Hablar de seguridad en Chile no puede ser simplemente una reacción ante el miedo, ni una excusa para levantar discursos punitivistas que han demostrado ser insuficientes. Hablar de seguridad hoy debe ser hablar de un enfoque sistemático, integral y profundamente humano. Porque la seguridad real no se construye solo con cámaras ni con patrullas; se construye con justicia, con comunidad y con un Estado que asuma su responsabilidad con decisión y visión de futuro.
Chile enfrenta una crisis de seguridad que es compleja y multifactorial: crimen organizado, narcotráfico, delitos violentos, pero también abandono institucional, desigualdad, territorios sin presencia del Estado y una ciudadanía que se siente sola. Pretender enfrentar esta realidad con soluciones simplistas es un error que ya no podemos seguir cometiendo.
Construir una seguridad sistemática significa actuar en todos los frentes: prevención, intervención, protección, justicia, rehabilitación y reinserción. Significa fortalecer el sistema judicial, modernizar a las policías, mejorar la inteligencia del Estado y también invertir en educación, salud mental, cultura y urbanismo. Porque un país más seguro es también un país donde hay más oportunidades, más dignidad y más cohesión social.
Pero también debemos reconocer algo clave: la seguridad es una responsabilidad compartida. El Estado debe liderar, pero la comunidad no puede quedar al margen. La seguridad se construye desde el barrio, desde la plaza, desde la escuela. Se construye cuando los vecinos confían entre sí, cuando se levantan redes de protección, cuando hay vida comunitaria activa y fuerte. No hay prevención posible sin comunidad organizada.
«Pero también debemos reconocer algo clave: la seguridad es una responsabilidad compartida. El Estado debe liderar, pero la comunidad no puede quedar al margen»
Por eso necesitamos un pacto social por la seguridad, donde el Estado asuma su rol garante de derechos y presencia territorial, pero donde también se reconozca el poder transformador de la ciudadanía. Donde se entienda que reprimir sin prevenir es una receta para el fracaso, y que proteger sin cuidar el tejido social es simplemente maquillar una crisis.
Chile no puede seguir postergando este debate. La seguridad no es una promesa de campaña. Es un derecho. Y como tal, debe abordarse con mirada de Estado, con políticas públicas de largo plazo, con participación ciudadana real y con la convicción de que solo un país más justo será también un país más seguro.

Porque la seguridad es comunitaria, pero también es estatal. Es cultural, estructural y política. Y es hoy uno de los mayores desafíos de nuestra democracia.
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