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Chile necesita un nuevo pacto social: ni contra el empresario ni contra el ciudadano

En esta columna de opinión, el autor propone superar la confrontación entre izquierda y derecha, y entre empresarios y trabajadores, con diez compromisos que combinan libertad económica, responsabilidad social y un Estado más exigente con quienes administran recursos ajenos.

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Chile necesita un nuevo pacto social: ni contra el empresario ni contra el ciudadano

I. El cansancio de una sociedad que dejó de escucharse

Hace tiempo que observo con preocupación lo que ocurre en nuestro país. No solamente desde la economía o la política, sino desde algo que considero mucho más profundo: nuestra manera de relacionarnos, de entender el progreso, de interpretar nuestras diferencias y de construir una sociedad.

Tengo la impresión de que Chile ha perdido parte de su capacidad para pensar colectivamente.

Nos hemos acostumbrado a dividirnos entre izquierdas y derechas, ricos y pobres, empresarios y trabajadores, progresistas y conservadores. Pareciera que cualquier reflexión debe pertenecer necesariamente a uno de esos sectores y que, si cuestionamos algo de nuestra propia posición, inmediatamente estamos favoreciendo al adversario.

Me resulta agotador. Pero también debo reconocer algo: durante mucho tiempo he construido mis críticas desde una posición que podría parecer intelectualmente cómoda. Observo las contradicciones de la izquierda, cuestiono los intereses de la derecha, critico a los políticos y termino situándome en una especie de superioridad desde la cual pareciera que yo no formo parte del problema. Como cantaban Los Prisioneros, «nunca quedo mal con nadie».

Y quizás ese sea uno de los riesgos de desarrollar pensamiento crítico sin asumir una posición: convertirse en un observador permanente, capaz de identificar los errores de todos, pero incapaz de comprometerse con una propuesta.

Por eso quiero comenzar reconociendo que soy parte del sistema que cuestiono.

Trabajo, consumo, pago impuestos, utilizo servicios privados, busco mejorar mis ingresos y disfruto de las posibilidades que ofrece el mercado. También participo, como cualquier ciudadano, de las contradicciones de nuestra sociedad.

No escribo desde una supuesta superioridad moral.

Escribo desde el convencimiento de que Chile puede funcionar mejor y desde el hastío que me produce observar cómo nuestra discusión pública se ha transformado en una confrontación permanente.

Mi crítica tiene una posición: creo en la libertad económica, pero también en la responsabilidad social. Creo en la empresa privada, pero no en su derecho a imponer condiciones injustas. Creo en el Estado, pero no en un Estado capturado por partidos políticos, intereses particulares o burocracias ineficientes.

Y creo, sobre todo, que el desarrollo económico debe tener un propósito humano.

II. No estoy contra el capitalismo. Estoy contra un mercado que muchas veces deja desprotegidas a las personas

Me gusta el libre mercado. Me gusta poder elegir un buen automóvil, un reloj de calidad, ropa bien confeccionada o un servicio premium. Me gusta la tecnología, el diseño, la innovación y la posibilidad de acceder a bienes que representan comodidad y progreso. No considero moralmente cuestionable que alguien aspire a vivir mejor.

Tampoco me incomoda que existan empresarios exitosos, personas millonarias o diferencias importantes de patrimonio. El problema comienza cuando confundimos la libertad de consumir con la existencia de oportunidades reales para todos. Porque no es lo mismo nacer en Vitacura que en Lo Espejo.

No se trata de que todos los niños de Vitacura tengan su futuro asegurado ni de que todos los niños de Lo Espejo estén condenados a la pobreza. Se trata de reconocer que sus condiciones iniciales son profundamente distintas.

La educación, el entorno, las redes familiares, la seguridad, el acceso a la cultura, las oportunidades de estudiar idiomas, viajar o continuar estudios superiores influyen en sus posibilidades de desarrollo. Y entonces surge una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: ¿De qué libertad hablamos cuando las posibilidades de ejercerla dependen tanto del lugar donde nacimos?

No pretendo que todos tengamos los mismos ingresos. No necesito que un trabajador de Maipú tenga el mismo patrimonio que un empresario de Vitacura. Pero sí considero indispensable que ambos puedan acceder a una vida digna.

