que pudiéramos cerrar correctamente el tema de los honorarios. Lamentablemente, llegó un momento en que dejé de obtener respuesta”, explicó Yáñez a Contrapoder Chile.

Frente a la falta de comunicación por parte de Japaz, el abogado activó medidas comerciales formales e ingresó un certificado de requerimiento para publicar la morosidad asociada a la factura N°212 en el Boletín Comercial (DICOM), individualizando a Japaz como deudor. Cabe precisar que este registro mercantil y el documento tributario sirven como sustento del cobro reclamado, mas no constituyen por sí solos un fallo de exigibilidad judicial.

Por esta razón, el abogado confirmó que su equipo recopila todos los antecedentes para recurrir ante los juzgados competentes, con el propósito de entablar las acciones legales de rigor que permitan exigir el pago de los $16 millones adeudados, además de los correspondientes reajustes, intereses acumulados y costas procesales del juicio.