Una organización criminal que funcionaba desde el corazón de la Municipalidad de Maipú fue desmantelada por la Policía de Investigaciones (PDI) en un caso que ha sacudido a la Dirección de Tránsito y revelado un sistema de corrupción que aún podría estar lejos de terminar. La red, compuesta por funcionarios públicos, vendía licencias de conducir falsas a cambio de pagos que alcanzaban los 900 mil pesos. Pero eso no es todo: ahora se investiga una posible expansión del delito a la venta irregular de patentes comerciales en distintas comunas de la Región Metropolitana.
La investigación penal, que comenzó en diciembre de 2023 tras una denuncia formal del alcalde Tomás Vodanovic, permitió que el Ministerio Público y la PDI realizaran un operativo clave el pasado 8 de mayo. Durante la diligencia, se detuvo a tres funcionarios municipales y se incautó valiosa evidencia en la Dirección de Tránsito de Maipú.
Según reveló un reportaje de Teletrece, este esquema de corrupción funcionaba desde al menos dos años en una de las comunas más pobladas de la capital. Una joven de 23 años, Paula Catalán Poblete, aparece como una figura central del engranaje delictual: usaba redes sociales para captar clientes, armaba presentaciones, gestionaba las solicitudes y coordinaba con otros captadores en terreno. Entre ellos estaba “Yayo”, un conocido delincuente vinculado además al narcotráfico, quien actuaba como intermediario en la entrega de los documentos.
Los pagos eran transferencias fragmentadas, y el proceso completo tomaba menos de una semana. A cambio, los compradores recibían su licencia de conducir, sin haber realizado ningún examen real. Las ganancias, según la indagatoria, superaban los mil millones de pesos y sus principales clientes eran ciudadanos extranjeros, a quienes se les ofrecía un “pack completo” que incluía certificados falsos de residencia, escolaridad y exámenes teóricos.
Uno de los puntos más impactantes del caso fue la ostentosa vida que llevaban algunos de los involucrados. Emanuel Vilches, examinador práctico de tránsito con un sueldo de alrededor de $1.200.000, es propietario de una lujosa parcela en Curacaví: piscina, cancha, aire acondicionado en toda la casa y portón de piedra con más de dos metros de altura. La investigación sostiene que en dicha propiedad se habría eliminado evidencia digital relevante desde esa misma propiedad.
Otro nombre clave es Ruth Necul, jefa del Departamento de Licencias de Conducir del municipio y funcionaria con más de 30 años de carrera. A pesar de enfrentar una grave enfermedad, Necul es señalada como pieza fundamental en la aprobación de las horas y trámites fraudulentos. Hoy cumple arresto domiciliario nocturno.
Las voces de los implicados, recuperadas por la PDI en audios y videos, detallan un proceso tan coordinado como descarado. Desde la captura de clientes vía Instagram hasta la impresión de certificados falsos dentro de bazares cercanos al municipio, todo funcionaba como un engranaje aceitado.
El caso está lejos de cerrarse. La Fiscalía y la PDI ahora amplían la indagatoria a otras municipalidades del Gran Santiago por posibles delitos similares vinculados a la venta ilegal de patentes comerciales. El impacto de esta red de licencias de conducir fraudulentas podría tener ramificaciones que afecten a todo el sistema de tramitación municipal.
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