Quizás uno viaje a Europa durante sus vacaciones y el otro recorra las playas de Chile. Quizás uno tenga un automóvil de lujo y el otro un vehículo más modesto. Esas diferencias pueden existir.

Lo que no debería existir es una sociedad donde una familia trabajadora deba elegir permanentemente entre pagar sus deudas, atender su salud, alimentar adecuadamente a sus hijos o disfrutar de un mínimo descanso.

Una economía desarrollada no debería producir solamente empresas exitosas. Debería producir también trabajadores capaces de vivir bien.

III. Cuando las reglas del mercado parecen proteger más a las instituciones que a los ciudadanos

Quiero detenerme en algunos ejemplos cotidianos.

Una persona trabaja, recibe una remuneración y paga mensualmente un plan de salud privado. Cuando enferma y necesita una licencia médica, descubre que el subsidio que recibirá puede ser considerablemente inferior a su ingreso habitual.

Comprendo que existen bases imponibles, promedios de remuneraciones, topes legales y procedimientos técnicos.

Pero la pregunta social permanece.

¿Por qué una persona que enferma puede enfrentar una reducción importante de sus ingresos justamente cuando necesita mayor protección?

No estoy afirmando que toda diferencia entre sueldo y subsidio constituya un abuso. Estoy cuestionando si las reglas actuales ofrecen una protección suficiente.

Lo mismo ocurre con nuestro sistema previsional.

Las AFP administran recursos que pertenecen a los trabajadores. Esos fondos están expuestos a los mercados financieros y pueden experimentar pérdidas.

Entiendo perfectamente que invertir implica asumir riesgos y que ninguna administradora puede garantizar rentabilidades positivas permanentes.

Pero me parece legítimo preguntarnos por qué los incentivos económicos de quienes administran nuestros ahorros no están más estrechamente vinculados con la calidad de su gestión y con los resultados de largo plazo.

No propongo que las AFP deban devolver automáticamente cualquier pérdida del mercado. Propongo que existan mecanismos exigentes de evaluación, auditoría y responsabilidad cuando se produzcan incumplimientos, negligencia o una administración injustificadamente deficiente.

Que la gestión profesional tenga consecuencias.

Pensemos también en las autopistas concesionadas.

El Estado entrega una infraestructura para su construcción, explotación o mantenimiento mediante contratos que permiten recuperar inversiones y obtener rentabilidad.

Eso es legítimo.

Pero cuando las condiciones originales cambian, las inversiones se recuperan o se negocian extensiones contractuales, ¿por qué no deberíamos exigir una revisión rigurosa de los beneficios para los usuarios?

Si una tarifa fue establecida para financiar determinadas inversiones, resulta razonable preguntar qué justifica mantenerla o incrementarla cuando esas condiciones cambian.

No significa desconocer los costos de mantenimiento ni los compromisos contractuales.

Significa exigir que la rentabilidad privada y el interés público permanezcan equilibrados.

Algo semejante ocurre con los créditos hipotecarios.

Los bancos necesitan obtener ganancias, cobrar intereses y administrar riesgos.

Pero una familia que enfrenta una enfermedad grave, una cesantía prolongada o una crisis económica puede perder su vivienda después de años de esfuerzo.

¿No podríamos construir mecanismos más sólidos de renegociación, mediación y protección temporal antes de llegar a una ejecución hipotecaria?

No hablo de eliminar las obligaciones de pago.

Hablo de introducir proporcionalidad y humanidad en su cumplimiento.

Mi posición no es que el empresario deba perder para que gane el ciudadano. Mi posición es que el ciudadano no debería quedar sistemáticamente en desventaja para que el empresario pueda ganar.

Y cuando una regulación favorece a una institución, debemos preguntarnos si existe una justificación económica y social suficiente.

Porque el mercado debe generar riqueza, pero las reglas que lo organizan deben servir al conjunto de la sociedad.

IV. El verdadero problema: la concentración del poder y la captura de la política

Aquí aparece una de mis críticas más profundas.

No creo que el principal problema de Chile sea la existencia de empresarios exitosos.

El problema es que determinados intereses económicos pueden llegar a ejercer una influencia desproporcionada sobre las decisiones políticas.

Y eso tiene un nombre: captura regulatoria.

Ocurre cuando las instituciones que deberían proteger el interés público terminan respondiendo, directa o indirectamente, a los intereses de los sectores que deben regular.

