Un lunes movido en los tribunales de justicia y con impacto directo en nuestra comuna. Pasadas las 18:00 horas, el Pleno de la Corte Suprema selló el destino judicial del diputado Joaquín Lavín León, confirmando su desafuero por delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado.
La decisión, tomada de manera unánime en los cargos de corrupción, permite que el parlamentario sea finalmente tratado como cualquier ciudadano ante la justicia, perdiendo la protección de su cargo para enfrentar la investigación penal que lidera el Ministerio Público.
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Desde la Fiscalía, el balance es de victoria. Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción, se mostró satisfecho con el fallo, asegurando que ahora el camino está despejado para la formalización de cargos.
Con el desafuero a firme, la Fiscalía solicitará en los próximos días la audiencia de formalización, instancia donde se pedirán medidas cautelares contra el legislador.
La defensa celebra un «triunfo» parcial
No todo fue derrota para el bando de Lavín León. El abogado defensor, Cristóbal Bonacic, destacó que la Corte Suprema —en votación dividida— rechazó la imputación por delitos tributarios que impulsaba el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Para Bonacic, el caso de fraude al Fisco es «artificial» y se sostiene en testimonios contradictorios. «El fallo es satisfactorio porque se excluyó el delito tributario presentado a última hora. No existe ninguna diligencia que apunte a acreditar este supuesto fraude», afirmó el defensor, apuntando a que el desafuero no es sinónimo de culpabilidad.
El adiós anticipado al Congreso
Aunque a Joaquín Lavín León solo le quedaban semanas para terminar su tercer periodo legislativo (el próximo 11 de marzo), el impacto político es inmediato: al perder el fuero, el diputado queda suspendido de su cargo. Esto significa que no podrá volver a votar, ni participar en sesiones de sala o comisiones en sus últimos días como parlamentario.
Cabe recordar que en esta causa, que vincula gestiones irregulares y facturas falsas relacionadas con la Municipalidad de Maipú, figuran como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el SII y el propio municipio maipucino.
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