El objetivo del requerimiento era comprobar el uso que le daba Cathy Barriga al vehículo fiscal mientras fue alcaldesa, ya que se sospecharía que hasta iba a una peluquería en Vitacura con él. Lee los detalles en la nota:
Hace unos días, aún bajo la gestión de Cathy Barriga, el Tribunal de alzada desestimó el reclamo presentado por la Municipalidad de Maipú contra una solicitud de información mediante Ley de Transparencia que ordenó la entrega de bitácora y otros antecedentes de un vehículo municipal.
El requerimiento realizado a nombre de Carlos Richter Bórquez, solicitaba la «bitácora de ruta del vehículo marca Hyundai ionix placa patente LPKT16 y nombre del funcionario destinado a la conducción de este vehículo fiscal y
requiero las facturas de las concesionarias de las autopistas por concepto de control TAG , región metropolitana y rutas 68 y 78″.
Según lo detallado por el mismo solicitante, el motivo detrás del requerimiento tiene relación con dilucidar el uso que le daba la edil a este vehículo fiscal, ya que se sospecharía que este servía de traslado para diversas actividades personales que nada tenían que ver con el cargo alcaldicio, como incluso ir a una peluquería en Vitacura.
A pesar de la inmediata negativa del ente edilicio para entregar estos antecedentes, con la excusa de que había una interpretación errónea sobre las normas aplicadas en este caso, el Consejo para la Transparencia (CPLT) respaldó al vecino, con fecha 25 de enero se le notificó a la autoridad sobre la insistencia de que debía entregar la información.
«El municipio ha afirmado que lo requerido no constituye una solicitud de acceso a la información pública, sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en el artículo 19, N°14, de la Constitución Política de la República, sin embargo, no ha manifestado los fundamentos de dicha alegación, no explicando en qué consistiría el
pronunciamiento que debería emitir para dar respuesta a la solicitud, y que la enmarcaría en el ejercicio del derecho de petición. Por el contrario, a juicio de este Consejo, la solicitud recae sobre información pública, que dice relación con la utilización de un bien fiscal y de los costos que representa su uso al presupuesto municipal», fue la respuesta del CPLT.
La situación finalmente se extendió hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes consideraron igualmente pertinente el requerimiento y rechazaron el recurso de reclamación que había sido presentado por la Municipalidad, obligándola a extender la información solicitada.
De momento, es de esperar que la nueva administración no continúe con la acción judicial ante la Corte Suprema y entregue, cuanto antes, la información denegada insistentemente por la gestión saliente.
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