No toda decisión favorable a una empresa demuestra corrupción. Tampoco toda regulación favorable a los trabajadores es necesariamente correcta.

Pero necesitamos instituciones capaces de demostrar que sus decisiones se fundamentan en evidencia, transparencia y bienestar colectivo.

¿Por qué deberíamos aceptar que las decisiones sobre pensiones, salud, concesiones o servicios esenciales se discutan principalmente entre autoridades y representantes de las industrias involucradas?

¿Dónde está el ciudadano?

¿Dónde está la evaluación independiente?

¿Dónde está la explicación comprensible de cuánto cuesta una política, quién se beneficia, quién la financia y qué resultados se esperan?

Lo mismo debería exigirse a nuestras empresas estatales.

Codelco, por ejemplo, pertenece íntegramente al Estado de Chile.

Eso significa que su administración tiene responsabilidades que van más allá de cualquier gobierno.

No basta con publicar estados financieros y cumplir formalmente con las obligaciones legales.

Deberíamos avanzar hacia mecanismos de información pública mucho más comprensibles, que permitan conocer inversiones, costos, resultados, endeudamiento, desviaciones presupuestarias y cumplimiento de proyectos.

No necesitamos auditar integralmente una empresa todos los meses. Necesitamos indicadores periódicos claros, auditorías independientes y responsabilidades efectivas.

Y el mismo estándar debería aplicarse a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y organismos públicos.

No quiero un Estado débil frente al poder económico.

Pero tampoco quiero un Estado que utilice su capacidad regulatoria para favorecer a sus propios operadores políticos.

Quiero un Estado fuerte en sus instituciones, limitado en sus arbitrariedades y exigente con quienes administran recursos que pertenecen a todos.

V. Chile ya conoció experiencias de colaboración entre trabajadores, empresas y Estado

A veces discutimos el futuro como si nunca hubiéramos tenido experiencias útiles en nuestro pasado.

Durante buena parte del siglo XX existieron en Chile cooperativas de vivienda, asociaciones de ahorro y préstamo, instituciones de previsión y mecanismos de colaboración que permitieron a numerosos trabajadores acceder a soluciones habitacionales.

En los años cincuenta y sesenta, la Corporación de la Vivienda, CORVI, el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, SINAP, y diversas organizaciones cooperativas participaron en iniciativas de financiamiento y construcción.

Trabajadores agrupados en cooperativas podían reunir ahorros, organizar proyectos y acceder a mecanismos de crédito o apoyo público.

No todas las experiencias fueron iguales. Tampoco todas fueron exitosas o universalmente accesibles.

Pero había una idea que considero extraordinariamente valiosa: la vivienda podía construirse mediante esfuerzos organizados y complementarios entre ciudadanos, instituciones públicas y actores privados.

No se trataba necesariamente de enfrentar al trabajador con el empresario.

Se trataba de generar condiciones para que el trabajo también permitiera construir patrimonio.

Imagino, por ejemplo, una empresa moderna que participa voluntariamente en un programa habitacional para sus trabajadores.

Los empleados ahorran una parte de sus ingresos. La empresa realiza aportes bajo condiciones transparentes. El Estado entrega incentivos tributarios o subsidios focalizados y una entidad financiera ofrece créditos en condiciones competitivas.

La organización de trabajadores participa en la supervisión del programa.

Todos asumen responsabilidades.

El trabajador accede a una vivienda. La empresa mejora la retención y el bienestar de su personal. El Estado contribuye a reducir el déficit habitacional.

Eso no es eliminar el mercado.

Es organizarlo para producir beneficios compartidos.

Por supuesto, un modelo semejante necesitaría garantías para impedir que el acceso a la vivienda dependa de permanecer indefinidamente en una empresa o de renunciar a derechos laborales.

Pero esos problemas pueden resolverse mediante un buen diseño institucional.

La pregunta es por qué no discutimos seriamente alternativas de esta naturaleza.

¿Por qué nuestra imaginación política parece limitarse tantas veces a aumentar subsidios, elevar impuestos, reducir impuestos o entregar nuevas concesiones?

¿Dónde quedó la capacidad de construir soluciones colaborativas?

VI. El empresario y el trabajador no deberían ser enemigos naturales

Quiero detenerme en una idea que considero fundamental.

