El camino judicial que el Ministerio Público ha trazado contra Joaquín Lavín León desde que emergió como figura secundaria en el caso Barriga tiene ahora fecha en el calendario: el próximo 4 de mayo, el exdiputado deberá comparecer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en la audiencia de formalización que solicitó la fiscal Lorena Parra y que el tribunal ya acogió.
Con ese paso, la Fiscalía Metropolitana Oriente queda habilitada formalmente para comunicarle los cargos al imputado y, de estimarlo necesario, solicitar medidas cautelares. El proceso tiene directa relevancia para Maipú: la investigación se originó como arista del caso contra la exalcaldesa Cathy Barriga, esposa del imputado y quien representó a la comuna entre 2016 y 2021 , y el municipio de Tomás Vodanovic figura entre los querellantes.
Las 34 facturas y los $104 millones
La investigación del Ministerio Público apunta, según la información disponible hasta ahora, a una operación sistemática: la emisión de 34 facturas ideológicamente falsas, el uso de empresas vinculadas y un eventual desvío de fondos públicos para fines políticos.
En concreto, de acuerdo a la Fiscalía, Lavín León habría emitido facturas falsas a dos empresas: imprenta MMG y Modo 74, a través de lo cual habría defraudado un total de $104 millones. Mediante la segunda de esas firmas, habría desarrollado una plataforma tecnológica llamada «Social Task» que, aunque fue presentada ante el Congreso como gasto parlamentario, la investigación apunta a que los fondos defraudados habrían financiado campañas políticas de la UDI a nivel nacional y la propia reelección de Lavín, además de existir vínculos entre la empresa Modo 74 y la campaña de reelección de 2021 de Cathy Barriga.
El nexo con el municipio maipucino no es menor: al exparlamentario también se le atribuye haber cometido delitos tales como rendir boletas ideológicamente falsas y crear un software de gestión de trabajo territorial y de base de datos con fondos del Congreso.
El desafuero que abrió la puerta
La formalización del 4 de mayo no habría sido posible sin un largo proceso de desafuero. El 23 de febrero de 2026, la Corte de Apelaciones confirmó el desafuero del exdiputado en relación con la investigación sobre fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El fallo de la Corte de Apelaciones fue luego ratificado por la Corte Suprema, que desestimó en el proceso la querella del Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios.
Fue precisamente el 20 de marzo pasado cuando la Suprema notificó formalmente su resolución a la Fiscalía, dejando al Ministerio Público en condiciones de solicitar la audiencia que ahora tiene fecha.
El municipio de Maipú, entre los querellantes
Uno de los aspectos más relevantes para la comuna es la posición activa del municipio en la causa. El proceso está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú como querellantes. Fue la administración de Vodanovic quien presentó una querella por tráfico de influencias y fraude al fisco, basada en antecedentes que emergieron de la propia investigación contra Barriga.
En febrero de 2025, el propio Lavín León reconoció haber realizado fraude y devolvió $7 millones al Congreso por rendición de facturas falsas. Ese acto no extinguió el delito y no detuvo el avance del proceso.
La audiencia del 4 de mayo definirá también si la Fiscalía solicita alguna medida cautelar contra el imputado. Lavín León —quien dejó su escaño el 11 de marzo, al término de su tercer periodo como diputado por el distrito que incluye a Maipú— llega a esa fecha sin fuero y sin cargo, pero con una investigación que lo señala como operador clave de la red de corrupción que marcó a la comuna durante cinco años.
