Concejales oficialistas de Maipú acusan que se enteraron por la empresa del fallo que declaró ilegal el contrato de aseo de 4.776 millones
Dos días antes de que estallara públicamente el caso del contrato de aseo declarado ilegal, el municipio citó a los concejales del círculo cercano de Tomás Vodanovic. El alcalde no estuvo en la sala. La molestia apunta a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Aseo y Ornato, y el temor de fondo es el Tribunal Electoral Regional.
El martes 21 de julio, a las 16:30, en dependencias de la alcaldía de Maipú, se realizó una reunión que no figuró en ninguna agenda pública. Al encuentro llegaron los concejales del Frente Amplio Nicolás Carrancio, Bladymir Muñoz y Ka Quiroz, además del concejal comunista Ariel Ramos: el núcleo político más cercano al alcalde Tomás Vodanovic.
Del otro lado de la mesa, tres nombres del aparato municipal: la jefa de gabinete, Emilia Malig; el director jurídico, el abogado Fabián Farías; y el administrador municipal, Jorge Córdova Obreque. El alcalde no participó.
El tema era uno solo: la sentencia firme y ejecutoriada del Tribunal de Contratación Pública que declaró ilegal y arbitraria la adjudicación del contrato de limpieza urbana y barrido de la zona céntrica de Maipú —$4.776.031.680 a 48 meses, adjudicados a Dimensión S.A.— y que el municipio no ha cumplido pese a que quedó a firme en marzo de este año.
Dos días después, el jueves 23, El Líbero publicaría la investigación que reveló el caso, replicada esa misma noche por La Voz de Maipú.
Una reunión tensa y una confianza fracturada
De acuerdo con asistentes al encuentro consultados por este medio, la reunión fue tensa. La molestia de los concejales oficialistas no estuvo puesta principalmente en el fondo del fallo, sino en algo más elemental: se enteraron del lío judicial por una carta que les envió la empresa demandante hace algunas semanas, no por el municipio del que forman parte.
El reclamo apuntó a dos direcciones específicas: A la Dirección de Aseo y Ornato- responsable del contrato- liderada por Paloma Valenzuela, y a la Dirección Jurídica que encabeza Fabián Farías, el mismo abogado sentado en la reunión. Ambas reparticiones estaban al tanto del proceso judicial desde su inicio, en julio de 2024. Los concejales acusaron que nunca fueron notificados.
La respuesta del municipio, según las mismas fuentes, fue institucional: como corporación tenían el deber de litigar hasta el final, agotando todas las instancias procesales disponibles.
La carta que encendió la alarma
El documento que dejó en evidencia el silencio interno tiene fecha 9 de julio de 2026 y está firmado por el abogado Andrés Ibarra Videla, en representación de Núcleo Paisajismo SpA, la empresa que quedó segunda en la licitación y que ganó el juicio. Va dirigido directamente a los concejales de Maipú, con copia a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
En tres páginas, el escrito informa que ese mismo día se solicitó información «perentoria» al alcalde sobre el cumplimiento de la sentencia y sostiene que la ejecución actual del servicio se hace «mediante un contrato carente de causa jurídica válida».
Pero el párrafo que explica la alarma de los concejales es otro, subrayado en el original:
«A partir de la notificación de la sentencia judicial que desestimó la oposición municipal al cumplimiento del fallo definitivo, todo pago y continuidad del servicio con la empresa Dimensión S.A compromete gravemente la responsabilidad personal de las autoridades involucradas quienes —a sabiendas— persistan en un servicio cuya continuidad está prohibida por sentencia judicial firme y ejecutoriada.»
La carta también recuerda que el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades impone al alcalde el deber de dictar el decreto que disponga el cumplimiento de la sentencia, y exige que se informe formalmente qué decreto se dictó, qué medidas se tomaron para designar una nueva comisión evaluadora no inhabilitada y cuál es el cronograma administrativo para regularizar el servicio.
El detalle cronológico no es menor: la carta llegó a los concejales el 9 de julio. El Decreto Alcaldicio N°03160/2026 —el que abrió un procedimiento de invalidación de hasta 60 días hábiles en vez de ejecutar directamente lo ordenado— fue firmado por Vodanovic el 15 de julio, un día después de que El Líbero enviara sus preguntas al municipio para el reportaje.
Página 1 Carta Causa Judicial Paisajismo
El fantasma del TER
Más allá del malestar por la falta de información, la preocupación de los concejales tiene un componente muy concreto. Si el caso escala, la vía natural es el Tribunal Electoral Regional (TER), sede donde se tramitan las causas por notable abandono de deberes. Y ahí no está en juego solamente el alcalde: están en juego los escaños de quienes aprobaron y sostienen la adjudicación.
Fue precisamente el Concejo Municipal el que, el 11 de julio de 2024, aprobó la propuesta de adjudicación a Dimensión S.A. que la justicia terminó calificando de ilegal y arbitraria.
«Nos sentimos fusibles»
Un par de concejales señalaron a La Voz de Maipú que, terminada la reunión, los ánimos no eran los mejores. Bajo reserva de identidad, describieron dos incomodidades.
La primera, que Vodanovic no haya dado las explicaciones personalmente y haya delegado el encuentro en su jefa de gabinete, su director jurídico y su administrador municipal.
La segunda, más de fondo: la sensación de estar operando como fusibles. La percepción, dicen, es que el aparato municipal está concentrado en blindar al alcalde —figura con proyección nacional— mientras el costo político del caso se reparte entre quienes votaron la adjudicación en la sala del Concejo.
La reunión ampliada: la oposición escucha
Tras el encuentro del círculo cercano, el municipio realizó una segunda reunión, esta vez ampliada, a la que asistieron los concejales Edison Aguilera, del Partido Republicano, y Juan Carlos Prado, de la UDI.
Ambos escucharon los argumentos municipales sin emitir mayores opiniones, según las fuentes consultadas por este medio.
El estado del caso
Mientras el municipio ordenaba puertas adentro, Núcleo Paisajismo se movía en tribunales. Ese mismo martes 21 de julio, la empresa ingresó una presentación ante el Tribunal de Contratación Pública denunciando una «gravísima maniobra de fraude a la ejecución y contumacia manifiesta» y pidió que el procedimiento de invalidación no sea considerado cumplimiento del fallo.
Consultada por La Voz de Maipú sobre el caso, el 23 de julio, la Municipalidad sostuvo que está cumpliendo el fallo mediante el proceso administrativo de invalidación, que el servicio continúa con normalidad y que no existe perjuicio patrimonial ni operativo. No entregó cifras de lo pagado a Dimensión S.A. desde que la adjudicación fue declarada ilegal, no explicó el fundamento jurídico de la vía escogida ni comprometió un plazo de término.
Lo que sí ocurrió, y hasta ahora no se había informado, es que dos días antes de que el caso se hiciera público el Municipio ya estaba reuniendo a sus concejales para explicarles el entramado, que la entidad edilicia no informó ni siquiera a los más cercanos al proyecto municipal de Vodanovic.