Una empresa necesita capital, organización, inversión, conocimiento y personas dispuestas a asumir riesgos.

Pero también necesita trabajadores.

Y los trabajadores necesitan oportunidades laborales, remuneraciones, estabilidad y posibilidades de desarrollo.

Ambos cumplen funciones indispensables.

No comparto la visión según la cual toda ganancia empresarial constituye necesariamente una forma de explotación.

Pero tampoco comparto la idea de que el empresario, por asumir riesgos o aportar capital, queda liberado de responsabilidades respecto de quienes hacen posible su actividad.

El emprendimiento merece reconocimiento.

El trabajo también.

Una sociedad necesita empresarios, técnicos, médicos, profesores, operarios, ingenieros, conductores, comerciantes y trabajadores de múltiples oficios.

No todos podemos ser gerentes.

Ni necesitamos serlo.

Lo importante es que una persona no deba alcanzar un cargo directivo para vivir dignamente.

Y aquí los sindicatos tienen un papel fundamental.

No deberían entenderse automáticamente como enemigos de las empresas. Su función es representar intereses legítimos de los trabajadores y equilibrar relaciones de poder que, individualmente, suelen ser desiguales.

Pero también deben actuar con responsabilidad, transparencia y comprensión de la sostenibilidad económica de las organizaciones.

La colaboración no significa eliminar el conflicto laboral ni exigir que los trabajadores renuncien a sus derechos.

Significa construir mecanismos para resolver los conflictos de manera justa.

Un sindicato independiente y una empresa responsable pueden discrepar profundamente y, aun así, reconocer que su futuro está relacionado.

Ese es el tipo de madurez institucional que deberíamos promover.

VII. ¿Qué ocurrió con nuestra capacidad de construir acuerdos?

Cuando Chile recuperó la democracia, enfrentaba desafíos enormes.

La transición estuvo marcada por tensiones políticas, heridas históricas, limitaciones institucionales y profundas diferencias ideológicas.

Sin embargo, durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos se desarrollaron experiencias relevantes de negociación política, crecimiento económico, expansión de políticas sociales y construcción de acuerdos.

Posteriormente, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera representaron proyectos diferentes, pero también gobernaron dentro de un marco democrático que exigía negociación y convivencia institucional.

No pretendo idealizar esos gobiernos.

Durante aquellos años persistieron desigualdades, abusos, concentración económica, segregación urbana y demandas sociales que no recibieron respuestas suficientes.

De hecho, parte del descontento posterior se explica precisamente por esas insuficiencias.

Pero hay algo que considero rescatable: la convicción de que gobernar requería construir acuerdos más allá de la identidad partidaria.

Hoy observo una política que con demasiada frecuencia parece organizarse alrededor de la confrontación.

El Frente Amplio, el Partido Republicano y otras fuerzas políticas han representado respuestas distintas al agotamiento del sistema político tradicional.

Tienen diferencias sustantivas y no corresponde tratarlos como equivalentes en todas sus propuestas o conductas.

Sin embargo, considero legítimo cuestionar cuando la identidad ideológica se transforma en un obstáculo para reconocer buenas ideas provenientes de otros sectores.

No creo que Chile necesite una izquierda que considere sospechoso todo éxito empresarial.

Tampoco una derecha que interprete cualquier exigencia de justicia social como una amenaza al crecimiento económico.

Necesitamos políticos capaces de reconocer que la iniciativa privada y la protección social no son objetivos incompatibles.

Que el crecimiento económico importa.

Que la distribución de sus beneficios también importa.

Que la responsabilidad fiscal es indispensable.

Y que la dignidad de las personas no puede quedar subordinada permanentemente a indicadores macroeconómicos.

La política debería ser el espacio donde resolvemos nuestras diferencias, no la industria que se alimenta de mantenerlas abiertas.

VIII. El problema también somos nosotros: una sociedad que ha debilitado su pensamiento crítico

Sería demasiado fácil responsabilizar exclusivamente a los políticos.

Nosotros también contribuimos al deterioro de nuestra convivencia.

Cuando aceptamos una noticia porque confirma nuestras creencias, cuando descalificamos a una persona por su posición política, cuando justificamos una conducta incorrecta porque la realizó alguien de nuestro sector, estamos debilitando nuestra capacidad de pensar críticamente.

