El diputado Joaquín Lavín León, exmilitante de la UDI e hijo del excandidato presidencial enfrenta un complejo escenario judicial tras la querella interpuesta este jueves por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El libelo, que apunta a delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y uso de facturas ideológicamente falsas, podría ser el paso previo para que la Fiscalía solicite su desafuero.
La querella no solo involucra a Lavín Jr., sino también a parte de su círculo de confianza: sus exasesores Arnaldo Domínguez Vallejos, Juan Silva Morales —representante de la imprenta MMG— y Felipe Vásquez Diéguez, quien operaba una plataforma digital presuntamente usada con fines políticos.
Una trama de facturas falsas y campañas políticas
Según antecedentes revelados por la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, encabezada por la fiscal Constanza Encina, Lavín habría utilizado recursos asignados por el Congreso para financiar campañas políticas personales y de su sector. La fórmula: rendir facturas falsas por trabajos inexistentes.
La imprenta MMG, pieza clave del esquema, fue proveedora habitual de Lavín desde sus tiempos como promotor de eventos. Su dueño, Juan Silva, declaró que las facturas rendidas al Congreso no correspondían a los servicios descritos, sino a pagos pendientes por campañas políticas. “Los trabajos indicados en la glosa no existieron. Era una forma de que me pagara cosas que me debía”, dijo ante la fiscalía.
La situación se repite con Felipe Vásquez, exasesor que continuó prestando servicios bajo la fachada de una empresa digital, SocialTazk, plataforma que recibió más de $75 millones en pagos por supuestos servicios de mantención y sanitización. Sin embargo, según la investigación, el sitio dejó de funcionar en 2022 y las boletas solo habrían servido para justificar desvíos de fondos.
Vínculos con Maipú y la causa de Cathy Barriga
El caso de Lavín Jr. guarda estrechos vínculos con Maipú, donde su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga, también enfrenta cargos por corrupción. De hecho, la Municipalidad de Maipú se querelló contra Lavín en marzo de este año, apuntando a los mismos hechos investigados por la Fiscalía y el CDE. El nuevo libelo, sin embargo, fue presentado en Santiago Centro, lo que podría trasladar la causa a un tribunal con mayor experiencia en delitos económicos.
Según fuentes cercanas al proceso, el Ministerio Público ya se encuentra afinando la solicitud de desafuero contra Lavín, quien actualmente goza de inmunidad parlamentaria. El allanamiento a su hogar y oficinas en octubre pasado, la incautación de equipos y documentos, y su declaración ante la Fiscalía, marcan el avance de una investigación que promete sacudir el panorama político.
En esa línea, el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, celebró el hecho de que esta nueva acción judicial no hace más que rectificar las denuncias que han realizado formalmente desde el municipio con antelación.
«La querella presentada por el CDE contra el Diputado Lavín respalda las acciones que hemos emprendido desde el municipio. La corrupción destruye las instituciones y daña profundamente la democracia, nuestro compromiso es combatirla con la mayor severidad siempre», apuntó el edil en redes sociales.
¿Una red de financiamiento irregular en la UDI?
La investigación también pone bajo la lupa a la imprenta MMG, utilizada no solo por Lavín, sino también —según testimonios— por otros candidatos de la UDI. “Era la imprenta de confianza del partido”, declaró uno de los brigadistas, señalando que el material de varios políticos del mismo sector se encontraba allí. Las boletas por “cuentas públicas” y “material parlamentario” ocultarían en realidad pagos por campañas internas del partido.
El exasesor Domínguez aparece como el articulador del mecanismo: solicitaba los trabajos, instruía cómo facturar y se encargaba de rendir los documentos ante el Congreso. Hasta abril de este año, seguía recibiendo $3,4 millones mensuales como funcionario, pese a estar involucrado en la investigación.
El camino al desafuero
De acogerse la querella del CDE, la Fiscalía quedaría habilitada para pedir formalmente el desafuero del parlamentario. Este paso permitiría imputar cargos de manera oficial a Lavín León, quien hoy ve cómo su historia política se enreda con la de su esposa en una trama de corrupción que amenaza con ampliarse.
En paralelo, la defensa de Cathy Barriga solicitó nuevas diligencias, lo que extendería el plazo de investigación en su causa. Así, mientras ambos enfrentan procesos separados, las piezas del rompecabezas judicial comienzan a encajar en torno a un presunto uso sistemático de recursos públicos con fines personales y políticos.
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