La Fiscalía Metropolitana Oriente alista la audiencia de formalización contra Joaquín Lavín León, quien representó al Distrito 8 —que incluye a Maipú— en la Cámara de Diputados hasta el 11 de marzo de 2026. Con la confirmación del desafuero por parte de la Corte Suprema, el Ministerio Público quedó facultado para formalizar al ya exdiputado y, si lo estima necesario, solicitar medidas cautelares personales.
El paso siguiente está claro. El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, precisó que «lo que corresponde es que ahora el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva» instancia en la que además el persecutor podrá pedir restricciones de libertad para el imputado. La gravedad de los cargos, según el propio fiscal Campos, justifica esa solicitud: se trata de lo que el Ministerio Público denomina abiertamente como «alta corrupción».
El caso: facturas falsas, una plataforma política y la sombra de Maipú
La investigación abarca delitos de corrupción en el municipio de Maipú, la rendición de boletas catalogadas como ideológicamente falsas y la creación de un software de gestión de trabajo territorial y de base de datos que se habría financiado con fondos del Congreso.
En concreto, de acuerdo a la Fiscalía, el hijo del excandidato presidencial emitió facturas falsas a dos empresas: imprenta MMG y Modo 74, a través de lo cual habría defraudado un total de $104 millones de pesos. Mediante la empresa Modo 74, Lavín León habría desarrollado una plataforma llamada «Social Task» que, aunque presentó como gasto parlamentario ante el Congreso, solo sería útil para campañas políticas.
La investigación apunta a que los fondos defraudados habrían financiado campañas políticas de la UDI a nivel nacional y la propia reelección de Lavín, además de existir vínculos entre la empresa Modo74 y la campaña de reelección de 2021 de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú y esposa del imputado.
El fiscal Campos fue más allá en la audiencia ante la Suprema y describió el nivel de interferencia que habría tenido Lavín León en la gestión municipal. «Tenemos una alta corrupción municipal, no hay duda alguna, pero yo no había visto nunca planillas de excel que dieran cuenta, efectivamente, de quién seguía y quién se iba. ¿Y cuántos dedito para arriba y cuántos dedito para abajo? Fueron alrededor de 497 funcionarios. Detrás de 497 funcionarios hay 497 familias», afirmó el persecutor.
Los cargos confirmados y los descartados
La Corte Suprema confirmó el desafuero por los cargos de fraude al fisco (reiterado), tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Quedaron fuera del proceso los delitos tributarios que el Servicio de Impuestos Internos había interpuesto mediante querella. El representante de la Fiscalía indicó que esto ocurre porque se trata de un «delito de acción penal de instancia particular» que depende de forma exclusiva de las acciones de dicho servicio.
El proceso está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú como querellantes. Precisamente, fue la actual administración de Tomás Vodanovic quien presentó una de las querellas contra Joaquín Lavín y que, tras la ratificación del desafuero, reaccionó en redes sociales señalando que «la corrupción es grave, daña las instituciones públicas y erosiona la confianza en el Estado».
La defensa de Lavín acusa: «investigación desprolija»
El abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, no aceptó el fallo en silencio. Cuestionó públicamente que el Ministerio Público haya demorado diligencias de investigación que la defensa lleva meses reclamando y anticipó que, si la Fiscalía decide formalizar, eso «va a dar cuenta de una investigación desprolija, inacabada». Respecto a la plataforma «Social Task», Bonacic sostuvo que se trata de una aplicación que Lavín utilizó en su trabajo parlamentario desde 2018 y que no tiene exclusividad campaña.
En febrero de 2025, el propio Lavín León reconoció haber realizado fraude y devolvió $7 millones al Congreso por rendición de facturas falsas. Según publicó El Mostrador, ese acto no extingue el delito y el imputado continúa en calidad de investigado.
La audiencia de formalización no tiene fecha confirmada aún. Lo que sí está confirmado es que Lavín León ya no cuenta con el escudo de la inmunidad parlamentaria, y el reloj del Ministerio Público corre.
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