Desde la psicología social sabemos que las personas tendemos a favorecer la información congruente con nuestras creencias y a identificarnos con los grupos a los que pertenecemos.

Esa tendencia puede intensificarse cuando la política se transforma en una identidad emocional.

Entonces dejamos de evaluar argumentos y comenzamos a defender pertenencias.

Ya no preguntamos si una propuesta es buena.

Preguntamos quién la propuso.

Si viene de nuestro sector, buscamos razones para defenderla.

Si viene del adversario, buscamos razones para rechazarla.

Y así construimos una sociedad donde cambiar de opinión parece una traición.

También debemos examinar nuestra educación.

No quiero establecimientos que enseñen a sus alumnos qué partido deben apoyar o qué ideología deben adoptar.

Quiero escuelas capaces de enseñar historia, economía, filosofía, pensamiento científico y educación cívica desde la discusión rigurosa de diferentes perspectivas.

Que los estudiantes puedan cuestionar el capitalismo y también el socialismo.

Que puedan estudiar los beneficios del mercado y sus fallas.

Que comprendan el valor de la propiedad privada, los derechos laborales, la democracia, la libertad individual y la responsabilidad colectiva.

El pensamiento crítico no consiste en enseñar a los jóvenes a pensar como nosotros.

Consiste en entregarles herramientas para que puedan cuestionarnos incluso a nosotros.

Y esa exigencia debe alcanzar tanto a los establecimientos públicos como a los privados.

Porque la segregación educativa no solamente produce diferencias de aprendizaje.

También puede producir mundos sociales que apenas se conocen entre sí.

Niños que crecen sin comprender las dificultades materiales de otros.

Y niños que crecen percibiendo que determinadas oportunidades pertenecen a un mundo al que nunca podrán acceder.

¿Cómo construimos cohesión social si desde pequeños vivimos realidades tan separadas?

IX. La ciudadanía también tiene obligaciones

No podemos exigir políticos honestos mientras normalizamos pequeñas formas de corrupción cotidiana.

No podemos reclamar mejores servicios públicos mientras justificamos la evasión tributaria.

No podemos exigir respeto a las leyes cuando consideramos aceptable incumplirlas si nos resulta conveniente.

Tampoco podemos pedir responsabilidad empresarial y después desconocer nuestras propias obligaciones laborales, comerciales o financieras.

Por supuesto, las responsabilidades no son idénticas.

Una persona que administra miles de millones de pesos públicos tiene obligaciones y capacidades de producir daño muy superiores a las de un ciudadano común.

Pero eso no significa que nuestra conducta individual sea irrelevante.

Una sociedad democrática necesita ciudadanos informados, capaces de participar, organizarse, fiscalizar y reconocer que sus derechos conviven con responsabilidades.

Necesitamos recuperar la vida comunitaria.

Las juntas de vecinos, las cooperativas, las organizaciones profesionales, las asociaciones de trabajadores y los espacios de participación local pueden cumplir un papel importante.

No todo debe resolverse desde el gobierno central.

Tampoco todo puede quedar entregado al mercado.

Existen problemas que requieren organización colectiva, colaboración territorial y compromiso ciudadano.

Y eso exige algo que parece cada vez más escaso: confiar lo suficiente en los demás como para construir proyectos comunes.

X. Migración, cohesión social y responsabilidad institucional

También debemos hablar de migración.

No considero que migrar sea algo negativo en sí mismo.

Las personas se desplazan buscando seguridad, trabajo, oportunidades y mejores condiciones de vida.

Chile también tiene una larga historia de emigración e inmigración.

Pero reconocer el valor humano de la migración no significa renunciar a una política migratoria ordenada.

Un país necesita conocer su capacidad para integrar nuevos habitantes, planificar servicios, garantizar condiciones laborales, fiscalizar sus fronteras y enfrentar las organizaciones criminales que puedan aprovechar debilidades institucionales.

La experiencia internacional demuestra que la integración puede enfrentar dificultades cuando las políticas públicas no responden adecuadamente a las necesidades de vivienda, empleo, educación y convivencia.

Pero esos problemas no deben confundirse con la religión, la nacionalidad o el color de piel de las personas.

La seguridad pública exige perseguir conductas delictivas, no atribuir peligrosidad colectiva a comunidades enteras.

