Apoderados del Colegio República de Guatemala, en la comuna de Maipú, volvieron a manifestarse este martes acusando un “deterioro insostenible” del clima escolar y demandando medidas urgentes al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina y al Ministerio de Educación.
La movilización surge en medio de denuncias que incluyen maltrato laboral, afectaciones a la salud mental, irregularidades administrativas y situaciones que comprometerían la seguridad de estudiantes y funcionarios.
“Hoy nos manifestamos porque la situación en el Colegio República de Guatemala se volvió insostenible. Nuestros hijos están siendo afectados emocional y educativamente por una gestión que ha deteriorado profundamente el clima escolar”, señaló una apoderada durante la movilización. Según afirma, existe “miedo entre los profesores, desgaste en los asistentes y un cierre total de participación para las familias”.
Las demandas de la comunidad son claras: “Lo que pedimos es simple y justo: condiciones dignas para aprender, un trato respetuoso para nuestros hijos y un liderazgo que escuche y trabaje con la comunidad, no en contra de ella”. Aseguró que la manifestación es pacífica y que su origen es “el amor y la preocupación por los estudiantes”.
Denuncias acumuladas y falta de respuestas
Los apoderados apuntan directamente al SLEP Santa Corina y a su director, Ignacio Cáceres, a quienes acusan de no haber tomado medidas frente a una serie de denuncias realizadas en los últimos años sobre malos tratos y problemas de gestión.
“Los malos tratos hacia docentes y asistentes no son nuevos; llevan años ocurriendo y el daño está acumulado. Aquí hay un problema estructural: se designan directivos sin competencias reales de gestión y finalmente quienes pagan las consecuencias son los niños”, expresó la apoderada.
Entre las consecuencias más graves, detallan casos de estudiantes con afectaciones psicológicas, niños que ya no quieren asistir al colegio y familias que han optado por retirarlos por protección. “Es injusto y doloroso ver que son los niños quienes se van, mientras los responsables de la mala administración continúan en sus cargos sin consecuencias”, sostuvo.
La comunidad escolar afirma que su objetivo es recuperar la identidad del establecimiento. “Nos movilizamos porque queremos un colegio que siempre fue reconocido por su humanidad, su comunidad unida y su excelencia. Queremos que vuelva la educación pública que respeta, que escucha y que cuida”, añadieron.
Oficio del diputado Rubén Oyarzo al Mineduc
A la creciente preocupación de la comunidad se sumó un oficio enviado por el diputado Rubén Oyarzo al Ministerio de Educación, donde solicita “medidas inmediatas” frente a los hechos denunciados.
En el documento, el parlamentario pide al Mineduc informar con urgencia qué acciones adoptará ante el “grave deterioro del clima escolar, el bienestar emocional de los estudiantes y funcionarios, el incumplimiento normativo y la seguridad del recinto”.
El oficio detalla denuncias de maltrato laboral, hostigamiento, afectaciones severas a la salud mental del personal, vulneraciones reiteradas a estudiantes, bullying no abordado, cambios arbitrarios de jornada, trato indigno y situaciones de riesgo vital, como la realización de trabajos con soldadura en horario escolar.
También apunta a irregularidades administrativas y financieras, entre ellas el manejo de donaciones, fondos SEP, intervención en el Centro de Padres y actividades programadas fuera del marco legal.
El diputado solicita, además, que el Mineduc informe qué medidas fiscalizadoras y sancionatorias instruirá; si se evaluará la continuidad del equipo directivo; y qué acciones de protección inmediata se dispondrán para funcionarios, estudiantes y apoderados denunciantes “a fin de evitar eventuales represalias”.
Mientras esperan la respuesta oficial del Ministerio de Educación y del SLEP, los apoderados anunciaron que continuarán movilizados. “No vamos a dejar de levantar la voz hasta que se tomen medidas concretas que garanticen el bienestar de todos los estudiantes”, aseguraron.