Creo que una sociedad cohesionada necesita reglas claras.

Quienes llegan deben respetar las leyes y las instituciones del país que los recibe.

Y el Estado debe garantizar que sus derechos fundamentales sean respetados.

Una política migratoria seria no necesita xenofobia.

Necesita planificación, fiscalización, integración y responsabilidad.

XI. Tenemos recursos para construir un país mejor

Chile posee condiciones extraordinarias.

Tenemos minería, recursos solares, potencial eólico, recursos hídricos sujetos a importantes desafíos de disponibilidad y gestión, capacidad agroindustrial, actividad marítima, conocimiento científico y posibilidades de desarrollo tecnológico.

Pero disponer de recursos naturales no garantiza automáticamente prosperidad.

Necesitamos transformar esas ventajas en productividad, innovación, empleo de calidad y desarrollo territorial.

La minería puede generar encadenamientos productivos con empresas tecnológicas nacionales.

Las energías renovables pueden impulsar nuevas industrias.

Las universidades y centros de formación técnica pueden vincularse con necesidades productivas concretas.

Las pequeñas y medianas empresas pueden integrarse a cadenas de valor más sofisticadas.

Y el Estado puede facilitar estas transformaciones mediante infraestructura, formación, regulación y políticas públicas evaluables.

No estoy proponiendo que el Estado elija arbitrariamente empresas ganadoras.

Estoy proponiendo que construya condiciones para que la iniciativa privada produzca desarrollo sostenible.

Porque una economía no puede depender indefinidamente de extraer recursos y esperar que los beneficios lleguen espontáneamente a todos.

Necesitamos agregar conocimiento, tecnología y valor.

Y necesitamos que ese progreso se refleje en mejores salarios, servicios, viviendas y oportunidades.

XII. Un nuevo pacto social: diez compromisos para Chile

No creo que necesitemos inventar una ideología completamente nueva.

Necesitamos recuperar principios que han demostrado utilidad, corregir sus limitaciones y adaptarlos a las condiciones actuales.

Propongo diez compromisos como punto de partida.

1. Defender la libertad económica y la competencia real. Proteger el emprendimiento, la propiedad privada y la innovación, combatiendo monopolios, colusiones y barreras injustificadas de entrada.

2. Garantizar un piso digno de bienestar. Establecer metas verificables de acceso a salud, educación, vivienda, seguridad, servicios básicos y protección durante la vejez.

3. Equilibrar las relaciones entre empresas y consumidores. Revisar las regulaciones de sectores donde existen grandes diferencias de poder contractual, especialmente salud, pensiones, servicios financieros y concesiones.

4. Exigir responsabilidad a quienes administran recursos ajenos. Fortalecer auditorías, transparencia, deberes fiduciarios y sanciones proporcionales ante negligencia o incumplimientos.

5. Recuperar la colaboración entre trabajadores, empresas y Estado. Desarrollar nuevos programas cooperativos de vivienda, capacitación, ahorro y bienestar laboral, con incentivos y controles adecuados.

6. Construir una política tributaria justa y sostenible. Mantener progresividad, combatir la evasión, simplificar el cumplimiento y evaluar los efectos de los impuestos sobre inversión, empleo y recaudación.

7. Profesionalizar el Estado. Reducir el clientelismo, fortalecer los concursos públicos, evaluar programas y exigir responsabilidades por resultados, no solamente por ejecución presupuestaria.

8. Recuperar la educación cívica y el pensamiento crítico. Formar ciudadanos capaces de debatir, comprender instituciones, evaluar evidencia y reconocer sus propios sesgos.

9. Promover desarrollo productivo territorial. Utilizar nuestras ventajas económicas para generar oportunidades fuera de los sectores y comunas históricamente favorecidos.

10. Recuperar la política de acuerdos. Exigir a los partidos capacidad de negociación, transparencia en sus compromisos y disposición a apoyar buenas propuestas independientemente de su origen.

Estos compromisos no resuelven automáticamente nuestros problemas.

Requieren financiamiento, legislación, instituciones competentes, evaluaciones y decisiones difíciles.

Pero constituyen una dirección.

Y una sociedad necesita saber hacia dónde quiere avanzar.

XIII. ¿Una utopía? Quizás. Pero también una exigencia democrática

Es posible que alguien considere ingenua esta propuesta. Que diga que empresarios y trabajadores siempre tendrán intereses contrapuestos. Que los políticos nunca renunciarán voluntariamente a sus privilegios. Que la ciudadanía está demasiado dividida para construir acuerdos. Y puede que existan razones para ese pesimismo.

Pero me niego a aceptar que nuestras contradicciones actuales sean una condición inevitable de la vida en sociedad. No creo que debamos eliminar los conflictos. Creo que debemos aprender a administrarlos sin destruirnos mutuamente. No creo que todos debamos pensar igual. Creo que debemos recuperar la capacidad de reconocer argumentos válidos en personas que piensan diferente.

No creo que debamos terminar con las élites económicas. Creo que debemos impedir que su influencia determine desproporcionadamente las reglas que afectan a todos. No creo que debamos perseguir al empresario. Creo que debemos exigirle responsabilidad, del mismo modo que debemos exigírsela al trabajador, al funcionario público, al dirigente sindical y al ciudadano. Y no creo que el Estado deba resolver cada aspecto de nuestras vidas. Creo que debe garantizar condiciones justas para que podamos desarrollarnos.

XIV. Una exigencia a nuestra clase política

Quiero terminar dirigiéndome a quienes gobiernan, legislan y aspiran a representarnos.

Chile no necesita más discursos sobre la superioridad moral de una ideología.

Necesita resultados.

Necesita que expliquen cómo financiarán sus propuestas, cuáles serán sus consecuencias y qué indicadores permitirán evaluar su cumplimiento.

Necesita que dejen de utilizar las dificultades de las personas como instrumentos de confrontación electoral.

Necesita que los acuerdos no sean presentados como derrotas ideológicas.

Necesita parlamentarios capaces de estudiar, escuchar, negociar y legislar con responsabilidad.

Necesita autoridades que comprendan que ejercer el poder no equivale a apropiarse del Estado.

Y necesita una ciudadanía que deje de comportarse exclusivamente como espectadora de la política.

No basta con indignarnos.

Debemos informarnos, participar, organizarnos, fiscalizar y exigir.

También debemos estar dispuestos a revisar nuestras propias creencias y aceptar que algunas soluciones tendrán costos.

Porque ningún pacto social serio puede construirse sobre la promesa de que todos recibirán beneficios sin asumir responsabilidades.

La justicia social necesita recursos.

La inversión necesita estabilidad.

Los derechos necesitan instituciones.

Y la democracia necesita ciudadanos.

No quiero un Chile donde el éxito de unos dependa del fracaso de otros.

No quiero una sociedad donde el empresario sea considerado automáticamente un explotador ni donde el trabajador sea tratado como un costo que debe reducirse al mínimo.

Quiero un país donde quien emprende pueda prosperar, quien trabaja pueda vivir dignamente, quien enferma encuentre protección y quien envejece no tenga que enfrentar sus últimos años con miedo a la pobreza.

Quiero que un niño nacido en Maipú, Lo Espejo o cualquier otra comuna tenga posibilidades reales de construir su futuro.

Y que un niño nacido en Vitacura pueda disfrutar de sus oportunidades sin que eso implique indiferencia frente a las dificultades de los demás.

No necesitamos ser iguales en patrimonio, profesión o aspiraciones.

Necesitamos ser iguales en dignidad, derechos y posibilidades fundamentales de desarrollo.

Quizás el gran desafío de Chile no sea elegir definitivamente entre izquierda y derecha.

Quizás sea construir una sociedad suficientemente madura para comprender que el mercado, el Estado, las empresas y los ciudadanos no tienen por qué actuar como enemigos permanentes.

Una sociedad donde el progreso individual no esté desconectado del bienestar colectivo.

Donde la libertad no sea un privilegio.

Donde la justicia no sea solamente una consigna.

Y donde la política vuelva a comprender que su propósito no es administrar nuestras divisiones, sino ayudarnos a construir un futuro compartido.

No quiero un país donde todos tengan lo mismo. Quiero un país donde nadie tenga que vivir indignamente para que otros puedan vivir extraordinariamente bien.

Y si nuestros representantes no son capaces de comprender esa diferencia, entonces quizás ha llegado el momento de exigirles algo más que nuevos programas de gobierno.

Ha llegado el momento de exigirles un nuevo compromiso con Chile.

Comunidad LVDM

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